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20 ESPAÑA MIÉRCOLES 6 s 12 s 2006 ABC Protesta de 200 guardias civiles de uniforme por los engaños del PSOE ABC MADRID. Alrededor de 200 guardias civiles de uniforme se presentaron en la mañana de ayer ante el registro que el Defensor del Pueblo tiene en el centro de Madrid para presentar una queja en contra de que se les aplique el Código Penal Militar, lo que aún hoy implica el ingreso en prisión por faltas cometidas en el desarrollo de su labor policial. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) convocante del acto, acusó al PSOE de engañar repetidamente a los miembros del Instituto Armado al incumplir su programa electoral. El final de la aplicación del Código Penal Militar para los guardias civiles y la regulación de las asociaciones profesionales en el seno de la institución, son dos medidas incluidas en el programa electoral con el que el PSOE se presentó a las últimas elecciones generales, pero ninguna de las dos reformas se han llevado a cabo por el momento. El Supremo ordena a la Audiencia Nacional la reapertura del caso Couso Basa su decisión en la sentencia dictada en 2005 por el Tribunal Constitucional que establece la competencia de España para investigar crímenes de lesa humanidad N. VILLANUEVA MADRID. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ordenó ayer a la Audiencia Nacional que reabra la investigación sobre la muerte en Irak del cámara de Telecinco José Couso, abatido el 8 de abril de 2003. Las diligencias previas abiertas por el magistrado Santiago Pedraz fueron archivadas por la Sala de lo Penal el pasado marzo al considerar que su muerte fue un acto de guerra llevado a cabo contra un enemigo aparente También entonces el tribunal revocó la orden de busca y captura dictada por ese magistrado contra los tres militares estadounidenses que dispararon desde un tanque contra el corresponsal, que en el momento de los hechos estaba filmando desde el balcón de su habitación en un hotel. La Audiencia Nacional resolvió que los hechos se podrían haber investigado como infracción grave de la Convención de Viena si la muerte se hubiera producido en un ataque indiscriminado contra la población civil. Sin embargo, la Sala Penal del Supremo- -que estima por unanimidad el recurso presentado por la familia de Couso- -recuerda a la Audiencia Nacional que, conforme al principio de justicia universal, España es competente para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el extranjero. En este sentido, los magistrados Miguel Colmenero, Julián Sánchez Melgar, Joaquín Lo cierto es que transcurridos más de tres años de la muerte del cámara de televisión (8 de abril de 2003) el juez Santiago Pedraz, partidario desde un principio de seguir adelante con la investigación- -incluso en contra del criterio del fiscal- volverá a hacerse cargo de estas diligencias. Con anterioridad a la decisión de la Sala de lo Penal de archivar el caso, Pedraz había imputado un delito contra la comunidad internacional al sargento Thomas Gibson (quien disparó contra el hotel) el capitán Philip Wolford (su superior) y el teniente coronel Philip de Camp (que ordenó el ataque contra el inmueble en el que se alojaban unos 200 periodistas extranjeros) Javier Couso, hermano del fallecido, se mostró muy satisfecho con la decisión del Tribunal Supremo, que calificó de nueva oportunidad para conocer la verdad Reconoció que el camino es muy difícil por los pocos miramientos de Estados Unidos al Derecho Internacional. José Couso EFE Giménez, Javier Delgado y Luis Román Puerta se basan en la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) que se pronunció así con motivo del recurso presentado por la Premio Nobel Rigoberta Menchú contra la decisión de no investigar el genocidio en Guatemala. El TC extendió esta investigación tanto a las víctimas españolas como a las extranjeras.