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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 20 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar SIETE PENAS DE MUERTE INACEPTABLES L UNA OPORTUNIDAD PARA RAJOY L OS antecedentes de la reunión que mantendrán el próximo viernes José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han amortizado anticipadamente cualquier posibilidad de rectificación en las relaciones entre el Gobierno y el Partido Popular. La razón principal de esta frustración endémica de los encuentros entre ambos responsables es la finalidad meramente táctica que Zapatero asocia a estas citas: aliviar la presión de la opinión pública sobre el Gobierno en momentos difíciles e intentar neutralizar a Rajoy con amagos de pactos que nunca se consuman, de lo que, por supuesto, siempre- -según el Ejecutivo- -tendrá la culpa el líder del PP A pesar de estas intenciones- -nada indica que el presidente del Gobierno haya renunciado a ellas- Rajoy ha hecho bien en aceptar la convocatoria, por muy legítimo que sea el escepticismo y el temor a que Zapatero intente rentabilizar la reunión. Hace bien Rajoy, en primer lugar, porque ya dejó claro que acudiría a La Moncloa siempre que le llamara Zapatero, conscientede quelos ciudadanos penalizan más a quien rechaza un encuentro de este tipo que a quien lo acepta. En segundo lugar, porque, aprendida la lección, esta puede y debe ser una buena oportunidad para Rajoy, como líder del único partido que ejerce realmente oposición y que tiene bien definidas cuáles han de ser las respuestas políticas a los principales problemas del país. Por eso, el presidente del PP ya ha lanzado el primer aviso a Zapatero: si no rompe la negociación con Batasuna, no apoyará al Gobierno. Y no debería ser esta la única condición previa de Rajoy, porque, tal y como se encuentra el estado de la política nacional, su responsabilidad frente a Zapatero es exigir más que escuchar. En dos ocasiones, Rajoy salió de La Moncloa mostrando una actitud sincera de apoyo al Gobierno y predisposición a la colaboración. Sin embargo, en ambas ocasiones los compromisos anunciados sobre los asuntos tratados- -las reformas del Estado, primero, y el diálogo con ETA, después- -se diluyeron en las estratagemas del Gobierno y, particularmente, de su presidente por deshacerse de cualquier sospecha de acuerdo con el PP para no enajenarse el apoyo de los socios nacionalistas catalanes, ni incomodar a Batasuna con un renovación del Pacto Antiterrorista. Los resultados saltan a las vista. Zapatero cultiva la estética política como un fin en sí mismo, buscando fotos sin compromiso y corriendo velos sobre la realidad con discursos melifluos, trufados de buenas intenciones. El encuentro del próximo viernes responde a este planteamiento, del que Rajoy debe zafarse asumiendo que es una ocasión para tomar una iniciativa que el presidente del Gobierno ha malgastado al quemar los puentes con la oposición. Dos años y medio después de que el PSOE llegara al poder, los ciudadanos ya no muerden el anzuelo de la comparación con Aznar y les resulta irrelevante que el ex presidente del Gobierno convocara a Zapatero menos veces que éste a Rajoy. Lo cierto es que, si hubo menos reuniones, también se lograron muchos más acuerdos sobre cuestiones fundamentales, como el terrorismo, la Justicia, el desarrollo autonómico y la última reforma de extranjería, así como consensos sobre nombramientos institucionales en el poder judicial o los servicios de inteligencia. Desde que el PSOE gobierna, los acuerdos de Estado y los grandes consensos han sido sustituidos por la incomunicación con el PP y por pactos con mucho menor apoyo parlamentario. Tal y como se ha preparado el encuentro del viernes, el presidente del Gobierno muestra un escaso aprecio por hábitos que, en democracias más avanzadas, constituyen episodios de gran trascendencia, como es una entrevista entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición. La cita del viernes- -improvisada, filtrada a los medios antes de su comunicación oficial a Rajoy y producto de una coyuntura adversa al Gobierno- -refleja esa frivolización de la política a manos del PSOE y, lo que es más grave, una visión instrumental y accesoria de comportamientos reservados para cualificar las relaciones institucionales y no para recibir un préstamo urgente de crédito político. LA DOBLE VARA DE MEDIR DE LA FISCALÍA E acuerdo con el artículo 124 de la Constitución, el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y debe ejercer sus funciones con sujeción, entre otros, al principio de imparcialidad. Se trata, como es notorio, de una pieza decisiva en el funcionamiento del Estado de Derecho. Por eso, la opinión pública es muy sensible a los criterios de la Fiscalía si percibe que puede haber preferencias o disparidades de trato en función de intereses ajenos a la aplicación estricta de la ley. Al ser el Gobierno el que nombra al fiscal general y funcionar el Ministerio Público con arreglo al principio de jerarquía, es inevitable que se miren con lupa ciertas actuaciones que no siempre son fáciles de explicar por razones de técnica jurídica. Es el caso de la actividad de la Fiscalía Anticorrupción y de los profesionales encargados de ciertos casos que han saltado últimamente a la luz pública. En términos objetivos, la diligencia de quienes promueven acciones judiciales en Andratx o en Telde ha sido mucho mayor que la utilizada en Ciempozuelos. Si existen argumentos válidos a este respecto, deben explicarse con claridad. De lo contrario, es inevitable que se extienda la sensación de que la Fiscalía tiene más interés en que avancen las investigaciones en Baleares y en Canarias (donde los presuntos responsables pertenecen al PP o a otros partidos de oposición) que en el ayuntamiento citado de la Comunidad de Madrid (en el que están implicados ex alcaldes del PSOE) u otros bajo sos- D pecha como el Ayuntamiento de Sevilla. La gravedad objetiva de los hechos en unos y otros casos es independiente de su eventual relevancia a efectos de las próximas elecciones. La corrupción es un cáncer para la democracia porque causa un grave deterioro a la legitimidad del sistema, y debe ser perseguida sin contemplaciones por todos los medios legales, incluidos algunos infrautilizados por ahora, como son los registros públicos. El Ministerio Fiscal tiene el deber de impulsar todas las acciones que procedan en Derecho, manteniendo criterios homogéneos y sin dar lugar a sospechas de parcialidad política, que sería gravísima para un órgano de esta naturaleza. Están en la mente de todos ciertas decisiones erráticas del Ministerio Público en el proceso de paz Si cuaja entre los ciudadanos la sospecha de que los servidores de la ley ponen más empeño en acusar a los políticos populares que a los socialistas, sería un escándalo institucional que afectaría en primer término a Conde- Pumpido. La proximidad de las elecciones locales convierte este tipo de procesos en un campo de minas, porque es ilusorio pensar- -como se ha propuesto- -en un pacto para dejar estas cuestiones al margen de la contienda política. Los partidos deben medir con mucho cuidado a quién encargan responsabilidades sobre temas urbanísticos, contratación de obras y servicios y otros análogos. Si fallan los controles internos, ahí debe estar la ley, servida por fiscales que no deben actuar- -ni siquiera parecer que actúan- -con una doble vara de medir. A condena a muerte contra seis enfermeras búlgaras y un médico palestino que pronunció ayer un tribunal libio ha merecido, con razón, una generalizada reacción de repulsa en todo el mundo. La pena capital es un recurso que deshonra a las sociedades que todavía no la han abandonado, y su abolición generalizada se ha convertido en un objetivo universal. Su aplicación resulta en este caso concreto aún más aberrante si cabe, porque existen evidencias de que el proceso entero- -empezando por el delito que se atribuye a las acusadas, la supuesta infección deliberada de cuatrocientos niños con el virus del sida- -está cargado de irregularidades. Después de haber resuelto la mayoría de los asuntos pendientes con Estados Unidos y Europa- -todos ellos originados en los años en los que las autoridades libias se comportaban sin guardar el menor respeto por las normas internacionales o el Derecho, cuando ejecutaban acciones terroristas como política de Estado- -al régimen del coronel Gadafi ya sólo le quedaba este asunto pendiente para normalizar por completo sus relaciones con la Unión Europea. Por ello se confiaba en que mantendría un criterio razonable de respeto al sentido común. Sin embargo, todos los indicios señalan que en este caso se ha tenido más en cuenta el sentimiento de venganza que el valor de la justicia, que debería prevalecer en cualquier país civilizado ante un caso similar. No se han sopesado los eminentes informes de la comunidad científica, que probaban la inocencia de las ahora condenadas, ni se han escuchado las voces autorizadas que, de forma invariable, han puesto en duda la versión oficial de los hechos, señalando que la causa de los desdichados contagios fueron las condiciones de insalubridad que existían en el hospital de Bengasi. Por el contrario, se ha hecho caso a las voces que piden la aplicación de la ley del Talión, expresión bárbara de una época de la evolución humana que ya creíamos superada. Ciertas explicaciones apelan al riesgo de inestabilidad que podría desencadenarse en la región de donde son originarias las víctimas, y donde se ha constatado un aumento de la influencia del fanatismo religioso, pero Gadafi debe saber que nada sería peor que tratar de aplacar a los extremistas con una decisión que se sabe que es injusta. La insistencia en desoír las apelaciones a la moderación que le ha hecho llegar la Unión Europea- -que, por otro lado, ha querido colaborar a paliar el sufrimiento de las víctimas con importantes ayudas financieras para un programa de tratamiento y la mejora del hospital de Bengasi- -deja a Gadafi en una situación en la que no puede ignorar los efectos que tendría la eventual aplicación de esta condena. No es de recibo apelar a la supuesta independencia de los tribunales de un régimen en el que no existen ni leyes ni democracia, sino la excéntrica voluntad que emana de su máximo dirigente, situado, otra vez, de espaldas a Occidente.