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ABC LUNES 11- -12- -2006 La nueva ley de Gobierno Local ESPAÑA 15 El PP rechaza por insuficientes las medidas del PSOE contra la corrupción El Ejecutivo sólo incluye en su iniciativa tres artículos para atajar los escándalos J. L. LORENTE MADRID. El Ejecutivo socialista trabaja a toda prisa en la tarea de convertir el anteproyecto de ley básica del Gobierno y la Administración Local en una norma anticorrupción. Pero lo cierto- -después de más de dos años de estudio, seis borradores del proyecto, una serie de informes financiados por el Ministerio de Administraciones Públicas, la elaboración de un Libro Blanco y diversas reuniones con la comisión de expertos de la Federación Española de Municipios (FEMP) -es que el Ejecutivo, de momento, sólo ha incluido en la iniciativa tres artículos (51, 60 y 63) con los que quiere frenar los escándalos en las corporaciones locales. Así se establece en el último borrador elaborado por el departamento ministerial que dirige Jordi Sevilla y que el Gobierno quiere pactar con las fuerzas parlamentarias. Ese texto- -que lleva fecha del 14 de noviembre- -fue entregado a los partidos a finales mes pasado. En un primer análisis, el PP rechaza por insuficiente esa serie de medidas anticorrupción. Los populares interpretan que el Gobierno tiene el objetivo de centrar la atención ciudadana en esos artículos y no en el resto de la ley, que- -en su opinión- no soluciona los problemas reales de los municipios El PP cree que el ministro de Administraciones Públicas actúa con un claro sentido electoralista y menosprecia la labor de los alcaldes y concejales que han participado hasta la fecha en la redacción de la futura ley. Entre los 85 artículos que tiene el sexto borrador no hay- -para el PP- -ni un solo título ni capítulo dedicado a mejorar la transparencia en la gestión local. Todas las propuestas están dispersas en su articulado sin que tengan mayor trascendencia, porque parten de modificar medidas ya existentes, como el registro de intereses, las causas de incompatibilidad o el derecho a la información señala un argumentario elaborado por la dirección de los populares. Comisión Ejecutiva de la FEMP, con Heliodoro Gallego, Rita Barberá y Rosa Aguilar bierno Local. Pero los populares recuerdan que la ley de Haciendas Locales no depende de este Ministerio, sino de Solbes, según comentó Cabezas. Los populares quieren que la tramitación y aprobación de ambas leyes se haga de forma simultánea, para no perjudicar a los ayuntamientos y sospechan que detrás de la ley de Gobierno Local hay un interés electoralista ante los comicios de mayo de 2007. En todo caso, Sevilla destaca que la ley supondrá una transformación de mucho calado en los ayuntamientos españoles, veinte años después de que se aprobara la ley actual de Bases de Régimen Local. La nueva norma recoge por primera vez un listado detallado de las 25 competencias reales de los ayuntamientos. Entre ellas, están la gestión del padrón municipal de habitantes; la utilización de instalaciones de centros docentes públicos fuera del horario escolar; el control sanitario de edificios y lugares de convivencia humana; la protección del patrimonio histórico; usos del suelo; la promoción y gestión de vivienda pública; la promoción turística; la policía local; la construcción de instalaciones deportivas, museos y bibliotecas; el abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales; los mercados y lonjas municipales, así como seguridad e higiene de alimentos; cementerios y servicios funerarios; planes de protección civil y la ordenación del tráfico. Junto a estas competencias, el borrador del texto legal relaciona otras 21, como consumo, cultura, deportes o educación, en las que la legislación estatal o autonómica debe garantizar la intervención municipal Se incluye una cláusula general de competencia a favor de los municipios por la que pueden descubrir nuevas competencias siempre que no invadan las de otra administración. Y el Estado se obliga a no delegar nuevas competencias en los municipios sin financiación suficiente. La ley introducirá mejoras en la democratización de los consistorios, dará a quien gobierna más capacidad para gobernar y a la oposición, más capacidad para controlar, según Sevilla. La forma de elección de alcaldes, sin embargo, no va EFE a sufrir ningún cambio. Una de las novedades de la futura norma será la obligación de que los municipios de más de 5.000 habitantes tengan un Consejo de Gobierno Local en el que podrán integrarse personas no electas, una posibilidad que hasta ahora está reservada a las grandes ciudades. Disolución de municipios Para el partido de la calle Génova, la medida más llamativa de todas las que se han incluido en el último momento- -añadida como apartado b al artículo 49.2- -deja en manos del Gobierno la disolución de las corporaciones locales que originen graves daños a la hacienda municipal, a la ordenación urbanística o al medioambiente Los populares critican que el Ejecutivo socialista no haya aceptado las modificaciones aportadas por el PP para que sea un juez- -y no el Gobierno- -el que disuelva una corporación, así como la obligatoriedad de realizar elecciones parciales una vez disuelta la corporación. El partido de Rajoy denuncia, además, que esta medida ha sido ocultada por el PSOE en los medios de comunicación. Según el PP, el Gobierno socialista no ha tenido ningún interés en estos dos años por incorporar alguna medida de transparencia en la gestión y es ahora, al asumir que no va a tener suficiente respaldo parlamentario, cuando emprende una campaña de imagen para presentar su proyecto de ley como un plan para atajar los casos de corrupción. Es el argumento más importante que maneja el PSOE para justificar la aprobación de la ley en estos momentos dice el informe del primer grupo de la oposición. Memoria histórica El proyecto introduce un Estatuto del vecino, con una lista de derechos y deberes, entre los que destaca el derecho a la recuperación de la memoria histórica y en especial a las aportaciones de las mujeres en el ámbito cultural e histórico Los vecinos podrán pedir una consulta popular y se reconoce un derecho a la integración y participación de las mujeres inmigrantes