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4 OPINIÓN LUNES 4 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar UN TORY DE NOTTING HILL S LOS PLANES DE BATASUNA S I ETA pudiera reconstruir electoralmente a la izquierda abertzale para presentarla a los próximos comicios locales y municipales de 2007, podría acabar controlando un total de 1.500 millones de euros durante la nueva legislatuta, para lo que sería suficiente que repitiera los resultados de 1999 en el País Vasco y Navarra. Con esos fondos, el entramado batasuno podría subvencionar las visitas familiares a los presos etarras, las actividades de grupos juveniles y culturales de la izquierda proetarra, promover actividades de adoctrinamiento y emplear a presos de ETA excarcelados. Es decir, lo mismo para lo que ha utilizado los fondos públicos durante el tiempo en que fue legal. Lo que demostró el giro radical de la política antiterrorista en 2002, con la suspensión cautelar de Batasuna y la decisión del Parlamento de instar su disolución, fue que todas las fuentes de financiación de la izquierda proetarra afluían a la caja única que necesitaba ETA para costear sus diversos frentes estratégicos. El corte de los flujos económicos- -tan detalladamente planificados en la estrategia etarra reflejada en el proyecto Udaletxe con motivo de la aplicación de la Ley Partidos y la inhabilitación electoral de Batasuna, supuso para ETA el hecho decisivo para inclinar la balanza a favor del Estado y romper ese empate infinito con el que los terroristas pretendían, más que derrotar al Estado, sentarlo en una mesa de negociación política. Por eso es fundamental que el Gobierno y la Fiscalía sellen cualquier fisura que ETA pudiera aprovechar para regenerar su estructura en las instituciones democráticas. La Ley de Partidos Políticos es taxativa en la interdicción del fraude de ley, lo que no permite la concurrencia electoral a un partido, coalición o agrupación de electores que dé continuidad a un partido previamente ilegalizado. El precedente que importa no es Aukera Guztiak, simple señuelo que puso la izquierda proetarra para distraer la atención; sino el del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) al que el Gobierno y la Fiscalía inmunizaron frente a la Ley de Partidos y gracias al cual ETA logró nueve escaños en el Parlamento vasco. Luego, la Audiencia Nacional incoó diligencias contra el PCTV en las que varios de sus dirigentes están imputados y procesados por integración o colaboración con ETA. A pesar de estas decisiones judiciales, el Gobierno y la Fiscalía no han demandado su ilegalización. En su último boletín o zutabe ETA señalaba que la izquierda abertzale tenía como reto la presentación de candidaturas en los próximos comicios. No era un análisis. Era una orden. Y es así como todos los emplazamientos cándidos del Gobierno a Batasuna para que presenten unos estatutos aceptables- -que permitan la existencia de una izquierda proetarra blanqueada -chocan con el sentido que dan los terroristas a este alto el fuego. ETA no magnifica la importancia de estar o no en las instituciones para ganar plataformas de actuación y fuentes de financiación e información. Para ETA lo fundamental es estar en las instituciones como estaba hasta 2003, es decir, con unos testaferros que cumplen sus órdenes y no juegan a demócratas condenando la violencia. Para algunos, eso que se llama apuesta por las vías políticas es una monserga que Batasuna, cuando se llamaba Euskal Herritarrok y antes Herri Batasuna, la había reiterado tantas veces como ha creído oportuno. Por eso, una legalización como la que el Gobierno necesita para abrir formalmente la mesa de negociación política supondría para ETA acatar el marco jurídico constitucional y estatutario, algo inaceptable para una organización terrorista que nunca dará un paso de autodeslegitimación. Además, por paradójico que resulte, Batasuna es consciente de que su ilegalidad es lo que la pone en valor frente al Gobierno y el PSOE, porque si no fuera, como es, una parte de ETA, y condenara la violencia y se desvinculara completamente del terrorismo, sería una formación más de izquierda nacionalista, sin valor añadido para un proceso de paz Y si no hay legalización, para el Gobierno- -que ya ha hecho mucho con una Batasuna fuera de la ley- -es imposible, desde todo punto de vista, dar un paso relevante en el proceso de negociación, salvo que optara directamente por el suicidio político en una cascada de desistimientos unilaterales. Esta confusión, creada por la suma de los graves errores del Gobierno y la astucia de los proetarras al calcular las contradicciones ajenas, se despejaría volviendo a los rectos principios de la política antiterrorista: aplicación de la Ley de Partidos Políticos y unidad democrática con el PP 1931, LECTURA INTEGRAL IERTOS sectores del PSOE siguen empeñados en formular propuestas ideológicas radicales y trasnochadas. Es el caso delos redactores deldocumento Constitución, laicidad y educación para la ciudadanía inspirado en planteamientos rancios que dejan en mal lugar las opiniones de otros sectores del partido más próximos a la moderna socialdemocracia. Aunque López Aguilar diga que el Gobierno nunca ha sido un comecuras algunos socialistas siguen confundiendo laicismo con laicidad, en flagrante contradicción con el artículo 16 de la Constitución, según el cual, aunque ninguna religión tendrá carácter oficial, los poderes públicos deben mantener relaciones de cooperación con las diversas confesiones, con especial referencia a la Iglesia católica. El documento que va a presentar Álvaro Cuesta, secretario de Libertades Públicas del PSOE, vuelve también a la carga en materia de revisionismo histórico y se empecina en comparar la Constitución de 1931 con la de 1978 como hitos en la historia de la democracia española. Se trata, sin embargo, de realidades muy distintas. La Segunda República, recibida con notable ilusión, fue un régimen convulso, marcado por la fractura social y política, que culminó en una trágica guerra civil. En cambio, la Constitución vigente es el fundamento jurídico- político de una etapa deéxito colectivo, quesóloel egoísmo insoli- C dario de algunos y el oportunismo de otros podría llevar a situaciones conflictivas en contra de la voluntad de una inmensa mayoría de ciudadanos. Enfoques partidistas como el que refleja este documento contribuyen a crear un ambiente poco propicio al consenso democrático sobre las grandes cuestiones, lo mismo que ocurre con la desafortunada Ley de la Memoria Histórica o con la alianza con partidos radicales que cuestionan sin escrúpulos la forma de Estado y de Gobierno. La Constitución de 1931 tenía algunas virtudes queel socialismo actual parece no tener muy en cuenta. Según su artículo 4, el castellano se proclama idioma oficial de la república, añadiendo- -como el actual artículo 3- -la obligación desaberlo y el derecho de usarlo de todos los españoles. Terminaba con una regla muy precisa: salvo disposición de una ley especial, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. El PSOE tendría que reflexionar sobre la distancia que separa dicha norma de la regulación actual en el Estatuto catalán. Tampocoestaría demás comparar la referencia en el preámbulo a la nación catalana con los términos inequívocos del textode 1931: Estado integral regiones autónomas y posibilidad de las provincias de renunciar a su integración en una región. No es lícito tomar una constitución a beneficio de inventario y quedarse sólo con lo que conviene. E nota a los conservadores con ganas de volver a Downing Street desde que eligieron a David Cameron como líder político. Después de diez años en la oposición, tres derrotas sucesivas y cuatro liderazgos fallidos, están muy cerca de conseguirlo. Por lo pronto, las encuestas dan como segura su victoria sobre los laboristas si se celebrasen ahora mismo unas elecciones generales. En apenas un año, los tories han cambiado su semblante y su disposición de ánimo. Han dejado atrás el ensimismamiento en el que vivieron mientras se empeñaron en añorar los éxitos electorales de los años 80 y 90, y eso les ha permitido recuperar no sólo la confianza en ellos mismos, sino, incluso, afrontar rupturas simbólicas con el pasado que encarnaba el legado ideológico thatcheriano. De este modo, en muy poco tiempo han sido capaces de superar la sensación de orfandad política, parálisis y agotamiento programático en el que estuvieron atrapados desde que Tony Blair noqueó en 1997 con su nuevo laborismo casi dos décadas de hegemonía conservadora. Hoy, por fin, los conservadores miran hacia el futuro con optimismo. Apuestan y trabajan por él. Aspiran a gobernar el Reino Unido de la mano de un conservadurismo renovado, imaginativo y audaz en muchos temas, tanto en los mensajes como en el estilo y las propuestas. Se reivindican, sin complejos, como el partido de la libertad, pero de una libertad asentada en el siglo XXI. En este sentido, sus registros liberales se han ampliado. Han superado tabúes thatcherianos en torno a la promoción social de la igualdad de oportunidades, apuestan por la ecología y la excelencia educativa, defienden la lucha contra la pobreza y proyectan una mirada política acerca de la sociedad que está desprovista de anteojeras morales y prejuicios decimonónicos. De ahí que reclamen su derecho a enorgullecerse de vivir en una sociedad que es cada vez más compleja y plural, pero al mismo tiempo no estén dispuestos a renunciar a que se exija seguridad y realismo a la hora de encarar con éxito los retos que soportan las sociedades abiertas entrado el siglo XXI. Todo esto lo ha conseguido David Cameron y, con él, la generación política que lidera dentro de su partido, y de la que forman parte nombres como George Osborne, Rachel Whetstone y Steve Milton. Bautizados como los tories de Notting Hill- -el barrio londinense en el que vive el propio líder conservador- han impuesto un estilo centrado y liberal que no sólo ha logrado doblegar las resistencias de los sectores más tradicionales del partido conservador, sino que ha podido ampliar su base electoral entre las clases medias urbanas e, incluso, amplias capas de la juventud universitaria y cibernauta. Con tan sólo cuarenta años, Cameron ha sabido así ser fiel al lema que le dio la victoria dentro de su partido, Cambiar para ganar Ha podido modernizar la imagen de los tories y reflejar los cambios vividos por la sociedad británica en los últimos años. Ahora habrá que ver si su estilo moderado y pragmático se consolida como alternativa real y, finalmente, puede vencer a un laborismo que se muestra cada vez más en retirada.