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4 OPINIÓN VIERNES 22 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar CAVALLO, ANTE LA JUSTICIA ARGENTINA F LENTO AVANCE CONTRA EL MALTRATO L A tercera macroencuesta sobre violencia doméstica difundida por el Instituto de la Mujer arroja datos favorables, como el que se deriva, por ejemplo, de constatar la tendencia descendente del número de mujeres que se declaran maltratadas por sus parejas y, a su vez, de comprobar la reducción de los llamados maltratos técnicos comportamientos indicativos de cierto grado de violencia, como insultos, amenazas, aislamiento, marginación económica de la mujer o miedo a la pareja. Para los amantes de la estadística que gustan de exhibirla sólo cuando les resulta favorable, deben resultar satisfactorias conclusiones como ésta: desde 1999 hasta 2006, el maltrato declarado ha disminuido más de un 14 por ciento y el técnico casi un 23. Si hace siete años el 4,2 por ciento de las mujeres se identificaba como maltratada, ahora la tasa es del 3,6 (el 4 por ciento en 2002) y si en 1999 el porcentaje de malos tratos técnicos era del 12,4, ahora se ha reducido hasta el 9,6 (el 11 en 2002) En efecto, ambas curvas son descendentes en términos globales. Pero el hecho de que estadísticamente haya un suave descenso en las cotas sociales de agresiones a la mujer no debe llevar a engaño. Nadie debe dejarse arrastrar por una falsa euforia. Un análisis menos cuantitativo y generoso que el presentado por los responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género nos encamina hacia una conclusión menos optimista y a su vez acreditativa de que, pese a los lentos avances, aún se producen con demasiada frecuencia comportamientos profundamente descarnados con la mujer, impropios de sociedades que se definen como desarrolladas y avanzadas. Desde esta perspectiva, para los otros amantes de la estadística- -los que, en un sincero ejercicio de realismo, ven el vaso medio vacío- -cobran valor estas otras conclusiones: aún hay 674.000 mujeres que afirman haber sido víctimas de malos tratos físicos en el último año; esta cifra, sumada a la de mujeres que se declaran técnicamente maltratadas, asciende a 1.800.000, dato verdaderamente preocupante por lo que conlleva de propensión a potenciales agresiones; el año 2006 se va a cerrar con una cifra de mujeres asesinadas a manos de su pareja similar a la de 2005; y, finalmente, se ha disparado la incidencia de agresiones en los colectivos de mujeres inmigrantes- -cada vez más numeroso en España- -y de discapacitadas, lo que añade un desgarrador plus de crueldad al daño inherente a todo tipo de violencia. Uno de los primeros compromisos del Gobierno fue aprobar una ley integral contra la violencia de género con el objetivo de erradicar la vergüenza social que representa mantener sojuzgada y humillada a una parte significativa del segmento femenino de nuestro país. En su defensa de esta ley- -como de tantas otras- el Gobierno recurrió al manido argumento de proteger a los elementos más desfavorecidos de la sociedad. Pero algo falla en esa norma del Gobierno, patrimonio ya de todos, cuando, pese al decrecimiento general de las cifras de la violencia doméstica, aumenta precisamente entre las más desfavorecidas: las mujeres discapacitadas, por evidentes razones de indefensión; y las inmigrantes, sometidas a usos y costumbres propias de sus países de origen, en algunos de los cuales la mujer mantiene asumido un perfil de inferioridad respecto al varón que conserva sumisamente en nuestro país, lo que en ocasiones complica la persecución y castigo de este tipo de delitos. La ley integral es un instrumento que no conviene rentabilizar a golpe de estadística interesada. Su alcance se ha demostrado insuficiente a la vista de las expectativas generadas y su grado de eficacia no progresa en la proporción que el Gobierno desearía. En los Juzgados específicos, muchos colapsados y con enorme carencia de medios, se acumulan miles de procedimientos de malos tratos y las víctimas no siempre reciben la urgente respuesta que demandan y que es exigible en un Estado de Derecho sólido. Las estadísticas pueden ser propagadas como un bálsamo en lo cuantitativo, pero no dejan de esconder deficiencias cualitativas cuya resolución exige mayor decisión y eficacia de un Gobierno que convirtió la lucha contra los malos tratos en una prioridad. Por lo que se ve, todavía con un resultado discreto. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES L artículo 51 de la Constitución dispone que los poderes públicos garantizarán los intereses legítimos de los consumidores y usuarios a través de procedimientos eficaces. Desde este punto de vista, merece una valoración positiva la ley aprobada ayer definitivamente por las Cortes Generales, que introduce algunas novedades en la ley general de 1984 e incorpora al Derecho español diversas directivas de la Unión Europea. En el último trámite, el Congreso ha rechazado la enmienda que el PP consiguió introducir en el Senado- -que contaba con el apoyo de CiU- -para la creación de un fondo de garantía de bienes tangibles pensado para casos como Afinsa y Fórum Filatélico. Algunas novedades que ahora se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico suponen un beneficio en la posición de los consumidores. Es el caso de la prohibición del redondeo al alza en el precio de aparcamientos y tarifas telefónicas, que se sustituye por la obligación de las empresas de cobrar por el tiempo real en la utilización del servicio. Es importante también que se equiparen las fórmulas para darse de alta y de baja en determinados servicios, como es el caso de telefonía e internet, evitando así la mala práctica de cerrar la salida a los clientes durante un tiempo determinado por vía contractual o por dificultades en el procedimiento. El deber de informar en las campañas promocionales sobre el precio final del producto, pensado en particular para las compañías aéreas, debería ir acompañado de E otras garantías en materia de publicidad, ya que en este terreno existe un amplio margen de mejora para poner trabas a los engaños y sugerencias equívocas. En cuanto al mercado inmobiliario, los adquirentes de viviendas salen beneficiados por la prohibición de que se les trasladen los gastos que corresponden al vendedor y por la imposibilidad de penalizar a quienes no se subroguen en la hipoteca del titular anterior, mejorando así la libertad de optar entre diversos préstamos hipotecarios. Se trata, por tanto, de pasos adelante en contra de las cláusulas abusivas, aunque mucha gente tenga la sensación de que los consumidores están todavía poco protegidos ante cierto tipo de fraudes. Los contratos de adhesión y las cláusulas de letra pequeña se regulan por vía legal y se matizan por la jurisprudencia, pero exigen todavía de la parte más débil que acepte una posición desigual. Los procedimientos para plantear ciertas reclamaciones pocas veces funcionan de manera eficaz, si bien la nueva ley introduce algunas mejoras concretas. Casos como el de Air Madrid son una buena prueba de que queda mucho por hacer a la hora de determinar los derechos y obligaciones de las partes entre empresas y consumidores. Bienvenidas sean las nuevas medidas legales, cuyos beneficios podrán comprobarse a corto plazo en algunos casos y que deberán ser evaluadas por las organizaciones sociales afectadas, cuyo protagonismo es imprescindible potenciar. INALMENTE, el antiguo oficial de la Marina argentina Domingo Cavallo será juzgado en su propio país por los crímenes que se le atribuyen y que fueron cometidos durante la dictadura militar que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Después de casi cuatro años de prisión en España, la Audiencia Nacional ha decidido declinar su jurisdicción a favor de los Tribunales argentinos, a la vista de que allí se han abierto varios procedimientos para juzgar los mismos crímenes por los que Cavallo fue procesado en España. Después de mucho tiempo de vacilaciones, la sociedad argentina ha de ser lo bastante madura como para afrontar por sí misma el espectro de su propio pasado, por el bien de las víctimas que han sobrevivido a tales verdugos y de los descendientes de aquellos que desaparecieron bajo la barbarie de la dictadura. Antes de enterrarlas en los libros de historia, lo mejor que puede hacer aquel país es restañar las heridas de este pasado tan reciente con justicia, serenidad y prudencia. Los chilenos acaban de asistir a la muerte del general Pinochet después de que hubiera logrado durante años evadir las acusaciones por las brutalidades que cometió mientras ocupó el poder, lo que ha sido percibido como un fracaso de la justicia. En gran medida, no lo ha sido del todo, porque el caso del dictador chileno fue la proa para extender un nuevo concepto de la jurisdicción universal que más allá de su eficacia judicial en cada caso concreto se alza como el gran estandarte de la idea de que nadie podrá escapar al castigo por crímenes contra la humanidad. Se trata de un recordatorio permanente de que ya no puede haber exilios dorados o dulces retiros, ni valen las leyes de punto final para aquellos que hayan cometido actos universalmente abominables. El teniente de fragata Cavallo pudo ser detenido en México por orden de un juez español para responder de delitos cometidos en Argentina gracias a este concepto innovador que ha borrado de un plumazo las fronteras en la persecución de los crímenes que se cometen desde el poder. Afortunadamente, en las sociedades desarrolladas ya no se discute si es procedente o no perseguir en todo el mundo los crímenes de lesa humanidad o los genocidios cometidos por autoridades reconocidas que hasta ahora gozaban de notoria impunidad. Y en realidad, los que ahora o en el pasado han intentado camuflar sus delitos en el poder de sus galones o en las razones de Estado son doblemente merecedores de castigo. En una sociedad civilizada, la finalidad última del ejercicio del poder es permitir precisamente que los ciudadanos puedan vivir tranquilos. No puede haber ningún pretexto que justifique el uso indiscriminado del terror por parte de las autoridades contra sus propios súbditos. Y gracias al criterio de competencia universal, éstos ya saben que no serán perdonados nunca. Gracias a la Justicia española, Cavallo será sometido un juicio justo en el lugar donde cometió sus delitos.