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ABC VIERNES 8 s 12 s 2006 Proyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ESPAÑA 17 La mayoría de los fiscales rechazan que la reforma del Gobierno refuerce su autonomía El fiscal general sólo podrá ser destituido por causas objetivas s La Junta de Fiscales intervendrá siempre que afecte al Gobierno P. MINGOTE G. LÓPEZ ALBA MADRID. El Gobierno presentó ayer el proyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como un impulso a su autonomía y modernización que lo dotará de mayor eficacia y eficiencia Sin embargo, la reforma no cuenta con el parecer favorable de la mayoría de los fiscales. Guillermo García, portavoz de la Asociación de Fiscales- -la mayoritaria y de corte conservador- afirmó que es inaceptable desde un punto de vista de un país democrático García destacó que la figura del fiscal general del Estado se queda igual, está demasiado vinculada al poder Ejecutivo, y, además, no tiene un contrapunto Los conservadores también critican que el Consejo Fiscal sigue sin reformarse y, en consecuencia también sin reforzarse García señaló que no se ha reforzado de ninguna manera la independencia de la carrera fiscal uno de los supuestos puntos fuertes de la reforma. Los conservadores no están satisfechos con el aspecto presupuestario, en el que no se profundiza a lo que agregan que tampoco se nos dota del régimen jurídico necesario para las investigaciones La Unión Progresista de Fiscales considera la reforma positiva en líneas generales. Su portavoz, Eduardo Esteban, consideró que lo más destacable es la distribución y el despliegue territorial, que se ha hecho bien porque se adecúa a la naturaleza y las necesidades de las comunidades autónomas El otro aspecto que reseñó fue la minuciosidad con la que se han tratado las especializaciones de la carrera fiscal, lo que se va a traducir en una mayor eficacia Oportunidad perdida Pero no son todo halagos por parte de los progresistas. No ven el aumento de la autonomía de la que habla el Ejecutivo. Esteban aseveró que se ha perdido la oportunidad y que el Gobierno se ha quedado a las puertas Algo que les ha decepcionado porque cabía esperar más de la reforma, sobre todo si vamos a asumir las causas penales, como parece querer el Gobierno. Para eso necesitamos una mayor independencia El Gobierno, que aprobó ayer remitir a las Cortes del proyecto, sostiene en cambio que la reforma refuerza la autonomía del Ministerio Fiscal En este sentido, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que el fiscal general no sólo tendrá que someterse al trámite de comparecencia previa en el Congreso y su mandato será por cuatro años y no renovable, sino que además se suprime el carácter discrecional del cese por parte del Ejecutivo- -al establecerse unas causas objetivas (ver recuadro) -y se convierte en un acto administrativo revisado ante los tribunales Además, dispondrá de una asignación presupuestaria singularizada. Al mismo tiempo, se introduce la necesaria intervención de la Junta de Fiscales de Sala siempre que el fiscal general Claves de la reforma Nombramiento. El candidato propuesto por el Gobierno, tras la audiencia preceptiva del Consejo General del Poder Judficial, deberá someterse a una comparecencia ante una Comisión del Congreso de los Diptuados antes de ser nombrado por el Rey. Cese. Se introducen causas objetivas a petición propia, por incompatibilidad o prohibición establecidas en la Ley, por incapacidad o enfermedad, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y por fin del mandato. Mandato. Será de cuatro años y no renovable, excepto cuando el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años, caso en el que sí podría ser renovado por cuatro años. Miembros del Gobierno. La Junta de Fiscales de Sala intervendrá para cualquier asunto que afecte a miembros del Gobierno y para resolver cuando el fiscal general incurra en causa de abstención. Corrupción. Se amplía de seis a doce meses el plazo máximo para laas diligencias de investigación en casos de corrupción y criminalidad organizada. Cándido Conde- Pumpido, en una imagen de archivo vaya a impartir instrucciones a sus subordinados en cualquier asunto que afecte a miembros del Gobierno. También se modifica su régimen de abstención, de manera que, cuando en él concurra alguna de las causas establecidas en la Ley del Poder Judicial, ya no resolverá el Ministerio de Justicia, como hasta ahora, sino la Junta de Fiscales de Sala. Igualmente se reafirma el carácter neutral y operativo de los órganos técnicos de la Fiscalía, cuyos miembros no podrán presentarse como candidatos a las elecciones al Consejo Fiscal. REUTERS Otras reformas son que se potencia la figura del teniente fiscal del Tribunal Supremo y también la del fiscal en el ámbito de las comunidades autónomas para permitir un despliegue territorial más eficiente y su adecuación al Estado autonómico. Se amplían el plazo y el ámbito de investigación contra la corrupción G. L. A. MADRID. La reforma busca una mayor eficacia en la actuación del Ministerio Fiscal, según el Gobierno, y para ello, opta decididamente por impulsar la especialización como respuesta a las nuevas formas de criminalidad. Esto se refleja en las fiscalías especiales, que pasan a denominarse Fiscalía Antidroga y Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y que aumentan sus competencias. Así, se amplía de seis meses a un año el plazo máximo de diligencias de investigación de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, con la posibilidad de una prórroga extraordinaria que podrá acordar mediante decreto motivado el fiscal general del Estado. También se actualiza la lista de delitos que serán objeto de la actividad de esta Fiscalía. Así, se prevé la futura incorporación al Código Penal de los delitos de corrupción en el sector privado, fruto de los compromisos europeos de armonización legal. Con todo, la gran novedad es la ampliación de sus competencias a las actividades vinculadas con la noción genérica de delincuencia organizada La Fiscalía Antidroga también extiende su ámbito de actuación a los delitos de blanqueo de capitales relacionados con el tráfico de estupefacientes.