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ABC MARTES 19 s 12 s 2006 La negociación ETA- GobiernosEl frente judicial ESPAÑA 13 Como avanzó Pumpido, 30 años para Txapote por el asesinato de Ordóñez La Audiencia Nacional impone al etarra una medida de alejamiento y le prohíbe ir a San Sebastián durante cinco años NIEVES COLLI MADRID. No se ha podido determinar si fue Javier García Gaztelu Txapote quien apretó el gatillo y asesinó de un solo y certero tiro a Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995. Pero lo que sí está claro es que este etarra participó de una manera activa y determinante en el atentado y que la acción criminal se ejecutó con premeditación y alevosía, sin dar a la víctima opción alguna de salvar la vida. Por ello, la Audiencia Nacional- -como avanzó el fiscal general del Estado el pasado miércoles en el Congreso- -condena a Txapote al máximo previsto- -30 años de prisión- -y le prohibe regresar a San Sebastián durante cinco años, una vez que sea excarcelado. De forma conjunta y solidaria con Valentín Lasarte, ya condenado por los mismos hechos, el etarra deberá indemnizar a los herederos del político del PP con 500.000 euros. La Audiencia Nacional destaca cómo García Gaztelu ordenó a Lasarte que vigilara los movimientos de Ordóñez con el fin de matarlo y cómo, cuando aquél le avisó de que el teniente de alcalde de San Sebastián había entrado a comer en el restaurante La cepa decidieron que era el momento propicio de perpetrar la acción criminal. Txapote y un tercer miembro del comando apodado Zapata fueron los encargados: uno se ocupó de vigilar la entrada del bar para facilitar la huida; el otro entró en el local con un chubasquero rojo que le había prestado Lasarte (porque llovía) y la capucha puesta, llegó hasta la mesa en la que estaba sentado Ordóñez, se situó detrás de él y, a muy corta distancia le disparó una sola y letal bala a la cabeza. Los hechos, según los testigos presenciales, se desarrollaron de modo rápido y sorpresivo sin dar lugar a que Ordóñez pudiera defenderse. La prueba fundamental en la que la Sala basa la condena de Txapote son las declaraciones que Lasarte prestó ante el juez tras su detención, testimonio que éste no modificó durante el juicio a su compañero de comando, en el que se limitó a decir que no se acordaba y que confesó porque había sido torturado psicológicamente Pese a ello, a preguntas del letrado de la Asociación Víctimas del Terrorismo, reconoció que en esas fechas pertenecía al comando Donosti y que participó en el atentado contra Gregorio Ordóñez como colaborador Este dato y otros como el de la lluvia que caía aquél día sobre San Sebastián permiten al tribunal dar plena validez probatoria al testimonio de Lasarte. El TS confirma que el Estado no es responsable en el caso Cordón N. C. MADRID. Ni por la fuga de Fernando Silva Sande de prisión ni por la operación policial que se desarrolló tras el secuestro. En ningún caso el Estado debe responder por la desaparición del empresario Publio Cordón tras su captura por los Grapo. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia que confirma otra de la Audiencia Nacional y que, como ésta, rechaza la pretensión de la familia Cordón de que se declare la responsabilidad patrimonial del Ministerio del Interior. Los recurrentes utilizaban dos argumentos: el secuestro no se habría producido si la administración penitenciaria hubiera custodiado debidamente a Silva, al que creen máximo responsable porque, por su papel en el secuestro, tuvo a su merced la libertad y vida del secuestrado En segundo lugar, la familia ve una relación de causa efecto entre la desaparición de Cordón y la operación policial que culminó con la detención de algunos miembros del comando. El Tribunal rebate ambos extremos. Absuelta la mujer que alentó a matar a un panadero ABC MADRID. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que absolvió a Pilar Rubio, condenada a diez años de prisión por proponer el asesinato (que cometieron su marido y su hijo) de un comerciante pamplonés que se negó a poner un cartel contra ETA en su panadería tras el 11- M. El Supremo señala que de los hechos no se desprende que María Pilar tuviera intención de matar a la víctima ni que determinara la voluntad de su marido e hijo.