ABC MADRID 08-12-2006 página 4

4 OPINIÓN VIERNES 8 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar TURQUÍA DEBE CUMPLIR SUS COMPROMISOS L LEGALIDAD Y MORAL CON BATASUNA L Gobierno y el PSOE tienen expedito judicialmente el camino de sus encuentros con Batasuna o cualquier otra organización del entramado de ETA, mientras no existauna orden judicialexpresaquelos prohíba. Esta es laconsecuencia política inmediata del auto dictado ayer por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por el que inadmite a trámitela querella interpuesta por el sindicato defuncionarios públicos Manos Limpias contra el presidente del Gobierno y dirigentes del Partido Socialista de Euskadi, por las reuniones mantenidas con Batasuna. En el terreno de los principios, el auto del Supremo refleja una doctrina inapelable acerca de la reserva del control político sobre el Gobierno a favor sólo del Parlamento, como corresponde a un Estado democrático, y por eso llega a calificar como fraude constitucional que se pretenda mediante el ejercicio de la acción penal y la puesta en marcha de un proceso de la misma naturaleza, corregir la dirección de la política interior o exterior que el artículo 97 de la Constitución encomienda al Gobierno democráticamente legitimado Este pronunciamiento no puede merecer otra cosa que una plena adhesión, porquela subversión de los papeles que corresponde a cada uno de los poderes en los que se articula el Estado conduce directamente al colapso del sistema. Por otro lado, una acción penal tan indeterminada y poco rigurosa como la planteada en este caso tenía como destino previsible el archivo. Ahora bien, partiendo de que el autodela SalaSegundarecoge la doctrina de manual sobre la división de poderes, se abren unos interrogantes muy importantes acerca de cuestiones concretas que la decisión judicialno aborda. Bien está que se rechace la utilización de la acción penal como instrumento de disuasión o persuasión sobre los poderes políticos. Pero habrá que recordar que el artículo 97 de la Constitución concede al Gobierno la dirección dela políticaexterior e interior para que las ejerza de conformidad con la Constitución y las leyes También el artículo 118 dice que es obligado cumplir las sentencias Por eso habría sido conveniente que el Supremo hubiera rematado su decisión con un pronunciamiento sobrela eficacia que merece la sentencia firme dictada por su Sala Especial en 2003, en aplicación de la Ley de Partidos, por la que decretó la ilegalización y disolución de HB, EH y Batasuna, con prohibición expre- E sa de realizar cualquier actividad política, lo que también fue acordado por el juez Grande- Marlaska en el segundo auto de suspensión cautelar de Batasuna, dictado en enero de este año. Nadie puede ni debe negar al Gobierno la legitimidad de ejercer sus funciones políticas con un amplio margen de libertad, pero todo ciudadano tiene derecho a que estas funciones no transgredan los límites de la ley. En otro caso, se estaría consagrando nuevamente la existencia de zonas exentas de control jurisdiccional y, por tanto, la impunidad de la arbitrariedad. ¿Qué valor tienen entonces la ilegalización de Batasuna y la prohibición de que haga política? ¿Por qué es ilegal la actuación política de Batasuna consistente en organizar un congreso -como el de Baracaldo- -y no la actuación política de Batasuna consistente en reunirse públicamente, como organización ilegal, con otro partido? Sobre esto no se pronuncia el Supremo, el cual, sin embargo, después de reafirmar la primacía que tiene el principio democrático deja en manos del juez de turno la orden de prohibir o no los encuentros con Batasuna, de lo que dependerá la existencia de un delito de desobediencia. En la práctica, será al final un juez de la Audiencia Nacional quien decida si una reunión del PSOE con Batasuna puede o no celebrarse, produciéndose así el efecto contrario al que dice pretender el Supremo con la inadmisión de la querella, esto es, que la Justicia no condicione la acción política. El auto del Supremo no crea jurisprudencia, pero es un antecedente decisivo para el próximo archivo de otras querellas en trámite contra Ibarretxe y los responsables del PSE que se reunieron con Batasuna. ElaltoTribunalresuelveuna seriapapeleta del Gobierno, pero puede crear otros problemas para el imperio de la ley y la autoridad del propio Supremo en un trance histórico en el que la legalidad es más necesaria que nunca. Y junto a la legalidad, la moral, porque, independientemente de la licitud de una conducta, hay criterios de ética política tan trascendentes y relevantes como los de la mera corrección jurídica, que un Gobierno ha de valorar para no dar lugar siquiera a la sospecha de que está dispuesto a pagar un precio político a terroristas. En tales circunstancias, y por legal que sea, sentarse con batasunos a negociar condiciones para la paz además de inmoral es, como ha recordado Mariano Rajoy, un suicidio. NUEVAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS L Consejo de Ministros ha aprobado el primer decreto para el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, relativo a las enseñanzas mínimas en Primaria. El Ministerio opta por ampliar el horario de Matemáticas y reducir el de Lengua, aunque pretende compensar esta última decisión- -más que discutible- -estableciendo un tiempo mínimo diario dedicado a la lectura. Se otorga un total de 50 horas a la polémica Educación para la Ciudadanía, fiel reflejo del interés prestado a una materia que, a juicio de muchos sectores de la comunidad escolar, podría ser enfocada con criterios ideológicos unilaterales. La asignatura de Religión es calificada como optativa, evaluable y computable a todos los efectos (salvo algunos tan importantes como la solicitud de becas) y carece de una alternativa reglada, puesto que la nueva norma se limita a garantizar una inespecífica atención adecuada a los alumnos que no la elijan. Casi todo sigue pendiente porque el Gobierno no termina de concretar el alcance de esos contenidos alternativos en las enseñanzas mínimas de Primaria, lo que no descarta nuevos frentes de conflictos potenciales. Esta parece ser la especialidad del Ejecutivo, que ha logrado crear un problema donde no lo había, al amparo de criterios muy discutibles a tenor del artículo 16 de la Constitución y los acuerdos Iglesia- Estado. La evaluación al E final del segundo ciclo viene a matizar algunas decisiones de la Logse, aunque habrá que esperar a su aplicación práctica para una valoración adecuada. Hace tiempo que la sociedad española exige un pacto de Estado en materia educativa. Pocos asuntos importan tanto a los ciudadanos como el futuro de sus hijos, lo que explica la irritación generalizada ante las constantes novedades legislativas que impiden la consolidación de un sistema razonable y riguroso. Por desgracia, parece que tampoco esta vez estamos ante un modelo definitivo, porque la falta de consenso en origen es un lastre para cualquier reforma. Hay aspectos positivos, como el refuerzo de las Matemáticas y otras materias en las que España ocupa posiciones muy bajas en las clasificaciones internacionales. En cambio, no es acertado rebajar la importancia de la lengua española con el argumento de que se amplía el horario para los idiomas extranjeros, cuando es notorio que nuestros jóvenes se expresan cada vez peor. Este real decreto, que comenzará a aplicarse el próximo curso, debe ser completado por las comunidades autónomas, que gozan de amplias potestades para articular esta regulación de mínimos. Proliferan normas de todo tipo, pero nuestro sistema educativo sigue pendiente de un gran acuerdo nacional más allá de ocurrencias e improvisaciones. A Unión Europea aceptó a Chipre como miembro de pleno derecho desde enero de 2005, a sabiendas de que una parte de su territorio reconocido está ocupado por el Ejército turco. Ahora se intenta mantener con normalidad un proceso de negociación con Turquía para su eventual ingreso en la UE como si el despliegue militar de este país en Chipre fuera un asunto irrelevante o un detalle menor. Como es evidente que no lo es- -y no puede serlo- cada vez que las negociaciones se aproximan al problema chipriota están condenadas a provocar reacciones traumáticas de diverso signo. A Turquía se le había exigido que, antes de fin de año, ratificase el Protocolo de Ankara, que extiende todos los acuerdos que ya mantiene con la UE, incluyendo la unión aduanera, a los nuevos países miembros. Con ese gesto, Turquía habría aceptado un reconocimiento diplomático implícito del Gobierno de Chipre, que a efectos jurídicos representa a toda la isla, lo que va contra su doctrina de tratar como un Estado independiente a la llamada República Turca de Chipre del Norte Ante este requerimiento, el Gobierno turco ha preferido sostener sus posiciones y no dar un paso contrario a lo que considera intereses estratégicos vitales. Es evidente que no es éste el camino más adecuado para llegar a ser miembro de pleno derecho de la UE, sino todo lo contrario: anteponer sus propios puntos de vista a los del colectivo al que pretende asociarse no puede ser en ningún caso una actitud constructiva. Lo menos que se le debe pedir a Turquía es que acepte reconocer a todos los países a los que manifiesta querer asociarse. Sin embargo, a muchos dirigentes europeos les produce más inquietud la perspectiva de una Turquía despechada y que da la espalda a Europa- -el primer ministro Recip Tayip Erdogán se ha encargado estos días de exhibirse en Teherán y Damasco, donde ha mostrado claramente el mensaje de que su país dispone de alternativas estratégicas a la UE- -que la previsible pataleta del minúsculo Gobierno chipriota. Sin embargo, sería un gran error insistir por el camino del tradicional pragmatismo ilustrado al que tan entusiásticamente se ha sumado el Gobierno español, porque es el que ha llevado a la UE a la crisis de confianza en la que se encuentra sumida. El posible ingreso de Turquía también es un asunto lo bastante delicado para muchos sectores de la opinión pública europea, lo que obliga a exigir que sea manejado con la debida cautela. Más importante aún que los avatares del proceso de negociaciones con Turquía es el futuro de Europa como proyecto, y éste se basa sobre todo en su capacidad de suscitar la adhesión de sus ciudadanos. Por ello es de vital importancia que todo el proceso se lleve a cabo con el mayor rigor, lejos de toda precipitación. Una de las cosas que los ciudadanos comunitarios deben percibir claramente es que es Turquía la que se adapta a las reglas europeas, y no al revés.