ABC MADRID 15-12-2006 página 4

4 OPINIÓN VIERNES 15 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar VALIENTE LOYOLA DE PALACIO L MEMORIA O REVANCHA L A llamada Ley de Memoria Histórica superó ayer un importante trámite del procedimiento parlamentario con el rechazoa las enmiendas detotalidad que, por motivos antagónicos, habían presentado el Partido Popular por un lado, y los socios más extremistas del Gobierno, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña, por otro. Mientras para los populares el proyecto del Gobierno quiebra la reconciliación alcanzada durante la Transición y culminada con el pacto constitucional de 1978, para los socios minoritariosdelPSOE esunainiciativaquesequeda cortaen ladeslegitimación retrospectiva del franquismo. Sin duda, el proyecto de ley de Memoria Histórica ha generado la división y el enfrentamiento que, supuestamente, estaba llamado a cerrar de modo definitivo, y los ha provocado porque su intención no es generosa ni justa. Por el contrario, el Gobierno ha dado forma legal al ánimo revisionista con el que ha afrontado su acción política desde el inicio de la legislatura, rompiendo consensos básicos, aprobando leyes sumamente polémicas e innecesarias, apostando claramente por un izquierdismo radical- -del que se ha hecho eco el diario The New York Times- acosando la presencia del cristianismo en la vida pública y, en general, promoviendotoda iniciativaquedemostrara la voluntad deno contar para nada con el PP El reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista se ha venido produciendo sin necesidad de elevar a rango de ley un propósito meramente propagandístico. Es una falsedad artera afirmar que este proyecto, así como las enmiendas que proponen las minorías extremistas, buscan recuperar la memoria. Tal memoria nunca se perdió, precisamente porque fue la base de la reconciliación nacional en la Transición y en el pacto constitucional y, entre otros gestos, de la amnistía general decretada en 1977, medida cuya significación histórica es ahora olvidada de forma oportunista. Y cabe añadir que de esa memoria sobre la Guerra Civil y el franquismo ha estado impregnada la actividad académica, cultural, incluso cinematográfica, durante estos años de democracia. Lo que se pretende realmente es colocar una carga de profundidad contra la legitimidad del orden constitucional, cuyo presupuesto histórico no es en absoluto la Constitución de 1931, ni su desastroso régimen republicano, sino la reforma política que se impulsó desde el franquismo sin Franco y a la que sumaron las principales formaciones políticas para fraguar el texto constitucional de 1978. La revisión crispada y revanchista no va a cambiar el pasado, ni hará que la Guerra Civil la gane quien la perdió, ni que la actual democracia no fue fruto de una ruptura traumática. Bien haría la izquierda española en tomar nota de la ejemplar defensa de la democracia chilena que ha hecho Michelle Bachelet tras la muerte de Pinochet, en vez de ponerla bajo sospecha por el pasado dictatorial que protagonizó el fallecido golpista. Por eso resultaría un despropósito añadido y agravado que el Gobierno cediera a la pretensión de comunistas y republicanos de decretar una nulidad general de las sentencias dictadas por los tribunales de justicia durante el franquismo. El proyectodeley contieneunadeclaracióngenéricadela injusticia de la represión en ambos bandos de la Guerra Civil y en la dictadura, pero la presión de sus aliados parlamentarios podría hacer que el Gobierno y el PSOE aceptaran la nulidad de las sentencias durante el procedimiento parlamentario. El Consejo General del Poder Judicial ha alertado sobre los perjuicios deuna decisióndeestanaturalezay las asociaciones judiciales muestran criterios discrepantes. La reciente decisión de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo- -por tres votos frente a dos- -por la que se rechaza revisar la condena a muerte de dos anarquistas (Joaquín Delgado y Francisco Granado) ejecutados en 1963, es una prueba evidente de que la revisión de sentencias firmes debe quedar sometida sólo a criterios técnicos, y no políticos, más aún cuando elrecurso de revisiónqueregulalaLey deEnjuiciamiento Criminal essuficiente para dejar sin efecto condenas a inocentes, siempre que se presenten pruebas del error judicial. El Gobierno ya ha cometido con esta iniciativa errores muy graves que han reabierto heridas y despertado agravios zanjados por una reconciliación social y constitucional ahora en peligro. CRECE LA ALARMA POR LA COCAÍNA CIERTAN los responsables del Ministerio de Sanidad al considerar alarmantes los datos que arroja la Encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas en España especialmente en lo que atañe al consumo de cocaína. La temprana edad de nuestros jóvenes en el inicio del consumo de esta droga, entre los 16 y los 18 años; el hecho de que tres de cada cuatro consumidores sean menores de 34 años; el dato de que en una década se ha duplicado el porcentaje de españoles que ha probado la cocaína alguna vez, o la simple constatación de que es fácil adquirirla, son elementos de juicio suficientes para la justificar esa alarma. La prueba más evidente de que la gestión de Sanidad es insuficiente en el combate de la perniciosa socialización de este estupefaciente la ha ofrecido la propia ministra. Elena Salgado ha admitido que no basta con el actual grado de coordinación entre las administraciones, las fuerzas de seguridad, la fiscalía y las organizaciones empresariales y sindicales. Es evidente también que fallan de raíz los proyectos de sensibilización social. España, junto al Reino Unido, se ha convertido en el mayor consumidor de cocaína de Europa porque no se consigue refutar con un mínimo de eficacia la engañosa tesis de que la cocaína es más un desinhibidor que una adicción capaz de causar gravísimos trastornos. La permeabilidad de esta droga, su abaratamiento y el hecho de que con frecuencia, e incomprensiblemente, su consumo se haya asociado a un concepto de diver- A sión más o menos inofensivo han permitido que su carácter elitista haya mutado en uno más diversificado y popular. Es cierto que la encuesta confirma el descenso en el consumo de otras drogas de consecuencias devastadoras, como la heroína, y que hay una estabilización en el consumo del cannabis, así como del alcohol; además resulta satisfactoria la reducción en medio millón del número de fumadores como efecto de la nueva la ley anti- tabaco Pero también es verdad que algo falla con estrépito en los mecanismos de prevención y control de una sociedad desarrollada cuando la popularización de un producto tan dañino como la cocaína avanza tanto en tan poco tiempo, y cuando además lo hace con más velocidad que las autoridades que han de atajarla. La forma de ejercer el poder a la que nos ha acostumbrado José Luis Rodríguez Zapatero, trufada de un intervencionismo abusivo hasta en algunas costumbres sociales, demuestra que en este caso el Gobierno camina desacompasado respecto al ritmo que impone la sociedad. Sanidad debe revisar su orden de prioridades en materia de consumo y no malgastar energías en otras campañas que, si bien son legítimas y contribuyen a combatir algunos hábitos insanos de nuestra sociedad, su relevancia queda vencida por la creciente inquietud social que causa la cocaína. Como ocurre con el tabaco y está previsto que ocurra con el alcohol, la droga merecería una ley específica para poder combatirla con más firmeza y resultados. A clase política y la sociedad española en su conjunto despiden con profunda tristeza a Loyola de Palacio. Compañeros de partido, adversarios políticos y ciudadanos de todo tipo son conscientes de la calidad humana de una mujer de fuerte personalidad, cuya reconocida valentía se ha puesto de manifiesto en estos últimos meses de lucha contra la enfermedad. Loyola de Palacio figura entre los históricos del PP Estuvo al lado de Manuel Fraga en los tiempos de AP; fue después senadora, diputada y eurodiputada, y alcanzó su mayor dimensión pública como ministra de Agricultura y vicepresidenta de la Comisión Europea. Fiel reflejo de la evolución del centro- derecha español desde la Transición a nuestros días, supo conjugar la firmeza en los principios con la flexibilidad en la acción política cotidiana. Fue capaz asimismo de desplegar una triple dimensión a lo largo de su carrera: en el País Vasco, como defensora ferviente de la Constitución y las libertades; en el ámbito nacional, con un destacado protagonismo en la lucha en favor de los intereses españoles; en fin, en el plano comunitario, como una europeísta convencida y una excelente gestora en puestos de máxima responsabilidad. En tiempos propicios al pensamiento débil Loyola de Palacio ha sido reconocida como una mujer de convicciones profundas y discursos sólidos y coherentes. Valiente es el adjetivo que más utilizan quienes la conocieron de cerca para definir su personalidad. Esta es precisamente la imagen que ha transmitido a la opinión pública. Nunca se arrugó ante los desafíos más difíciles. Defendió sus ideas a pie de calle en el País Vasco, peleó sobre el terreno por el aceite español y cuando su partido le encargó tareas en la Unión Europea no se conformó con una faena de aliño, sino que dejó huellas profundas de su paso por Estrasburgo y por Bruselas. Tampoco la enfermedad consiguió vencer su ánimo. Después de varios meses de tratamiento en Estados Unidos, había regresado a Madrid con la intención de participar en diversos actos del PP, entre ellos un homenaje a Fraga, su admirado mentor político, y en la Conferencia sobre Política Económica, con una ponencia propia sobre el futuro de la energía, un tema que conocía a fondo. No pudo ser porque la muerte ha interrumpido bruscamente la trayectoria de una mujer que deja un hueco difícil de cubrir en nuestro panorama político. Peleona y buena gente ha dicho Mariano Rajoy para glosar su figura, expresiones coloquiales que se ajustan muy bien al perfil del personaje y a la imagen que de ella tenía la sociedad española. Su Majestad el Rey y los dirigentes de todos los partidos políticos han transmitido unas condolencias sinceras a la familia y a los miembros de su grupo político. Es la expresión más significativa de que Loyola de Palacio ha contribuido muy positivamente al éxito de la España constitucional, siempre fiel a sus convicciones pero sabiendo dar prioridad al patriotismo sobre el oportunismo cuando hacía falta.