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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 13 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar LA FACTURA DE LOS ERRORES EN EL MAGREB N política exterior, el Gobierno socialista cuenta sus gestiones por fracasos. Y lo que es peor, la mayor parte de los asuntos en los que su labor encuentra más dificultades son fruto de su propia cosecha. El viaje de ayer a Argel ha puesto de manifiesto el que es seguramente el caso más paradigmático de esta situación, que empezó con un brusco e irreflexivo cambio de la política de tradicional equilibrio en el Magreb y que- -como era de esperar- -ahora no resulta fácil restablecer con simples gestos personales, basados en la consabida receta del talante Con la frialdad poco disimulada por parte de las autoridades argelinas, el presidente del Gobierno ha recibido un nuevo mensaje de realismo. Cuando el presidente Zapatero optó por los gestos desmesurados hacia Marruecos y dio por muerto el plan Baker sobre el Sahara Occidental- -nada menos que en Argel, para más inri- afirmando que era capaz de resolver este problema en nueve meses, desde estas mismas páginas se le advirtió que, lejos de caminar hacia donde creía, estaba creándose un nuevo problema que tarde o temprano tendría que resolver. Como en muchos otros casos de la política exterior de este Gobierno- -en Venezuela, Bolivia o Cuba, por ejemplo- se ha optado por una orientación equivocada sin tener más referencia que hacer todo lo contrario de lo que aconsejaba el sentido común, y por ello no ha tardado en llegar la cosecha de dificultades. Ninguno de los problemas que se pretendían resolver- -ni la lucha contra la emigración irregular, ni la contención del terrorismo islámico, ni la búsqueda de una solución al problema del Sahara Occidental- -han mejorado nada con la opción estratégica del Gobierno. Como mucho, han cambiado de sitio o han empeorado. En especial, la situación diplomática en el Sahara Occidental, donde España tiene una responsabilidad histórica particular, ha retrocedido claramente. La tesis que aún ayer defendía el presidente del Gobierno, basada en el abandono de las resoluciones de la ONU y del referéndum, no hace más que añadir sufrimiento a la población saharaui y, como el propio Zapatero pudo comprobar en el brindis del banquete oficial, es un obstáculo para la normalización de relaciones con Argel. Argelia es uno de los socios comerciales más importantes de España y en estos momentos su cooperación es especialmente relevante. Y no solamente en el nada desdeñable campo de la energía. Pero sería igual de errado dar ahora otro giro de 180 grados y cambiar las tornas para volver a una situación inversa. La diplomacia española había mantenido tradicionalmente un equilibrio activo en esta parte del mundo, tan esencial para nuestros propios intereses. Fue un error gravísimo romper gratuitamente esos delicados lazos, tejidos aquí y allá con tanto esfuerzo durante años. Ahora el Gobierno tiene que reconocer que se equivocó y empezar a intentar recomponerlos con paciencia. E IGUALDAD, MEJOR SIN CUOTAS YER se aprobó en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados el dictamen del proyecto de ley de Igualdad, que será probablemente asumido por el Pleno de la Cámara la próxima semana. Entre las últimas novedades figuran la ampliación a quince días del permiso de paternidad, con el compromiso de que en 2015 alcanzará las cuatro semanas, y determinadas mejoras en la protección de la maternidad para trabajadoras autónomas, así como la reducción a 3.000 habitantes de la población de los ayuntamientos en los que la ley exigirá que se presenten listas electorales paritarias. No obstante, el contenido básico continúa en los términos ya conocidos, al amparo de un enfoque ideológico que favorece la igualdad efectiva, pero que podría cuestionar los principios de mérito y capacidad. Es la mentalidad propia de la llamada acción afirmativa -aplicada en otros países a minorías raciales, inmigrantes y otros sectores desfavorecidos- con la peculiaridad de que, por razones obvias, no se trata en este caso de favorecer a minorías supuestamente discriminadas. La igualdad no existe hoy día, como demuestran sin discusión posible todos los indicadores estadísticos, pero es notorio que la igualdad no puede establecerse por imposición legal, sino como producto de un proceso social de convicción cuyos frutos se aprecian a medio plazo. De lo contrario, no se ataca la raíz del problema, sino que se actúa sobre las apariencias y no sobre las causas. Aunque sea todavía minoritario, el acceso de las mujeres a los más altos cargos es ya una realidad imparable. Hay políticas y empresarias del más alto nivel y profesionales distinguidas en todos los ámbitos de la vida social y económica, incluso en sectores que hace relativamente poco tiempo estaban reservados casi en exclusiva a los varones. Sería absurdo pensar que han alcanzado sus puestos por su condición femenina y no por razón de sus méritos. El futuro está orientado hacia una mayor presencia de la mujer entre las elites sociales. Un informe reciente reve- A la que, en España, seis de cada diez titulados universitarios son mujeres, aunque el porcentaje de catedráticas sea todavía limitado. Con el tiempo, esta formación académica se traducirá en una equiparación en los puestos más relevantes, lo mismo que tendrá que suceder en las administraciones públicas, en las que el número de altos cargos masculinos es todavía muy superior. No se debe hacer ingeniería social, ni forzar el desarrollo de los acontecimientos, porque con ello se interrumpe la evolución lógica del proceso y se perjudica incluso a los supuestos beneficiarios. Sin duda, la igualdad entre varones y mujeres es una causa socialmente asumida, pero forzar su implantación puede impedir la asimilación por la sociedad de un principio innegable de justicia. La reserva de cuotas en función del género es rechazable en el ámbito político, por mucho que se pretenda encubrir bajo el concepto de democracia participativa y puede suponer un factor disuasorio para muchas personas valiosas. Es especialmente negativa en el ámbito empresarial, porque supone una imposición autoritaria desde los poderes públicos a la sociedad civil. Las empresas tienen derecho a escoger a quienes van a ocupar los cargos directivos en función de sus cualidades y, en particular, de su adecuación al perfil apropiado para los proyectos estratégicos por razón de profesión, experiencia o capacidad personal. Ser varón o mujer no tiene nada que ver a estos efectos y, aunque los plazos se dilaten para su puesta en práctica, es seguro que la ley creará problemas en este terreno. El texto aprobado ayer en la Comisión competente del Congreso tiene aspectos positivos cuando se refiere a la ampliación de determinadas prestaciones, pero perjudica también a las empresas al ampliar en exceso ciertos permisos retribuidos sin una compensación razonable a cargo de la Seguridad Social. Todavía hay tiempo de rectificar a lo largo del trámite en el Senado, puesto que este proyecto estrella del Gobierno en materia social sigue teniendo muchos aspectos controvertidos. TERRORISTAS AL ACECHO L AS futuras decisiones judiciales serán las que permitan apreciar en su justa dimensión la trascendencia de la operación policial que ayer se saldó con la detención en Ceuta de once presuntos terroristas islamistas. Por lo pronto, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio a entender que la célula integrista había sido desmantelada porque iba a pasar a la acción y, al parecer, su primer objetivo podía ser un atentado en el parque ferial de la ciudad autónoma. Nadie en su sano juicio se atreve ya a burlarse o tomarse a broma este tipo de actuaciones policiales, como hiciera en su día el PSOE cuando se mofó de la operación policial que, estando el Partido Popular en el Gobierno, desmanteló el llamado comando Dixán cuyos integrantes fueron luego procesados por terrorismo por la Audiencia Nacional al comprobarse que tenían materiales suficientes para fabricar napalm doméstico. La amenaza islamista no ha desaparecido a pesar de que el Gobierno sacó a la carrera las tropas españolas de Irak, se niega a participar en operaciones militares contra los terroristas talibanes en el sur de Afganistán y promueve la Alianza de Civilizaciones y el multiculturalismo como credenciales de su relación con el mundo islámico. La detención de esta célula integrista, perteneciente, según las informaciones policiales, a la corriente salafista y con vínculos en Gran Bretaña y Marruecos, es, por el contrario, una confir- mación de que la yihad internacional no puso a España en el punto de mira por la intervención en Irak, sino por el fanatismo de sus doctrinas contra Occidente, en general, y sobre el irredentismo musulmán en torno a Al- Andalus, en particular. Por supuesto, hay que congratularse de esta operación policial en la medida en que realmente implique la neutralización de una amenaza criminal. Pero, al mismo tiempo, convendría que tanto el PSOE como el Gobierno sacaran las lecciones pertinentes y asumieran que la posición de riesgo terrorista que tiene actualmente España exige una política exterior más comprometida con los aliados occidentales y la adopción de un discurso que no enmascare las intenciones del terrorismo integrista hacia nuestro país. El momento en que se produce el reconocimiento oficial de que la amenaza del integrismo islamista continúa vigente es especialmente delicado, porque coincide en el tiempo con los análisis que apuntan a una próxima suspensión del alto el fuego de ETA. Desde esta óptica, el escenario es sin duda preocupante y emplaza al Gobierno a tomar medidas policiales adecuadas para prevenir la comisión de atentados terroristas. De unos, los de origen en células islamistas, porque es el propio Gobierno el que ha admitido sin matices que al menos un grupo se planteaba pasar a la acción de otros, los de ETA, porque su rearme es, por encima de cualquier juicio de intenciones, una evidencia.