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4 OPINIÓN LUNES 18 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar LA GUERRA CIVIL EN PALESTINA L INEFICACIA DE ALTOS VUELOS L A suspensión del Certificado de Operador Aéreo (AOC) de Air Madrid, decretada por el Ministerio de Fomento pocas horas después de que la compañía paralizara materialmente sus actividades, ha causado un grave problema social y humanitario. Muchos miles de pasajeros se han visto afectados: unos 50.000, según dice ahora Fomento, rebajando a menos de la mitad los cálculos iniciales. La mayoría de ellos son inmigrantes o personas de limitado poder adquisitivo que han hecho un gran sacrificio para comprar los billetes. En Barajas, la Policía tuvo que intervenir para evitar alteraciones del orden público y se han producido escenas de viajeros abandonados en condiciones precarias, que no son propias de un país desarrollado. El Ministerio apela a las deficiencias en la estructura organizativa y el funcionamiento operativo de la aerolínea. La acumulación de retrasos, averías- -en ocasiones los motores han llegado a pararse en pleno vuelo- cancelaciones e irregularidades de todo tipo eran conocidas desde hace tiempo a pesar de lo cual la licencia fue renovada y se perdieron varios meses en elaborar un plan de actuaciones correctivas que no ha servido para nada. Los reglamentos comunitarios que regulan esta materia imponen condiciones muy precisas: una cosa es la liberación del transporte aéreo y otra muy diferente que un negocio de notables dimensiones pueda estar abierto a la gestión temeraria de empresas carentes de solvencia y rigor. El Gobierno debe hacer frente a sus responsabilidades, porquela ineficaciaen la función desupervisión y controlquelecorresponden ha generado un grave perjuicio al interés público. El prestigio de los aeropuertos españoles sufrió ya un grave deterioro con la imagen de El Prat ocupado por los trabajadores en plena temporada veraniega. Ahora llueve sobre mojado, puesto que la naturaleza del transporte aéreo multiplica en cadena los efectos de retrasos y suspensiones, mucho más si se producen en plenaépoca navideña. El plan deemergencia incluye el alquiler de aviones y la recolocación de viajeros en otras líneas aéreas, precisando la colaboración de otros gobiernos para conceder autorizaciones de despegue y aterrizaje. Todo ello exige un fuerte desembolso de dinero público. El requerimien- to ministerial a Air Madrid de 6,5 millones para cubrir daños y perjuicios pretende hacer frente a estas necesidades, pero puede quedarse en nada si la empresa se declara próximamente en quiebra. Para los pasajeros queno han iniciado el viaje (300.000, según la aerolínea) comienza un laborioso proceso de reclamaciones, con el riesgo deperder su dinero y sus expectativas laborales o de vacaciones puesto que no hay un fondo de garantía que permita afrontar con agilidad el pago a los afectados. El artículo 103.1 de la Constitución dice que la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa, entre otros, de acuerdo con el principio de eficacia. El Gobierno dedica todo su tiempo a diseñar estrategias partidistas y ha perdido el rumbo en la gestión cotidiana de los asuntos públicos. La ministra de Fomento tendrá que dar explicaciones muy precisas acerca de la actuación errática de las unidades de su departamento. Aunque era un clamor en el sector y entre los propios usuarios la incapacidad de Air Madrid para hacer frente a sus compromisos, Aviación Civil ha dejado que el asunto explote, con un alto coste en términos económicos, sociales y laborales. El consumidor de buena fe que atiende a los reclamos publicitarios confía en que la seriedad de las ofertas venga avalada por la intervención reguladora de los poderes públicos. La competencia ha llegado tarde al mundo de las compañías aéreas, acostumbradas a vivir bajo el paraguas estatal, en mercados semicerrados y con clientes cautivos. Sin embargo, la realidad social ha traído consigo cambios determinantes, desde la globalización económica hasta la socialización de los viajes en avión, antes reservados de hecho a un público restringido. Las nuevas realidades requieren respuestas eficaces. Muchas líneas aéreas tradicionales han sufrido los efectos de la competencia porque los procesos migratorios, los vuelos de bajo coste los trenes de alta velocidad y otras variables han producido una verdadera revolución en el sector aéreo. De ahí que el mercado tenga que funcionar de forma limpia y transparente. Magdalena Álvarez deberá comparecer ante el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre este nuevo escándalo que se suma a la larga lista de torpezas en la gestión del Gobierno. EGUNKARIA, LA IMPUNIDAD QUE QUIERE ETA L cambio de criterio de la Fiscalía en el caso Egunkaria es la decisión más grave tomada por Conde- Pumpido desde que decidió implicar al Ministerio Público en el proyecto político del presidente del Gobierno para negociar con ETA el fin de la violencia. En 2003, el juez Juan del Olmo ordenó el cierre del diario Egunkaria por los indicios que apuntaban a su pertenencia a ETA. En noviembre de 2004, Del Olmo procesó a los responsables de esta publicación, incluido el omnipresente Xabier Alegría, enlace principal de la cúpula terrorista con algunos de los frentes de ETA, por los que está siendo juzgado actualmente. En enero de este año, la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de los imputados alegando que el diario estaba sometido a la dirección de ETA Todas estas decisiones fueron tomadas con el apoyo expreso o la petición directa del Ministerio Fiscal, el mismo que ahora ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa porque los indicios de las relaciones con ETA no son suficientes para abrir juicio oral. Esta actuación de la Fiscalía merece una aclaración institucional exhaustiva- -sin descartar otras actuaciones- -porque implica una desautorización injustificada a sí misma y a las decisiones que el propio Ministerio Fiscal ha ido solicitando a los diversos tribunales que han conocido la causa contra Egunkaria. Es sorprendente que en el mismo proceso en el que E había fundamentos suficientes para cerrar un periódico, procesar a sus responsables y confirmar su procesamiento hace sólo once meses, de repente haya desaparecido hasta el más mínimo indicio de la relación de Egunkaria con ETA. El fiscal no ha esperado siquiera a la celebración de la vista oral para justificar, ya con pruebas en sentido estricto, el cambio de criterio. Obviamente, los abogados del entramado batasuno han celebrado esta decisión de la Fiscalía como un éxito y exigen que se aplique a todos los sumarios abiertos contra el entramado de ETA. El fiscal les ha dado una gran baza y lo ha hecho en el momento crítico del proceso de paz cuando suenan campanas de ruptura y el Gobierno no tiene más margen de actuación que el de ofrecer estas cesiones de impunidad judicial a través de la Fiscalía, pero suficientemente dañinas para perjudicar tanto el crédito del Ministerio Público- -adelantado por las acusaciones populares en defensa de la legalidad antiterrorista- -como la eficacia de la acción judicial al entramado de ETA, causa directa del declive definitivo que sufrieron los terroristas durante el segundo mandato de Aznar. Dijo Zapatero que no iba a cometer los errores del ex presidente del Gobierno durante la tregua de 1998. Y es cierto. Está cometiendo otros y mucho más graves, porque los estragos judiciales que está causando la Fiscalía son muchos más perjudiciales e irreversibles que cualquier acercamiento de presos. OS territorios palestinos están en llamas. No se trata de un eufemismo, sino de una descripción exacta de un estado de cosas que no cesa de empeorar y del que lamentablemente todavía faltan por verse las peores páginas, pese al anuncio de un precario alto el fuego. La llegada al poder de un grupo como Hamás ha terminado impulsando la violencia, y el hecho inicialmente alentador de que su acceso al Gobierno hubiera sido por medios democráticos se ha revelado como una circunstancia irrelevante que no ha servido para transformar en activistas razonables de la negociación, a los líderes de un partido que está con razón en la lista de organizaciones terroristas. El presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, ha tomado la única decisión que cabe cuando una situación política está bloqueada: apelar a los electores a que se pronuncien sobre la dirección que deben seguir. Puede haber muchas opiniones jurídicas o estratégicas sobre si éste era o no el paso que debía darse; lo único que no cabe es esa compulsión que unos y otros muestran a utilizar la fuerza para dirimirlas. Y mucho menos cuando se trata de una lucha fratricida entre quienes tanto necesitan el apoyo internacional. Para su desgracia, en la medida en que avanzan en la asunción de sus propias responsabilidades, los palestinos están dando la peor imagen de sí mismos. Era más sencillo intentar justificar su desesperación antes de que decidieran demostrar al mundo lo difícil que puede ser para cualquiera que lo intente hablar de paz con quien elige siempre el lenguaje de las armas. La verdadera solución tendría que empezar por que Hamás tomase la única decisión que la comunidad internacional le exige para normalizar sus relaciones: que reconozca el derecho de Israel a existir, en lugar de seguir enrocado en las posiciones maximalistas. Parece evidente que las fuerzas radicales en todo el cercano oriente, tras las que no es difícil ver las manos de Irán y Siria, han decidido lanzarse a una ofensiva en toda regla. El caso de Palestina no es el único donde se están produciendo estas llamaradas de fanatismo. Es imposible no relacionar esta actitud suicida de Hamás contra aquel sector de los palestinos que puede ser identificado como partidario de la negociación con la que lleva a cabo Hizbolá contra el Gobierno libanés de Fuad Siniora, igualmente señalado por Europa y Estados Unidos como moderado. No es un secreto de dónde vienen el dinero y las consignas con las que se sostienen estas dos ofensivas de los radicales. Estas son señales extremadamente preocupantes para Occidente. Si en todas partes donde tienen capacidad de hacerlo estas fuerzas influyen en la misma dirección de la violencia y la confrontación contra Israel y lo que a sus ojos representa, aunque sea a través de la sangre de sus propios compatriotas, es evidente que nos esperan a todos tiempos de grandes tribulaciones.