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4 OPINIÓN SÁBADO 16 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar ALCOHOL Y CONDUCCIÓN TEMERARIA L TribunalConstitucionalhaamparado a un conductor al considerar que, pese a superar la tasa permitida de alcoholemia cuando fue sorprendido en 2002 al volante, ha visto vulnerado su derecho a la presunción de inocencia toda vez que la pruebadelalcoholímetronoesen símisma, yenexclusiva, suficientepara fundamentarunacondena y para acreditar que una persona tiene susfacultades psicofísicasmermadasparaseguir conduciendo. Esta doctrina no es nueva y son diversas las sentencias en las que el TC se reafirma en este argumento, por incomprensible que resulte a muchos ciudadanos. Ahora bien, ello no significa que el TC sea permisivo con la conducción temeraria, como erróneamente cabría interpretar de una lectura sesgadadelasentencia. Sostenerloseríatanto comoreducir alabsurdounasentencia del TC, al que es exigible un celo especial en su argumentación sobre la protección de los derechos fundamentales. Simplemente, el TCseratificaen la necesidad dequepara definir una conducta aparentemente temeraria- -conducir con unatasa dealcohol superior a la permitida- -como un delito contra la seguridad del tráfico hace falta, además de una correcta práctica de la prueba de alcholemia, la constatación en un informe policial de que el grado de impregnación alcohólica influye de evidente manera negativa en el conductor y le imposibilita para continuar su trayecto. Compartible o no, es la doctrina en España. En efecto, cabe distinguir entre los ilícitos administrativos (con las sanciones que la ley prevé) y los penales, conductas que son perseguibles por la aparente comisión de un delito. En este último supuesto, el Estado de Derecho tiene encomendado un plus de exigencia en la demostración de la conducta ilegal. Y en el caso del conductor referido, el TC entiende que másallá dehaber dado positivo en el test dealcoholemia, vulnera su derecho a la presunción de inocencia el hecho de haber sido condenado por un delito de tráfico sin que los agentes comprobaran la afectación e influencia real del alcohol en su cuerpo. Sin embargo, estas sentencias generan dudas en la sociedad que el legislador debe despejar. Ahora, con la reforma del Código Penal, tiene la ocasión idónea. Por ejemplo, ¿de qué manera puede un agente cuantificar -ante una conducta delictiva- -la influencia del alcohol en una persona, a la vista de que su efecto es distinto en función del peso o la edad? ¿Debería disponer el agente de una cámara de vídeo que grabara el control de alcoholemia? ¿Debería acompañarle un médico? De otro lado, está por ver la repercusión de esta doctrina sobre la nueva regulación derivada del carné por puntos, que rebajó la tasa de alcoholemia permitida. Ello puede abocarnos a una paradoja: ingerir una pequeña cantidad de alcohol puede superar la tasa aceptada por la ley; sin embargo, un agente tendrá muy difícildemostrar, conlaevidenciaquereclama el TC a los efectos de acreditar un delito, una influencia negativa de esa mínima tasa en la conducción. Los poderes públicos no sólo deben afanarse por resolver estas dudas, sino también- -y el TC fracasa en esto- -por explicarse con eficacia ante la sociedad y evitar que se extienda un mensaje tan nocivo como que los resquicios de la ley llegan a amparar la impunidad en la conducción bajo los efectos del alcohol. Es lo que muchos ciudadanos creen que ha ocurrido ahora. E IGUALDAD Y CIUDADANÍA L A confederación estatal de sindicatos médicos plantea sin rodeos la vuelta a un modelo sanitario centralizado al considerar que el actual sistema nacional de salud se ha convertido en un reino de Taifas Denuncian los profesionales que las diferencias en salarios y condiciones de trabajo son abrumadoras, mientras el Ministerio no cumple sus funciones de cohesionar y coordinar. Visto desde la perspectiva de los pacientes, es notorio también que las diferencias de prestaciones y las características de los servicios de salud convierten cualquier desplazamiento dentro de España en una aventura sanitaria. Es significativo que, al mismo tiempo, el círculo de empresarios haya reclamado un único órgano nacional que gestione la inmigración con objeto de coordinar recursos hoy dispersos entre las diversas administraciones. Voces similares se han alzado en los últimos tiempos en relación con el suelo y la ordenación del territorio o con el sistema educativo en sus distintos niveles. El Estado moderno se caracteriza por un sentido de la ciudadanía que no se corresponde con el ejercicio fragmentario del poder, producto de una visión estrecha y localista. Esa ciudadanía tiene su plasmación jurídica en el principio de igualdad ante la ley, que goza del máximo rango en nuestro ordenamiento de acuerdo con los artículos 1 y 14 de la Constitución. A mayor abundamiento, el artículo 149.1 exige al Estado que garantice que los derechos y deberes de los españoles sean iguales en todas las partes del territorio nacional. En definitiva, los privilegios y la diversidad de regímenes jurídicos nos devuelve a épocas anteriores al surgimiento del Estado constitucional. Los datos macroeconómicos son también concluyentes: el Estado del Bienestar sólo es factible a escala nacional porque es la única forma de optimizar los recursos humanos y materiales. La izquierda europea ha aprendido la lección hace tiempo, pero un sector del PSOE sigue empeñado en vincular progresismo con cesiones territoriales, con un resultado muy negativo para la igualdad y la cohesión social. El problema no sólo se plantea en los niveles políticos, sino que las propias administraciones están desarrollando pautas de comportamiento ajenas a las exigencias constitucionales y legales. El sistema autonómico está basado en el equilibrio y la complementariedad de los principios de unidad, autonomía y solidaridad que proclama el artículo 2 de la Constitución. No puede funcionar sobre una base de egoísmo insolidario, como si fuera la simple yuxtaposición de entidades aisladas. Ni era esta la voluntad del constituyente, ni el sistema administrativo y financiero puede resistir un modelo centrífugo en el que cada uno va a lo suyo y actúa en función de sus intereses exclusivos. La forma de organización territorial establecida por el título VIII y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional configura un Estado complejo. Requiere, por tanto, que funcionen los mecanismos de coordinación y cooperación, y que la administración central no sea un espectador de lujo, con políticos que viven de ocurrencias publicitarias y funcionarios que apenas tienen competencias. Por este camino, la legislación estatal se convierte en papel mojado, ya que su puesta en práctica dependería por entero de la voluntad de las comunidades autónomas. La nefasta idea del Estado residual que se desprende del Estatuto catalán amenaza con extenderse a toda España, no sólo por razones jurídicas, sino por la dejadez de un Gobierno que parece haber bajado la guardia en estos asuntos. La política no consiste sólo en hacer gestos para la galería y planear estrategias partidistas, sino que exige una gestión eficaz de los asuntos que realmente importan a los ciudadanos, entre ellos, sin duda, sanidad, educación, vivienda o inmigración. La propuesta de reforma constitucional del PP resulta discutible en aspectos concretos, pero apunta hacia el núcleo básico del problema: si los poderes centrales no recuperan cierta iniciativa y ejercen las competencias que la Constitución les otorga, el sistema autonómico terminará por resultar inviable. La sociedad civil empieza a exigir a los políticos que busquen soluciones razonables. ASESINATOS SELECTIVOS L A decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Israel negándose a censurar la ejecución de asesinatos selectivos constituye un grave error y un baldón al prestigio de un país que desde su fundación se cuenta entre los que se rigen por sistemas democráticos, basados en el imperio de la ley. No se trata de una cuestión técnica que se pueda analizar caso por caso como el tribunal da a entender, sino que tales prácticas afectan a los elementos fundamentales del pensamiento civilizado. La pena de muerte es un castigo indeseable y al que en la actualidad todos los países están llamados a renunciar. Pero además, si alguien debe ser perseguido por sus crímenes ha de ser sometido en la medida de lo posible a un juicio con un máximo de garantías. Y si sus responsabilidades fueran tan graves que se llegue a pensar que puede ser castigado con la pena capital, entonces es más necesario que nunca que se le pueda dar la oportunidad de defenderse. Cualquier otra aplicación irregular de la fuerza legítima del Estado se adentra en terrenos inaceptables en los usos civilizados del derecho. Considerar como ejercicio preventivo si es o no necesario matar a alguien para salvar otras vidas parece un criterio demasiado laxo para ser usado en términos tan estrictos, sobre todo porque la experiencia demuestra sobradamente que en la aplicación de estas prácticas se han producido no pocas víctimas inocentes. Además, la justificación de esa política tan poco respetuosa con los principios básicos del orden y el Estado de Derecho no es la mejor manera de difundirlos en una región del mundo donde cada día se pone de manifiesto que no podrá haber avances hacia la paz hasta que todas las partes decidan resolver sus diferencias a través de la justicia y la negociación en vez de por las armas. Los impulsores del espectáculo intolerable de violencias intestinas que están desgarrando a la sociedad palestina se justifican también por los mismos argumentos que permiten al ejército israelí efectuar esos asesinatos selectivos, lo cual nos lleva al absurdo de que la razón última de toda acción política en aquella parte del mundo será inevitablemente la violencia. Y la violencia es lo que sobra en Oriente Próximo. Israel debería ser el primer país en dar ejemplo de la supremacía del pensamiento civilizado y humanista sobre la barbarie del terror y el fanatismo. Tiene que tener derecho a su propia defensa, algo que nadie puede discutir, pero utilizando medios desproporcionados causa graves daños a su reputación y, como se ha visto reiteradamente, obtiene muy escasos beneficios en la práctica. Si ha de pensar en un futuro de paz y progreso con sus vecinos árabes, Israel se protegería más a sí mismo protegiendo a su vez los principios de una sociedad civilizada.