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4 OPINIÓN MARTES 5 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar SAURA, LA LEY Y LOS OKUPAS L estreno de Joan Saura, líder de ICV- EV, como consejero de Interior de la Generalitat llega rodeado por la polémica. Las afinidades ideológicas que su grupo político mantiene con los okupas y otros activistas antisistema no son fáciles de conciliar con la responsabilidad sobre el orden y la seguridad ciudadana. De hecho, la pasividad de los agentes ante la okupación el pasado sábado, de una fábrica en Barcelona es la primera muestra de que el reparto de poder en el tripartito puede causar serios problemas a José Montilla. La oposición contra el sistema, no exenta de agresividad, es el último refugio de una extrema izquierda que carece de discurso político. Reventar las reuniones del G- 8, tomar las calles de forma violenta en contra de la globalización o destruir el mobiliario urbano y los comercios que encuentran a su paso son actos intolerables en una sociedad democrática. La ocupación ilegal de inmuebles es, en este sentido, una de las actividades más llamativas de estos grupos marginales, capaces de hacer mucho ruido y de causar importantes daños patrimoniales. Así lo considera el Código Penal vigente- -aprobado en 1995, con el impulso de un gobierno socialista- cuyo artículo 246 sanciona como delito la conducta del que ocupa una cosa inmueble y, en particular, del que ocupa, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificios ajenos que no constituyan morada o bien se mantenga en ellos contra la voluntad de su titular. El tipo penal está muy claro y, por tanto, los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen el deber inexcusable de impedir tales conductas y poner a disposición de los jueces a quienes no cumplan la ley. Aunque menos agresivo en las formas que su antecesor, el nuevo tripartito catalán no puede ocultar el carácter radical de sus integrantes. El PSOE y el propio PSC deberían ser conscientes de las consecuencias de contar con socios como ERC, que rechazan el modelo territorial y la forma de gobierno o que hacen guiños a la marginalidad ideológica, impropios de una sociedad moderna, como en el caso que nos ocupa. Aunque operan en toda España, es notorio que los grupos antisistema actúan con especial preferencia en Cataluña. Algunas autoridades tienden a mirar hacia otro lado ante el temor a perder una supuesta aureola progresista. La suspensión reciente de una reunión europea de alto nivel ante el temor de posibles incidentes es la mejor expresión de lo que no debe hacerse. Cumplir la ley y respetar el orden público propio de una sociedad democrática- -como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos- -son deberes inherentes a los gobernantes en un Estado de Derecho. El consejero Saura debe ser consciente de sus obligaciones y no dejarse llevar por querencias ideológicas que encubren la realización de actos inaceptables para la convivencia. E LECTURA SECTARIA DE LA CONSTITUCIÓN L Partido Socialista ha perdido el rumbo en el debate de las ideas. El documento titulado Constitución, laicismo y educación para la ciudadanía es fiel reflejo de una concepción rancia y anquilosada de la izquierda política, impropia de un partido que se dice socialdemócrata y gobierna en un país desarrollado. El análisis ideológico del texto revela la pobreza conceptual de sus autores y- -lo que es peor- -el sectarismo trasnochado que inspira a ciertos ideólogos que suscriben el proyecto de Rodríguez Zapatero. Algunos lugares comunes sobre la Transición, tiempo de consenso para un pueblo ávido de libertad y democracia no se corresponden con la práctica de un Gobierno empeñado en excluir al centro- derecha. La referencia a la Constitución como marco de convivencia es correcta, pero incongruente con la quiebra del modelo territorial y la alianza con partidos radicales. En fin, tampoco es acertado comparar la etapa republicana con la actual por razones al alcance de cualquier ciudadano dotado de sentido común. El documento pierde definitivamente la brújula cuando plantea una extraña mezcla entre laicidad libertad de conciencia y fenómenos migratorios, cuyo planteamiento y desenlace conduce a un resultado absurdo. En efecto, el multiculturalismo es incompatible con el Estado laico que allí se predica porque supone la aceptación de comportamientos basados en dogmas que pueden ser incompatibles con los derechos y libertades fundamentales. Asumir que una práctica cultural que humilla a la mujer o alienta la violencia debe ser aceptada en nombre de la tolerancia supone admitir la más flagrante discriminación en un sistema que cuenta con la libertad y la igualdad como señas de identidad. Lo peor de todo es que el documento da a entender que el enemigo a batir es una concepción religiosa que rechaza el aborto o el matrimonio entre personas E del mismo sexo. Esto es, parece que la Iglesia católica (mencionada expresamente en la Constitución por su evidente arraigo histórico y social) es el obstáculo que sería preciso remover para alcanzar la libertad de conciencia y esa supuesta pluralidad de códigos éticos La falacia argumental encierra una grave falsedad. El cristianismo ha sabido evolucionar hacia el mundo moderno sin modificar en lo más mínimo sus principios constitutivos. Otras confesiones, en cambio, conciben la democracia como un pecado de soberbia ante el poder absoluto de la divinidad y proclaman la exclusión- -cuando no la persecución- -de los infieles. No parece que tales planteamientos perturben el razonamiento monolítico de los ideólogos socialistas. Al menos, hay una confesión de parte que simplifica la polémica sobre la Educación para la Ciudadanía Está claro que la asignatura recién inventada va a estar inspirada por estos prejuicios relativistas y multiculturales, lo que justifica el rechazo de buena parte de la comunidad educativa. Por lo demás, el texto juega con argumentos teóricos de una izquierda ya pasada de moda, tales como el mínimo común ético constitucional o la idea de ciudadano activo y participativo. A estas alturas, se trata de tópicos sin contenido preciso. Fomentar la ciudadanía como eje de la democracia es una obviedad cuya base doctrinal está en ese equívoco republicanismo cívico que tanto gusta al presidente del Gobierno, aunque al menos se elude la denominación original para no introducir la confusión sobre las formas de gobierno. Hace tiempo que la moderna socialdemocracia ha abandonado el discurso laicista y que cuestiona esa fantasía multicultural que complica un enfoque correcto del problema de la inmigración, que los partidos serios se plantean hoy día en todas partes sin demagogia ni oportunismo. Parece, no obstante, que los socialistas españoles prefieren mirar al pasado para desarrollar una lectura ideológica y sectaria de la Constitución de todos. CHÁVEZ, EL PRESIDENTE PERPETUO ON su victoria electoral del domingo, Hugo Chávez empieza a dar forma a su proyecto de convertirse en dirigente vitalicio de Venezuela, amparado por una legitimación democrática superficial que le ahorre las molestias de la crítica internacional: lleva en el poder desde febrero de 1999, ha obtenido un nuevo mandato hasta 2013, que debería ser el último según la Constitución que hizo a su medida, y ya ha anunciado que una de las primeras normas que piensa reformar será la limitación correspondiente para llegar a mantenerse como poco hasta el año 2021 y cumplir así su sueño de celebrar personalmente el bicentenario de la batalla de Carabobo con la espada del libertador Simón Bolívar en la mano. Mientras los precios del petróleo se lo hagan posible, Chávez se puede permitir una política populista que, adecuadamente mezclada con un lenguaje revolucionario, propio de otros tiempos, le proporciona un inmenso caudal de votos. Como resultado, se agravará la división política del país y la economía productiva- -la que no depende del petróleo- -continuará su carrera hacia el abismo. Sus ingerencias, más o menos públicas, en todo el continente para favorecer la emergencia de líderes que difundan sus ideas se mantendrán como el norte de su política exterior. Venezuela va a seguir despilfarrando los mejores años de ingresos petroleros para que Chávez pueda hacer realidad sus fantasías históricas C El candidato perdedor, Manuel Rosales, probablemente sabía de antemano que resultaba muy difícil vencer una estructura político- militar bien organizada y que usa y abusa sin escrúpulos de los mecanismos del Estado, los pocos que aún quedan y que no han sido transferidos a la esfera de acción personal del presidente. Como programa, hay que reconocer que lo que prometía el gobernador del Estado de Zulia- -más dádivas, aunque con otra forma de utilizar el dinero público- -tampoco era lo que necesita en estos momentos un país como Venezuela, pero al menos ha logrado mantener la unidad de la oposición a Chávez, cuya disgregación había sido hasta ahora su talón de Aquiles. Preservando activamente esta unidad bien forjada, Rosales puede ser más útil a los venezolanos que retirándose otra vez a sus cuarteles de invierno para vivir también de las rentas petroleras en su feudo. En Iberoamérica ha habido otros regímenes, como el del PRI mexicano- -acertadamente considerado como la dictadura perfecta que tardaron casi setenta años en ser vencidos democráticamente. Si los adversarios de Chávez no hubiesen cometido tantos errores, ahora no estarían pensando en estos términos. Pero no les queda otro remedio que perseverar en la unidad y en el ejercicio democrático de la oposición si quieren salvar a su país, algún día, de los delirios de Chávez.