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16 ESPAÑA La reforma del Código Penal SÁBADO 16 s 12 s 2006 ABC Menores y delitos fiscales y urbanísticos, ejes de la reforma del Código Penal El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto que será enviado a las Cortes, en el que además se recogen nuevos delitos y se refuerza la protección de las víctimas s El juez tendrá más capacidad para investigar el patrimonio del delincuente P. M. MADRID. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de reforma del Código Penal, que gira en torno al nuevo tratamiento que se da a los menores y a la mayor persecución de los delitos fiscales- -la condena puede ser de hasta seis años en los supuestos más graves- -y urbanísticos, en este caso con nuevas modalidades delictivas y elevación de las penas para los responsables, incluyendo por primera vez a las personas jurídicas como posibles autoras del hecho delictivo. El texto recoge nuevas modalidades delictivas, pretende reforzar la protección de las víctimas, hace un nuevo tratamiento de la habitualidad y castiga con más dureza la criminalidad organizada. Según el Gobierno, esta reforma se propone dar respuestas adecuadas a las nuevas realidades criminales que han aparecido o se han incrementado en los últimos tiempos y cambiar aquellas medidas que han demostrado ser poco efectivas Protección de las víctimas. El Gobierno asegura que en la actualidad existe el convencimiento de que al delincuente le resulta sencillo burlar su obligación de indemnizar al perjudicado, por lo que la reforma hace un nuevo tratamiento de la responsabilidad civil derivada del delito. Así, se facilita a los jueces nuevas herramientas de investigación del patrimonio del criminal. Además, se tipifica como delito la actuación del testaferro o de las llamadas sociedades tapadera que lo que pretenden es ocultar los patrimonios de los verdaderos culpables. Igualmente, hay novedades en las imprudencias con resultado mortal, que ahora serán perseguibles de oficio y no a instancia de parte, asegurándose la intervención del fiscal. Protección de menores. Se le concede una importancia especial y se amplía el número de delitos que se pueden cometer contra ellos. Se introducen variaciones en el cómputo de prescripción para favorecer la persecución. El plazo para que prescriban los delitos contra ellos no comenzará hasta que sean mayores de edad y se recogen estas modalidades criminales: tentativa de homicidio, aborto no consentido, lesiones, delitos contra la libertad, torturas y ataques contra la integridad moral, libertad e indemnidad sexual, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. La reforma añade los delitos patrimoniales de los que sean víctimas los menores por parte de sus administradores. En lo que se refiere a los delitos sexuales, habrá penas más graves si las víctimas tienen menos de trece años, si el hecho lo protagonizan organizaciones delictivas (penas de 3 a 5 años de cárcel) y se introduce una sanción expresa al cliente que recurra a la prostitución con un menor de edad o una persona declarada incapaz, lo que estará penado con entre uno y 5 años de cárcel y multas de entre 12 y 24 meses. Reincidencia, habitualidad. Frente a los delincuentes reincidentes y habituales la reforma incide sobre la ejecución de la pena. Este sistema establece un severo paquetes de medidas complementarias a la pena. Se opta por reducir los posibles beneficios que se podrían obtener si no se hubiera vuelto a delinquir, y en concreto será muy difícil que accedan al tercer grado y a la libertad condicional. Incluso, el juez podrá ordenar una libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena. Prescripción. El Gobierno considera que en la actualidad este asunto plantea problemas de interpretación por parte de la jurisprudencia y la reforma Los delitos urbanísticos serán perseguidos con más penas pretende clarificar su régimen, fijando criterios legales inequívocos para determinar cuando se interrumpen los plazos. De ahí medidas como que con carácter general la presentación de una denuncia o querella suspende la prescripción del delito hasta que el juez se pronuncie sobre su admisión a trámite. Se amplían los plazos de prescripción en los casos de los delitos menos graves, pasando de tres a cinco años. En Decomiso del coche por conducción temeraria y cárcel por alta velocidad PABLO MINGOTE MADRID. Reducir el número de muertes es uno de los grandes objetivos del Gobierno socialista, que empezó con el carné por puntos y continúa con la reforma del Código Penal. Lo más relevante es lo que se denomina conducción temeraria que engloba el exceso de velocidad, la alcoholemia y circular sin permiso, así como conducir poniendo en peligro la vida de los demás. Destaca el hecho de que a partir de ahora habrá factores objetivos para determinar si se ha cometido o no un delito en el caso del exceso de velocidad y del consumo del alcohol, por lo que desaparece el criterio subjetivo de los jueces. Además, la reforma contempla el decomiso del vehículo al considerarlo como un instrumento de la comisión del delito, igual que si fuese un arma, bajo criterio exclusivo de un agente. El que ponga en peligro la vida de otras personas cuando vaya al volante recibirá el castigo más duro que contempla la reforma en materia de seguridad vial: prisión de dos a cinco años, sin posibilidad de sustitución por trabajos a la comunidad, y la retirada del carné de uno a seis años. Las mismas consecuencias traerá el colocar obstáculos imprevisibles en la vía, derramar sustancias inflamables o deslizantes y robar o modificar la señalización. En este último caso sí que se podrá reemplazar la pena por multa y trabajos a la comunidad. Superar los 1,2 gramos por litro de sangre se castigará con penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la retirada del carné de uno a cuatro años. Negarse a hacer el test de alcoholemia será como haber dado un positivo de más de 1,2. La misma pena se contempla para la conducción bajo los efectos de las drogas. Superar en 50 kilómetros por hora el límite de velocidad en ciudad y en 70 en carretera tendrá el mismo castigo que la alcoholemia. Circular sin carné, porque se hayan perdido los puntos o por retirada judicial, supondrá ir a la cárcel de 3 a 6 meses, o multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la retirada del permiso de 1 a 6 años. En cuanto a la polémica sentencia del Tribunal Constitucional que ampara a un conductor al considerar que no es suficiente la prueba de la alcoholemia para que haya un delito contra la seguridad del tráfico, la vicepresidenta primera del Gobierno, Fernández de la Vega, que con la reforma del Código está solucionado en su integridad el problema que había dado lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional