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4 OPINIÓN SÁBADO 9 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar LA DAÑINA SOMBRA DEL DOPAJE A publicaciónen unimportantediario francés de unas declaraciones hechas por el médico español Eufemiano Fuentes, imputado en un procedimiento penal en nuestro país por presunto dopajededeportistasdeelite, especialmente de ciclistas, ha entreabierto de nuevo una puerta que lamentablemente nunca terminadecerrarse: la degenerar escándalos de gran porosidad y notoria repercusión pública basados en la propalación de rumores y sospechas sin la debida aportación de las pruebas que han de sustentarlos. Ya son demasiadas las ocasiones en las que está resultando barato el precio de airear dudas sobrela limpieza dedeterminadas competiciones y de manchar la reputación de deportistas convertidos en iconos de la sociedad a base de difundir sospechas que apenas alcanzan el grado de insinuaciones malintencionadas. Ahora las sombras de duda se han proyectado sobre cuatro clubes de fútbol españoles- -Real Madrid, FC Barcelona, Real Betis Balompié y Valencia- que no sólo se han apresurado a negar todo tipo de comentarios que los vinculen con tramas organizadas de dopaje en sus equipos, sino que además han anunciado la probable interposicióndeaccionesjudicialesen defensa de su prestigioy delhonor de sus directivos, médicos y futbolistas. Ocurre, sin embargo, que una vez extendida convenientemente la insinuación- -sea quien sea su responsable, ése es otro debate- es imposible determinar si su corrección surtirá efectos reparadores. Quizá sí en elplano jurídico, pero las condenas sociales emitidas como consecuencia de esta suerte de juicios paralelos son difícilmente apelables. Y, aunquelosean, siemprehabráquien conserveladuday quien la rentabiliceen su favor. Desde esta perspectiva, pierden eficacia, por contundentes que sean, tanto las notas de los clubes de fútbol para desmentir las acusaciones como la rectificación que ha hecho el propio Fuentes. Es uno de los riesgos de abrir causas generales basadas en declaraciones veladas, insinuaciones y desmentidos sobre pruebas que por el momento son sólo virtuales. LaJusticiaordinariatieneencomendadala labor de investigar, juzgar y condenar todo tipo de irregularidades que puedan desnaturalizar una competición deportiva. Es lícito exigir el cumplimiento de tal responsabilidad y que los jueces lo hagan eficazmente y en los plazos que establece la ley para ello. No lo es, en cambio, alentar escándalos de estas características sin la aportación de pruebas concluyentes y, desde luego, sin facilitar a la Justicia los indicios deque sedispongan paraargumentarlos. A esto precisamente es a lo que ha contribuido Eufemiano Fuentes, consciente sin duda del revuelo que levantarían en España sus revelaciones a medias y sus murmuraciones. Es un error permitir que de modo cíclico y recurrente el fantasma del dopaje se aparezca en nuestro deporte sin el rigor exigible para su demostración. Las autoridades deportivas y judiciales deben actuar con las armas que les proporciona la ley para poner coto a este tipo de episodios y evitar que lleguen a transformarse en causas globales incontroladas e incapaces de medir el daño que pueden ocasionar. L GOBIERNO Y CONTROL DE LA FISCALÍA L Consejo de Ministros aprobó el viernes el proyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La iniciativa estaba ya prevista en el programa del PSOE, aunque el Gobierno primero puso a Conde- Pumpido a salvo de sus propias propuestas, tales como la comparecencia del candidato a fiscal general del Estado ante el Congreso de los Diputados para una evaluación de méritos a cargo de los parlamentarios. Con esta reforma de la Fiscalía se plantean varios problemas que anticipan un trámitelegislativo polémico y enconado con el Partido Popular. En este momento, penden en el Congreso varias reformas del Poder Judicial que pretenden transformar, no adaptar, el modelo constitucional de la Justicia para que encaje en las exigencias previstas por el nuevo Estatuto de Cataluña, que también extiende a este ámbito el principio de organización confederal. Bien es cierto que el proyecto estatutario preveía un control casi absoluto de la Generalitat sobre el fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña, pero la inconstitucionalidad era tan burda y notoria que el Estatuto quedó finalmente aseado con una remisión genérica a futuras reformas. Por tanto, para valorar adecuadamente el alcance de este nuevo régimen del Ministerio Fiscal es esencial saber cómo va a quedar definida la Administración de Justicia tras su inmersión legislativa en las nuevas directrices que impone el Estatuto catalán. Igualmente, esta reforma del Ministerio Fiscal tendrá un sentido u otro en función de cuál sea el modelo de proceso penal por el que opte el Gobierno socialista y, especialmente, el papel que se otorgue a los fiscales en la investigación de los delitos. No será lo mismo un fiscal que asuma las funciones investigadoras, actualmente en manos del juez de instrucción, que un fiscal que mantenga su posición vigente en el sistema penal, como parte institucional y defensor de la legalidad. Todas las reformas en trámite conforman un rompecabezas y, en este momento, no se puede saber cuál será el resultado, pues el Gobierno condiciona sus propuestas al apoyo de sus socios nacionalistas y éstos no ceden en su objetivo prioritario de hacer que la Justicia deje de ser el último poder unitario del Estado. E En el plano político, esta reforma del Ministerio Fiscal viene precedida de lo que con eufemismo digno de mejor causa se llamó reequilibrio ideológico de la Fiscalía, es decir, pura limpieza ideológica consistente en promocionar a la Unión Progresista de Fiscales, minoritaria en la carrera fiscal, a costa de la Asociación de Fiscales. Episodios como el cese político de Eduardo Fungairiño muestran el sesgo del mandato de Conde- Pumpido, quien además ha potenciado una Fiscalía a su medida: con nombramientos basados únicamente en la confianza personal; con desprecio del criterio del Consejo Fiscal- -el cual, a pesar de las tretas electorales para privilegiar a la UPF sigue reflejando democráticamen, te el respaldo mayoritario a la Asociación de Fiscales- o con la condena de la Secretaría Técnica a la irrelevancia. Con estas premisas, y sin consenso con elPP- -y con un duro y bien argumentado dictamen crítico de la Asociación de Fiscales- llega al Congreso de los Diputados un proyecto de ley rodeado de una propaganda que lo presenta como la reforma necesaria para la autonomía del Ministerio Fiscal. Lo cierto es que sus previsiones apuntan en sentido opuesto, pues consagra, hacia fuera, la vinculación política del Ministerio Fiscal con el Gobierno que lo nombra y, de puertas adentro, prácticamentemuta el principio de jerarquía en puro caudillaje del fiscal general del Estado. En este sentido, resulta muy revelador que el fin del mandato del fiscal se producirá, entre otras causas, cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto lo que supone tanto como elevar a rango de ley la afinidad ideológica del fiscal con el Ejecutivo. También cesarácuando, a juicio del Gobierno, incurra en incumplimiento grave o reiterado de sus funciones que es lo mismo que mantener la discrecionalidad absoluta del cargo. El Gobierno, en definitiva, propone una reforma que viene precedida de la voladura de todos los puentes con el PP en materia de justicia, patrocinada además por un ministro amortizado por su próxima dimisión. Una reforma, además, que está a expensas de lo que digan los socios nacionalistas, que no puede valorarse al margen de las demás reformas judiciales y que requiere una previa definición del papel del fiscal en el proceso penal. ETA Y LA Y VASCA L margen de avances y retrocesos en el proceso de negociación, ETA y sus satélites tienen muy claros sus objetivos. El principal, demostrar quién manda a la hora de la verdad en el País Vasco. Las campañas de amenazas y extorsiones desde la izquierda abertzale a propósito de la Y vasca es fiel reflejo de una situación que recuerda, punto por punto, los casos de la autovía de Leizarán o la central nuclear de Lemóniz. El boicot de los radicales a cualquier avance en esa infraestructura básica para el progreso socioeconómico del País Vasco choca con el optimismo que aparenta el Ejecutivo autonómico. No es fácil entender las razones del PNV para mostrarse satisfecho. Ibarretxe tiene, además, que hacer frente a la discrepancia interna en el Gobierno que preside porque Madrazo anuncia que hará campaña en contra. Las diputaciones forales y el mundo empresarial insisten en la oportunidad y conveniencia de esta obra, al amparo del razonable argumento de que no se puede detener el progreso, al tiempo que invitan a quienes están en contra a utilizar los procedimientos legalmente establecidos. Sin embargo, como es notorio, los extremistas tienen sus propios intereses: el pretexto del tren de alta velocidad les sirve al mismo tiempo para denunciar sin sonrojarse al capitalismo global y para exigir a los A estados español y francés que no se entrometan en el territorio vasco. En diciembre de 2005, el Ejecutivo de Vitoria consiguió que las Cortes Generales aprobaran una inversión de 4.000 millones de euros, sin fijar plazos concretos, a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado. Los nacionalistas insisten en que la obra estará terminada en 2010, aunque la ejecución se desarrolla con mucho retraso y sólo está en marcha un pequeño tramo. De hecho, la Unión Europea habla ya del año 2013 como fecha para el final de las obras. Afirma el Gobierno vasco que la sociedad no debe aceptar el chantaje de nadie, pero la retórica no se corresponde con la realidad, ni existen atisbos de esa respuesta firme que reclaman con razón los populares vascos. El entramado de ETA sigue funcionamiento a pleno rendimiento. En rigor, ningún territorio desarrollado en toda la Unión Europea está a merced de los radicales que desafían a los poderes legítimos con una absoluta sensación de impunidad. Algo muy grave sucede en una sociedad cuando grupos organizados y perfectamente concertados consiguen paralizar las decisiones aprobadas por los poderes democráticos. Con o sin proceso ETA y los suyos siguen haciendo lo único que saben hacer, esto es, imponer su voluntad por medios violentos para tratar de atemorizar a la sociedad.