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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 27 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Director general de Desarrollo: Emilio Ybarra Aznar CONSTRUCCIÓN DE MEZQUITAS Y TRANSPARENCIA veces da la sensación de que una parte de lo que rodea al Islam en España adquiere un carácter desemiclandestinidad que no hace justicia a las decenas de miles de familias musulmanas que han optado por asentarse en nuestro país para vivir en libertad, trabajar y ver crecer a sus hijos con más oportunidades de las que tendrían en sus países de origen. Y sin que ello conlleve merma alguna en sus cultos religiosos, que practican en nuestras ciudades con absolutanormalidad. Perodeun tiempoa estaparte, resulta difícil no reconocer que un amplio segmento de nuestra sociedad relaciona determinadasconductas delIslam con conflictividad o, en el mejor de los casos, con falta de transparencia. Las instituciones españolas, y con ellas la inmensa mayoría de la ciudadanía, han demostrado, salvoen aislados episodios, una generosidad y respeto dignos de elogio hacia los musulmanes que, sin renunciar a sus principios, creencias y costumbres, se esfuerzan por adaptarse a una nueva realidad. Ahora bien, tan injusto resulta en España vincular genéricamente al musulmán con conductas asociadas al racismo, la delincuencia o la exclusión social, como que los poderes públicos puedan llegar a privilegiar al Islam en virtud de un erróneo concepto de protección institucional, política y económica. Tal y como vieneanalizando ABC estos días, estáproliferando en distintas localidades españolas la construcción de mezquitas y centros de reunión y ocio para musulmanes cuya financiación debe quedar, por simple imperativo de la ley y por las exigencias de transparencia inherentes a un Estado de Derecho, sometida a idénticas reglas que las vigentes para los españoles. La ley emplaza a las autoridades a vigilar la procedencia legal del dinero que sirve para sufragar los costes derivados de la construcción de mezquitas; también, a velar por que el respeto a la libertad de cultos, derechoque nadie en España discute a los musulmanes, no se utilice como excusa para una penetración incontrolada de doctrinarios filoterroristas, o para que las mezquitas no terminen convirtiéndose en centros de reclutamiento de radicales yihadistas mediante sofisticados métodos de proselitismo y captación, que además dificultan su persecución. Los ayuntamientos, las comunidades y el Gobierno, también la Justicia en su caso, están llamados, cada uno en su ámbito de responsabilidad, a ofrecer las explicaciones necesarias sobre la pulcritud de los procedimientos administrativos- -es el caso de la concesión de licencias- -que permiten el levantamiento de nuevas macromezquitas o complejos como los de Medinat Assalam o Ciudad Al- Mansur si entre la ciudadanía se extienden dudas acerca de su corrección y legalidad. El hecho de que sólo en Andalucía se contabilicen ya 200 mezquitas alegales (frente a las 83 oficialmente registradas) no hace sino alimentar sospechas entre la ciudadanía y favorecer ese peligroso clima de clandestinidad. Lasinstitucionestienen mecanismos de defensa contra la opacidad. No deben permitir que se proyecten sombras de favoritismo ni bajar la guardia en materia de seguridad. Muy al contrario, nadie debe abstraerse al hecho de que los promotores de este tipo de centros están obligados a acogerse a las mismas imposiciones que la ley establece para todos. Sin excepciones. A TSUNAMI, IMPREVISIÓN Y CORRUPCIÓN D OS años después del tsunami que arrasó el sureste asiático se han celebrado en Indonesia, Tailandia y otros países diversos actos en memoria de los 230.000 muertos y miles de desaparecidos, según las cifras oficiales. Aquellas olas gigantescas destruyeron pueblos enteros y múltiples complejos hoteleros. Sin embargo, la vida sigue: los turistas han vuelto, algunos promotores continúan especulando con el precio del suelo y las gentes del lugar prefieren hablar lo menos posible para no espantar a los visitantes. Vivimos en una sociedad del riesgo en la que se acelera el peligro de catástrofes y se multiplican sus efectos. El progreso científico no ha conseguido evitar que las fuerzas de la naturaleza, una vez desatadas, arrasen con todo lo que encuentran a su paso. El caso del huracán Katrina demostró que no es sólo un problema de las zonas menos desarrolladas. Pero es evidente que el drama se multiplica considerablemente por culpa de una mala gestión de las situaciones de crisis. En el caso del tsunami, la ayuda internacional apenas ha logrado paliar los daños. Por una parte, porque falta un organismo mundial capaz de actuar con eficacia, una misión que la ONU debería asumir bajo mandato de la comunidad internacional. Por otra, porque la corrupción generalizada en determinados gobiernos hace que las ayudas nunca lleguen a sus destinatarios sino que se pierdan en trabas burocráticas y- -lo que es peor- -enriquezcan a políticos y funcionarios sin escrúpulos. Aunque sea en un plano simbólico y casi anecdótico ante la magnitud del drama, es llamativo que el monumento en memoria de las víctimas en Tailandia (adjudicado por concurso a dos arquitectas españolas) no se haya puesto en marcha, en teoría, por falta de presupuesto. A día de hoy, escasean los sistemas de alerta contra un nuevo tsunami que parecen limitarse a unos precarios centros de comunicaciones, algunas torretas de vigilancia y unas cuantas boyas marinas. La previsión más optimista apunta a que, si se repitiera el drama, las autoridades dispondrían de 45 minutos para evacuar a los posibles afecta- dos, un tiempo insuficiente a todas luces. Las medidas preventivas son las únicas eficaces para luchar contra la naturaleza desbocada. No se ha avanzado en los mecanismos de detección ni se han instalado alarmas útiles a pesar de que la tecnología está en condiciones de aportar nuevos elementos. El peligro acecha otra vez: ayer, un tsunami de un metro de altura se dirigía a Filipinas como consecuencia de un terremoto en la costa de Taiwán. Un drama semejante al ocurrido hace dos años podría repetirse en cualquier momento, pero nadie parece dispuesto a poner los medios para encauzar la situación. Es probable que estos fenómenos estén relacionados con el calentamiento de la tierra y con otras circunstancias que reflejan el creciente desencuentro entre el hombre y el planeta. Las declaraciones retóricas que se multiplican en los foros internacionales no sirven para nada y es evidente que una política seria y rigurosa de medio ambiente (sin oportunismos ni demagogias) se ha convertido en una necesidad ineludible a corto y medio plazo porque si no se pone remedio a las causas, será inevitable después lamentar las consecuencias. Desde el punto de vista sociológico, el tsunami de hace dos años es la expresión de esa nueva realidad que responde al nombre impreciso de globalización La transmisión en directo de las imágenes espectaculares, la existencia de una docena de países afectados y de gentes de múltiples nacionalidades entre las víctimas y la respuesta internacional, mejor o peor coordinada, son fenómenos muy significativos al respecto. También lo es el papel desempeñado por muchas personas anónimas que actuaron como informadores improvisados, de acuerdo con esa nueva realidad que se conoce como periodismo ciudadano Imágenes tomadas por teléfonos móviles, vídeos grabados sobre la marcha, enlaces a través de sms y de internet, son ya la expresión imparable de que vivimos en un solo mundo y tenemos que conseguir entre todos gestionarlo de forma razonable. Las víctimas del tsunami merecen al menos una llamada colectiva a que se aplique el sentido común. HECHOS CONTRA PALABRAS ANTE ETA S I el más alto cargo policial, el director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, no tiene problema alguno en negar que la banda terrorista ETA se esté rearmando, significa que el Gobierno está dispuesto a decir lo que sea para que la realidad no le estropee la falsa noticia del alto el fuego etarra. Porque, a estas alturas, seguir hablando de alto el fuego permanente es, sencillamente, un insulto a la inteligencia de los españoles y un odioso empecinamiento en desmentir una realidad que está a la vista de todos. Son muchos los que están implicados en esta farsa colectiva de un optimismo impostado, que pretende encubrir el monumental error cometido por Rodríguez Zapatero al implicarse en un alto el fuego que no dio paso a un proceso de rendición de ETA, sino de negociación política, simultáneo a la regeneración de los maltrechos frentes etarras. Pero resulta especialmente grave que quien tiene el más alto mando operativo sobre la Policía y la Guardia Civil se sume a este coro de despropósitos y preste su opinión, no personal sino institucional, para agrandar el perímetro de la falsedad oficial sobre el proceso de paz con ETA. Los etarras, diga lo que diga Mesquida, llevan dos años rearmándose. Han robado en Francia miles de kilos de sustancias para fabricar cloratita, amonal y amosal; miles de placas de matrículas; miles de impresos para documentos de identidad franceses; decenas de coches; y cientos de armas. ETA sigue extorsionando, quema autobuses de manera organizada donde quiere y cuando quiere, destruye bienes públicos, amenaza a partidos, ediles y policías autonómicos atacando sus sedes y domicilios, y mantiene intactas sus exigencias sobre autodeterminación y Navarra. Todo ello, en pleno resurgimiento político de la izquierda proetarra, a la que el Gobierno y el PSOE han dado carta de interlocutor. En este contexto, insistir en que ETA no se ha rearmado es motivo suficiente para pensar que, además de que quien lo ha afirmado incurre en una inmensa torpeza intelectual sobre lo que ha sido y es la banda etarra, también está claramente en riesgo una política seria de seguridad antiterrorista. Sería temible que este disparatado análisis acerca de ETA esté sirviendo al Gobierno para tomar decisiones policiales. El diagnóstico sobre las intenciones de ETA está hecho por los propios terroristas, en sus comunicados, en los llamados zutabes internos y, sobre todo, en sus actos inequívocos de rearme. Un zulo recién fabricado y localizado en una localidad vizcaína, con decenas de kilos de explosivos en su interior, no admite interpretaciones. Es un aviso inequívoco, un rastro criminal de ETA. Y cuando las democracias no saben o no quieren identificar las advertencias de sus enemigos, suelen pagarlo caro.