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4 OPINIÓN JUEVES 14 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar IRÁN JUEGA CON FUEGO NUCLEAR L aquelarre organizado por el régimen teocrático de Irán para exaltar a los lunáticos que niegan la existencia del Holocausto judío merece la más rigurosa condena. En esa reunión, y bajo los auspicios de un Gobierno al que se le concede la correspondiente legitimidad internacional, se han pronunciado muchas necedades que desde el punto de vista académico no merecerían más que ser ignoradas si no fuera porque resultan un atentado flagrante a las más elementales normas de la convivencia internacional. En efecto, la verdadera gravedad de los gestos del régimen teocrático de Teherán no proviene sólo de lo que pueda ser dicho sobre un determinado episodio histórico, cuya veracidad está fuera de toda duda, sino de las amenazas explícitas que han vuelto a ser pronunciadas por el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, al socaire de este debate, sobre su deseo de que desaparezca del mapa el Estado de Israel, y que han sido dichas precisamente cuando él mismo enarbola las prerrogativas de su soberanía para dar los pasos precisos que le permitirán dotarse de armas nucleares. Al mismo tiempo, el primer ministro israelí, Ehud Olmert- -más parece deliberadamente que por error- -ha puesto sobre la mesa el secreto a voces mejor guardado de los últimos treinta años sobre el arsenal atómico de Israel, hablando precisamente de la amenaza iraní contra la existencia misma de su Estado. Así, cualquier análisis medianamente riguroso de esta situación termina por subrayar la posibilidad de que nos encontremos en vísperas de un conflicto en el que no se descarta el futuro recurso a la fuerza. Ni siquiera la devastadora fuerza de las armas nucleares. Puede que este gesto delirante sobre el Holocausto sea simplemente una provocación, o que con él se pretenda alejar las miradas de las actividades que esconden el verdadero peligro en los planes de Ahmadineyad. En todo caso, no es posible ignorar por más tiempo la gravedad de un contexto cuyo horizonte aparece cada vez más negro. Los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo principalmente por los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania, son desde hace varios meses más propensos al fracaso que al éxito, y lo único que parece estar preparándose son los pretextos para justificar que no se haya podido evitar que Irán se haga con armas nucleares. El problema es que, tal como se han desarrollado las cosas, nada le haría más feliz a Ahmadineyad que tener nuevos argumentos para justificar sus siniestros planes armamentísticos, como las amenazas de sanciones o de represalias contra sus instalaciones. El hecho es que nos encontramos ante uno de los desafíos más graves a nuestra seguridad colectiva y que, en caso de que no sepamos conjurarlo, es muy posible que sus consecuencias se conviertan en otra página negra de la humanidad, como lo fue el drama del Holocausto. E ALQUILERES A LA FUERZA L Gobierno tripartito catalán, presidido por el socialista José Montilla, ha incluido en el proyecto de ley del Derecho a la Vivienda la facultad de imponer el alquiler forzoso de inmuebles sin ocupar, cuyos propietarios no accedan a arrendarlos voluntariamente. La norma prevé el ofrecimiento de ayudas económicas para rehabilitación y de garantías del cobro de las rentas, pero reserva para la Administración la última palabra sobre la contratación de un arrendamiento para la ocupación de la vivienda. Esta medida- -que manipula los sentimientos de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, por las dificultades de acceder a una vivienda propia- -resume toda la demagogia hostil que aún conserva buena parte de la izquierda frente a la propiedad privada y todo el sectarismo con el que afronta problemas ciudadanos para cuya solución disponen los poderes públicos de múltiples recursos legales y financieros, mucho más eficaces y legítimos que este híbrido de confiscación y expropiación que patrocina el tripartito catalán. En una sociedad desarrollada como la española, estos espasmos de intervencionismo estéril sólo satisfacen los prejuicios ideológicos de quienes aún piensan que la libertad individual y el derecho de propiedad son obstáculos para la cohesión social, cuando lo cierto es que su principal efecto es el contrario, porque acaban generando expectativas que no se cumplen y, por tanto, crispación y desconfianza. Además, esta iniciativa tiene lugar siendo Barcelona la ciudad más marcada por el movimiento okupa el cual puede ser una forma de vida alternativa -como dijo la ministra de Vivienda con muy poco sentido de su cargo- pero incurre en delito cuando se apropia de un inmueble ajeno. Es lo ocurrido, por ejemplo, en la antigua fábrica de Can Ricart, desalojada por fin ayer después de que un juez se tomara su tiempo para acreditar la titularidad del inmueble. Fue el Gobierno socialista quien introdujo en el Código Penal de 1995 el delito de ocupación pacífica de inmueble, precisamente para atajar la moda de jóvenes que, con la vi- E tola de alternativos, entran- -a patadas o sin ellas- -en viviendas que no son suyas para realizar sedicentes actividades culturales y sociales El tripartito, enfrascado en un izquierdismo trasnochado, parece legitimar a quienes defienden que la ocupación de inmuebles es la consecuencia del egoísmo de propietarios sin escrúpulos. No cabe duda de que los poderes públicos deben intervenir cuando realmente la propiedad privada atente contra el interés general, como son los casos de ruina negligente de edificios, acoso inmobiliario a inquilinos de renta antigua o especulación de los terrenos. Por eso, la Constitución confía a las leyes la compatibilidad de la propiedad privada con su función social. Pero nada de esto tiene que ver con la demanda de vivienda, porque para ese supuesto la Constitución insta a los poderes públicos, en su artículo 47, a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna; medidas que el propio texto constitucional limita a la regulación del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación Lo fácil para un gobierno de izquierdas es inocular en la sociedad el mensaje de que la culpa es de los propietarios y del mercado, pero lo que le concierne es precisamente lo que no aparece en este discurso demagógico de los arrendamientos forzosos, es decir, políticas de desarrollo urbanístico sobre el suelo municipal para la construcción de viviendas de protección oficial. El Gobierno central debe pronunciarse sobre esta medida de coerción administrativa, muy fácil de vender a una opinión pública realmente preocupada por el acceso a la vivienda, porque creó una multimillonaria Sociedad Pública de Alquiler, precisamente para sacar al mercado libre viviendas que están vacías porque sus propietarios temen la falta de garantías jurídicas y judiciales que aún pesan sobre los arrendamientos. La decisión de la Generalitat es completamente opuesta al proyecto de la Sociedad de Alquiler, que al menos intenta ganarse la confianza del propietario con garantías y no con amenazas, como hace el proyecto catalán. MEMORIA CON DOCUMENTOS M IENTRAS el PSOE sigue sin saber cómo afrontar el problema de la ley de la Memoria Histórica, la apertura de los Archivos del Vaticano en el periodo 1922- 1939 ofrece el mejor ejemplo de la seriedad y el rigor que exige el estudio del pasado. Frente a la falsa memoria colectiva y la búsqueda de una verdad oficial enfocada hacia intereses del presente, el verdadero historiador investiga en los documentos y analiza los hechos desde un punto de vista objetivo. El trabajo del profesor Vicente Cárcel sobre los documentos citados demuestra que Pío XI quiso buscar fórmulas de convivencia con la Segunda República mientras que ésta lo permitió superando así la propaganda manipuladora sobre una posición hostil y dogmática por parte de la Iglesia. Los archivos revelan la tarea del nuncio para defender a los católicos españoles de las persecuciones y evitar la expulsión de los jesuitas, y después, ya en plena Guerra Civil, las gestiones del cardenal Pacelli (futuro Pío XII) ante las autoridades franquistas interesándose por casos concretos, entre ellos el del diputado católico catalán Carrasco Formiguera. En varias ocasiones, Pío XI- -de quien se recuerdan importantes encíclicas en contra de los regímenes totalitarios- -intervino ante Franco para evitar bombardeos aéreos y otros daños causados por la guerra a la población civil. Ninguno de los bandos sale bien parado de una época muy triste de nuestra historia, a juicio del historiador responsable del estudio documental. En efecto, cualquier investigación ajena al partidismo demuestra que la vida real no puede enfocarse como si fuera una película de buenos y malos. Aunque todavía no están disponibles los documentos correspondientes a la postguerra civil, los archivos vaticanos siguen siendo una fuente decisiva para el estudio histórico. En su momento, han permitido también desmontar la leyenda urdida desde posturas ideológicas radicales sobre un supuesto apoyo de Pío XII al nazismo. Servirán ahora para documentar la realidad de la persecución religiosa durante la II República, uno de los episodios más negativos de aquel régimen convulso, y también para demostrar la buena disposición de la Iglesia ante un sistema incapaz de evitar actitudes sectarias contra los católicos. Una lectura objetiva de la Constitución de 1931 no puede pasar por alto, sin perjuicio de sus aspectos positivos, el fracaso para la convivencia que supusieron los artículos 26 y 27 en materia de relaciones entre la Iglesia y el Estado. Tal vez el apoyo social al sistema habría sido mucho más fuerte si la República hubiera evitado el laicismo militante que practicaron algunos dirigentes y grupos políticos. En todo caso, la memoria sólo sirve si viene avalada por documentos y no cuando es utilizada al servicio de fines partidistas para complacer a unos socios extremistas que nunca están satisfechos por completo.