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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 6 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar EL TRIPARTITO Y LAS BANDERAS P IGLESIA Y NACIONALISMOS U N grupo de religiosos- -entre los que se hallaban los obispos auxiliares de Gerona y Barcelona- -políticos e intelectuales, reunido en Barcelona el pasado fin de semana, ha puesto de manifiesto su discrepancia con la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal, Orientaciones morales sobre la situación actual de España sobre todo en cuanto al tratamiento que este documento dispensa a la unidad nacional de España y a los nacionalismos. Para algunos miembros de este colectivo, denominado Grup Sant Jordi la jerarquía católica española ha actuado como correa de transmisión de FAES y del PP Otros, como Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat, emplazaron a los obispos catalanes a reclamar una modificación de la estructura de España, política y también eclesialmente Fue, por tanto, un acto de carácter marcadamente nacionalista. Refiriéndosea la instrucciónpastoral sobreEspaña, elarzobispo de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, decía en la Tercera publicada el lunes por ABC- -y suscrita también por Juan AntonioMartínezCamino, secretariogeneraldelaConferencia Episcopal- que la unanimidad estrictamente dicha hubiera sido deseable, pero es muy difícil o imposible de obtener en textos tan complejos, como muestra lo acontecido también en el Concilio Vaticano II, cuyos documentos no fueron en ningún caso aprobados por todos los padres conciliares Por tanto, que existan voces discrepantes en el seno de la jerarquía católica española ni es nuevo ni deslegitima las conclusiones aprobadas por la mayoría. Sin embargo, la instrucción aprobada por la Conferencia Episcopalpresenta unas condiciones que refuerzan su valor pastoral frente a actitudes críticas que responden, como las del Grup Sant Jordi a enfoques particularistas sobre el papel de la Iglesia y sus criterios sobre la situación de España. Durantemuchotiemposehacriticadoalajerarquía española de la Iglesia que no fuera suficientemente explícita en sus juicios sobre el terrorismo y el separatismo, pero también sobre la vigencia de los valores morales en el ejercicio de la política y de la legislación. Es más, buena parte de esos requerimientos de claridad eran una reacción a la aparente pasividad frente a determinados sectores de la Iglesia que tomaban partido por op- ciones nacionalistas. Algunos incluso, aun minoritarios, que disculpaban y legitimaban la violencia terrorista. Pues bien, la ConferenciaEpiscopalha fijadosu posiciónsobreestascuestiones, ya anticipadas en parte con el documento de 2002 sobre terrorismo, con una instrucción pastoral realmente modélica, tanto en el fondo de sus argumentos- -reflexivos, autocríticos, nada complacientes- -como en la forma de exponerlos- -moderada, sin descalificaciones- secundando el estilo que marcó Su Santidad Benedicto XVI con su discurso en Valencia durante el Encuentro Mundial de las Familias. Es decir, se trata de una pastoral para la integración de todas las opiniones que pueden registrarse en el seno de la jerarquía católica. La falta de unanimidad no es, en tales condiciones, unatachaparalaactituddelamayoría, sinomásbien un indiciodefalta de flexibilidad en los discrepantes. Comoseñalaba monseñor Sebastián en la Tercera de ABC, hay que notar que el procedimiento por el que se estudian y aprueban las declaraciones del episcopado no es nunca el de la negociación de los principios Y como tal- -es decir, como un principio pastoral- -debe considerarse la opinión de los obispos cuando califican la unidad de España como un elemento del bien común ¿Es una extralimitación defender moralmente una unidad nacional construida por la historia, la cultura y la voluntad constitucional, y que ha permitido la creación de un Estado democrático y de Derecho? Con otros términos, y para que pueda apreciarse mejor la objetividad de la pastoral, cabe señalar que la Conferencia Episcopal ha recogido el criterio del derecho internacional sobre la autodeterminación y la conservación de la integridad territorial de los Estados, constatando que España es un estado democrático en el que no hay minorías sojuzgadas ni colonizadas a las que pudiera amparar el derecho a la secesión. Por eso, las opiniones críticas vertidas en Barcelona contra el documento de la Conferencia Episcopal, en las que subyace esa tendencia segregacionista tan arraigada en los sectores religiosos identificados con losnacionalismos, yerran doblemente: primero, por no asumir la realidad histórica y democrática de España; y segundo, por negar al episcopado español lo que se atribuyen a sí mismos, es decir, el derecho y el deber de juzgar con criterios pastorales el debate sobre la unidad de España. CHÁVEZ, EL PADRINO L O que le faltaba al proceso de paz es que ETA albergara la esperanza derecuperar un santuario en Iberoamérica donde pueda volver a refugiar a sus terroristas, captar fondos y atraerse a las opiniones públicas del continente para entorpecer la cooperación judicial. Independientemente de que en apariencia el presidente venezolano, Hugo Chávez, haya rectificado sobre la marcha, lo cierto- -y lo grave- -es queuna vez más haya estadodispuesto adar otra buenanoticia a los etarras otorgando importantes indemnizaciones a dos terroristas y la concesión de la nacionalidad a otros cuatro para evitar su entrega a la Audiencia Nacional. De haber actuado así, como realmente pretendía, Chávez, en su acreditado papel de padrino de terroristas, habría abierto una brecha en el cerco internacional a ETA que tanto costó cerrar precisamente en países como México, Uruguay y la propia Venezuela. El auge del izquierdismo populista en la región y el liderazgo de Chávez sobre sus discípulos en la revolución bolivariana deben alertar seriamente al Gobierno español sobre un efecto en cadena que acabe desmantelando este gran avance de la política antiterrorista de Aznar. Otra cosa es que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero demuestre más fuerza diplomática y autoridad moral para frenarlo. Lo primero está en precario por el balance de su gestión exterior, sobre todo en Iberoamérica, donde España está fuera de órbita desde que el Gobierno socialista se abrazó al eje Castro- ChávezMorales. Y lo segundo- -la autoridad moral- -está destrozada por las contradicciones internas en las que ha incurrido la gestión del proceso de negociación con ETA. Si el presidente del Gobierno no ha dudado en hablar bien de Otegi y de De Juana Chaos, estando ambos a disposición judicial por delitos terroristas; si los dirigentes del socialismo vasco están todos los días pidiendo a los jueces y fiscales que sean sensibles a la tregua de ETA y apliquen la ley con flexibilidad; y si el PSOE dice del PP que tiene ganas de que se rompa la tregua cada vez que pide que se cumpla la Ley de Partidos Políticos, no es extraño que un sujeto como Chávez haga su propia lectura de los acontecimientos y de las intenciones del Ejecutivo español, y eche una mano al proceso de paz El problema es que España, desde los cambios a ninguna parte impuestos por el PSOE a su política exterior, ha perdido respeto internacional. Logros parciales, como conseguir que Chávez haya bloqueado in extremis decisiones ya tomadas en favor de seis etarras, no deben impedir más contundencia y dignidad diplomática de Zapatero para impedir en el futuro no ya vergonzantes favores a terroristas, sino que siquiera se piense en esa posibilidad. OCO tiempo ha tardado la nueva Entesa catalana en repetir los errores del primer tripartito. Mientras Joan Saura se resiste a hacer cumplir la ley en el caso de los okupas Puigcercós ha querido celebrar su regreso político al Gobierno de Cataluña ordenando retirar la bandera española de la sede del departamento de Gobernación, en la vía Laietana barcelonesa. Menos mal que José Montilla ha estado acertado y rápido de reflejos, exigiendo sin dilación a su consejero el cumplimiento estricto de la ley en una materia tan sensible. Es digna de elogio la firmeza del presidente de la Generalitat, tanto por razones jurídicas, dada su condición de representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma, como políticas, al transmitir un mensaje de respeto a los símbolos comunes a todos los españoles. Su decisión representa también una maniobra inteligente como jefe de un Gobierno heterogéneo y en el que algunos pueden estar tentados de hacer la guerra por su cuenta si perciben que el líder vacila o actúa con tibieza. Con decisiones de esta naturaleza, se pone en valor el discurso de investidura, en el que Montilla prometió dejar de lado los debates identitarios en favor de la gestión eficaz de los asuntos públicos. Debería saberlo Puigcercós, miembro de un Ejecutivo que obtuvo la confianza del Parlamento catalán con un programa que relega a un merecido plano secundario los gestos sin sentido, como esta retirada ilegal de la bandera. Aunque han mejorado claramente las formas con respecto al pacto del Tinell, el tripartito catalán sigue siendo un conglomerado de intereses dispersos y difíciles de gestionar para el PSC. Es la consecuencia lógica de un pacto con partidos de ideología radical y manifiestamente contrarios al sistema, como es el caso de ERC. Dejando a un lado la ilicitud política de aliarse con grupos que no acuden de forma sistemática a los actos oficiales relativos a la Constitución, la bandera no es un asunto menor; de hecho, los nacionalistas de todos los partidos dieron la batalla en la tramitación del Estatuto hasta conseguir que la enseña regional fuera reconocida- -al igual que el himno- -como un símbolo nacional de Cataluña. Pero aquí no se trata, por cierto, del preámbulo, sino de un precepto integrado claramente en la parte dispositiva. Montilla va a tener trabajo para intentar que sus consejeros asuman, como ha dictado el Tribunal Constitucional, que los titulares de cargos públicos tienen el deber de actuar positivamente en el cumplimiento de la norma fundamental, y que no pueden limitarse a su acatamiento pasivo, mucho más desde un departamento como el de Gobernación, con importantes competencias políticas e institucionales. La experiencia de Puigcercós en el Congreso de los Diputados tendría que haberle servido para comprender la distancia que media entre una reunión informal con los colegas de partido y los deberes inherentes a un cargo de alta responsabilidad. Esta vez, Montilla se ha impuesto con claridad, tanto en el fondo como en la forma.