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ABC MIÉRCOLES 13 s 12 s 2006 Un tripartito fiel a sí mismo ESPAÑA 19 avanzó que el gobierno tripartito planea invertir en torno a los 200 millones de euros anuales en todos sus programas de rehabilitación y promoción de vivienda protegida. Un monto con el que el ejecutivo de Montilla debe construir el mínimo de 50.000 viviendas sociales a las que se compromete su programa de gobierno. Incentivar y sancionar Pero el punto fuerte de la nueva ley es conseguir poner en el mercado las viviendas desocupadas que no están en él, para lo cual el tripartito primero incentivará a los propietarios para que alquilen las viviendas vacías, y si esto no da resultado, expropiará esas viviendas. Los incentivos llegarán en forma de ayudas para la rehabilitación o en la oferta de la Administración como avalista de los arrendatarios sin recursos para romper las suspicacias. Con estas ayudas, el tripartito considera que cualquier propietario debe romper sus reticencias al alquiler, por lo que en caso de persistir la desocupación, la Generalitat seguirá el modelo alemán de alquiler forzoso que implica la expropiación del usufructo de la vivienda para alquilarla. En su anterior tramitación, el tripartito ya descartó la posibilidad de comprar esas viviendas, ante la imposibilidad de que la Administración asuma el coste de pagar su precio de mercado. Así, la expropiación del inmueble se limita a casos extremos como señaló Baltasar, en los que se dé una especial degradación del edificio que pueda poner en peligro la seguridad de las personas. El texto regula también la sobreocupación- -los conocidos como pisos patera en los que se realquilan habitaciones- -y compromete políticas de control de la Administración para controlarla, al igual que el acoso inmobiliario, que por primera vez podrá ser sancionado por vía administrativa, con sanciones que pueden llegar a los 900.000 euros. El proyecto del tripartito obedece en parte a la presión de los okupas, amparados por nichos de la izquierda nacionalista PATRICIA ESTEVE El tripartito promueve una ley que permite expropiar pisos vacíos El texto obligaría en muchos casos al alquiler forzoso de las viviendas para evitar la expropiación oficial a los propietarios IVA ANGUERA DE SOJO BARCELONA. El Ejecutivo que preside José Montilla aprobó ayer recuperar el polémico proyecto de ley de la vivienda que permitirá al Gobierno de la Generalitat expropiar aquellas viviendas desocupadas que amenacen ruina para alquilarlas como vivienda protegida, o imponer multas de hasta 900.000 euros en los casos más graves de mobbing inmobiliario. El proyecto- -que acabó con su primer impulsor, el ex consejero Salvador Milà- ya fue aprobado por el anterior tripartito, pero no concluyó su trámite en el Parlamento autonómico, por lo que ahora ha sido recuperado de nuevo por el Gobierno catalán. Su nuevo defensor, el consejero ecosocialista Francesc Baltasar, expresó ayer su esperanza de que en esta ocasión no se demore la tramitación parlamentaria de modo que la ley esté aprobada antes de que concluya el próximo periodo de sesiones, en junio de 2007. La Ley del derecho a la vivienda, que tuvo que ser suavizado en la anterior legislatura por la polémica generada en buena parte de los sectores afectados, considera la vivienda un bien social para justificar las presiones a los propietarios que no pongan en el mercado las viviendas desocupadas. El proyecto va más allá de las tradicionales medidas de fomento y construcción de la vivienda social e impulsa medidas que intervienen directamente en el mercado inmobiliario para paliar los problemas de acceso a la vivienda derivados de su constante encarecimiento en los últimos quince años. Unas dificultades que ya se han convertido en uno de los principales problemas para los catalanes, según los sondeos de la Generalitat. El objetivo es que en el plazo de veinte años todos los municipios catalanes de más de 3.000 habitantes tengan un 15 de su parque de viviendas de protección oficial. Para conseguirlo, la Generalitat creará un fondo de solidaridad interterritorial en el que participarán tanto la administración autonómica como las locales. Baltasar reconoció que la ley no cuenta con una memoria económica del coste del proyecto, pero La ley considera la vivienda un bien social para justificar las presiones a los que no quieran alquilar