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4 OPINIÓN MARTES 12 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar CHINA SE ABRE A LOS BANCOS EXTRANJEROS UANDO se cumplen los primeros cinco años del ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio (OMT) las autoridades de Pekín se disponen a dar luz verde a la entrada en el país de bancos extranjeros, como estaba previsto en el periodo de transición. China sigue nominalmente gobernada por un férreo Partido Comunista, pero el país continúa sumergiéndose- -sin traumas ni remordimientos de ningún tipo- -en los mares de la globalización económica. En estos cinco años, las exportaciones de China se han triplicado, y por ahora no se ha demostrado que la espectacular emergencia global de este súper- tigre asiático haya sido negativa en términos generales para nadie. Naturalmente, lo más beneficioso para todos ha sido que estos cinco años han coincidido con un periodo expansivo de la economía mundial- -más aún en los países desarrollados- lo que ha impedido que se produjeran las peligrosas mixtificaciones, previsibles en circunstancias de recesión y desempleo, en las que la imagen del gigante chino habría sido percibida como la causante de tan dolorosos desequilibrios. Afortunadamente, por ahora nada puede contradecir el axioma de que el capitalismo le ha sentado muy bien a China y que, precisamente por ello, en Pekín ya no le tienen miedo a la apertura de la competencia en un mercado tan emblemático como el de los servicios financieros. El encaje de China en las reglas internacionales tiene todavía muchas sombras y, como era de esperar, dadas las dimensiones y la cultura económica comunista de la que proviene, el gigante asiático concentra casi un tercio de todos los conflictos de prácticas comerciales fraudulentas, especialmente el caso de la ausencia de respeto a los derechos de copia. Sin embargo, la vida en aquel país se acompasa cada vez más claramente a los modos y modas occidentales, la clase media crece extraordinariamente y es evidente que esa evolución es ya absolutamente imparable. Tarde o temprano, los chinos se adaptarán también a los valores de la libertad individual y la democracia participativa, pues de lo contrario caerían en una incómoda convivencia con el resto del mundo. La democracia en China tiene que traer los necesarios controles morales a la libertad económica, además de orientar el portentoso camino del desarrollo económico hacia el campo de la sostenibilidad medioambiental. Para seguir favoreciendo el ejemplo de adaptación de la cultura china a la modernidad, es necesario que continúe la apertura económica, y que ésta sea lo más equilibrada posible. Hace falta que a nadie le extrañe ver a los grandes bancos europeos invirtiendo en China, porque antes de lo que pensamos podemos ver el desembarco de los bancos chinos en Europa. Que nadie lo dude: China ha terminado con su milenaria tradición de aislamiento, y no se trata de una decisión táctica. China ha entrado en el mundo capitalista para quedarse. C LA CONDENA QUE NO EVITÓ PINOCHET L A muerte del dictador chileno Augusto Pinochet ha dejado sin juzgar su responsabilidad directa y personal por los atroces crímenes cometidos bajo su mandato. A pesar de que Pinochet pasó de un estado de absoluta impunidad a ser imputado en numerosos procesos penales, en los que previamente se había logrado su desafuero, lo cierto es que el banquillo de los acusados nunca fue un destino cierto para él. Se comprende así la decepción de los familiares de miles de víctimas para las que la desaparición del dictador no supone ningún acto de justicia reparadora. En cualquier caso, la figura de Pinochet quedará asociada a la causa penal que abrió la Audiencia Nacional por crímenes contra la Humanidad, cometidos particularmente por la dictadura militar chilena y, en general, por los regímenes militares del Cono Sur, bajo el siniestro epígrafe de Operación Cóndor Es cierto que estos sumarios adolecían de graves problemas técnicos, empezando por el de la competencia de los tribunales españoles, cuestionada desde el inicio de las investigaciones por el entonces fiscal general, Carlos Granados, mediante una instrucción de marzo de 1996 a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, siendo aún ministro de Justicia el socialista Juan Alberto Belloch. Igualmente, la persecución en España de los delitos cometidos en Chile y Argentina topaba con la irretroactividad de las leyes penales y de las normas sobre competencia judicial, pues los hechos investigados tuvieron lugar cuando en España aún no estaba vigente el delito de genocidio, ni la Audiencia Nacional tenía atribuido el enjuiciamiento de este crimen. Estos obstáculos técnicos- -basados en una recta aplicación del principio de seguridad jurídica- -explican por qué los magistrados de la Cámara de los Lores autorizaron la extradición de Pinochet- -luego negada por el Gobierno de Blair- -sólo por delitos comunes de asesinato y secuestro, pero no por genocidio ni torturas en el extranjero, que no estaban vigentes en Gran Bretaña como tales al tiempo de cometerse los hechos; ni por terrorismo, porque no era aplicable al caso. Por tanto, el valor de la persecución judicial contra Augusto Pinochet y, especialmente, su arresto en Londres en 1998, no radica tanto en las consecuencias penales del sumario, que no las hubo, como en el movimiento internacional de toma de conciencia que provocó la iniciativa de Baltasar Garzón para establecer unas reglas de enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad. En este sentido, el resultado del sumario contra Pinochet es paradójico, pues al mismo tiempo que la exposición pública del dictador ante la opinión internacional le supuso una condena histórica, política y moral inapelable, también se pusieron de manifiesto las insuperables limitaciones que pesan sobre los tribunales de un Estado para investigar crímenes cometidos en el extranjero, el peso decisivo de las consideraciones estrictamente políticas sobre la colaboración entre gobiernos en supuestos de persecución de crímenes contra la Humanidad y la tensión que puede provocar en un Estado en transición democrática la interferencia de otros Estados para juzgar su pasado. Finalmente, Pinochet fue encausado donde debía serlo, en Chile, aunque su inmunidad de hecho pareciera ser un peaje de la transición en este país. No obstante, los sumarios abiertos en la Audiencia Nacional por sus crímenes- -y los de otras dictaduras, como la argentina o la guatemalteca- -han hecho que, al menos, el juicio histórico, al que tanto se acogen estos dictadores para escapar del juicio de los tribunales, le fuera rotundamente condenatorio. La esperanza de que los crímenes contra la Humanidad sean castigados reside principalmente en los propios Estados donde se han cometido y, en su lugar, en la Corte Penal Internacional, cuyo Estatuto fue aprobado en Roma en 1998 y entró en vigor el 1 de junio de 2002, y al que habrá que exigir mucha más diligencia que la que muestran los tribunales internacionales creados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ningún Estado está en condiciones de asumir la función de juez universal. Ni siquiera el español, a pesar de la generosa Ley Orgánica del Poder Judicial y de la doctrina del Tribunal Constitucional, que han convertido a la Audiencia Nacional en el polo de atracción de toda clase de denuncias por genocidios. Sin embargo, a veces son empresas fracasadas, como la del juicio a Pinochet, las que provocan los grandes avances del Derecho Internacional y de la protección de los Derechos Humanos. EL PSOE FRACASA CON LAS VÍCTIMAS D ESDE que accedió al poder en 2004, el PSOE no ha perdido oportunidad para demostrar que las principales asociaciones de víctimas de ETA eran un producto de la política antiterrorista de Aznar y que en la medida en que esta política iba a ser sustituida por un final dialogado las víctimas debían asumir un nuevo papel, menos comprometido, menos llamativo. Los errores de este planteamiento no han dejado de producir consecuencias, cada cual más negativa que la anterior, hasta llegar a un estado de cosas en que la inmensa mayoría de las víctimas está claramente en contra del proceso de negociación con ETA por dos razones: la primera, porque temen que la impunidad de los terroristas y la legitimación de sus objetivos acaben siendo parte del precio que el Gobierno esté dispuesto a pagar por el cese de la violencia; la segunda, porque no se fían en absoluto de Rodríguez Zapatero. Los intentos de dividir a las víctimas y enfrentarlas entre sí parecen no haber acabado, a la vista de los contactos mantenidos por cargos socialistas vascos relacionados con la Fundación Fernando Buesa con miembros de la AVT que puedan discrepar de la gestión de su presidente, Francisco José Alcaraz. El empeño ha sido en vano nuevamente, pues el PSOE sigue demostrando no conocer el verdadero estado de ánimo de la mayoría de las víctimas, creyendo que su posición frente al proceso de negociación es, sim- plemente, la respuesta a una instrucción del PP. Es evidente que el PSOE se equivoca. Seguir por este camino de discordia sólo le va a suponer al PSOE un mayor distanciamiento con las víctimas de ETA y, por tanto, una mayor deslegitimación de su proceso de negociación con los terroristas. Las víctimas deben ser tratadas como lo que son: un patrimonio moral de la nación y un concepto cívico sin ideologías, pero con un fuerte compromiso con los valores democráticos. Con estos movimientos en la sombra para crear víctimas afines el PSOE asume una parte sustancial del fracaso del proyecto de Zapatero: la falta de apoyo de las víctimas, elemento imprescindible para que la sociedad se implique con serenidad en un proceso de diálogo con terroristas. Así no recuperará nunca el respaldo de la AVT, ni de otras asociaciones opuestas al proceso de negociación. No fue principalmente la reparación económica y política que recibieron del Gobierno de Aznar, sino el compromiso de no vaciar de contenido el sacrificio de los cientos de personas asesinadas y heridas por ETA, lo que hizo que las víctimas sintieran que, por primera vez, se estaba haciendo justicia con ellas. En la oposición al diálogo con ETA no hay seguidismo partidista por parte de las víctimas, sino una reacción de profunda desconfianza hacia un Gobierno del que temen que las devuelva al olvido para allanar el diálogo con los terroristas.