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28 ESPAÑA VIERNES 1 s 12 s 2006 ABC nado y en el Congreso de los Diputados, esta es la arquitectura que presenta la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia: Nace un nuevo derecho subjetivo. Cuando una persona, por circunstancias de la vida o por la edad, no pueda valerse por sí misma para realizar actividades básicas de la vida diaria- -comer, levantarse, cuidar su aseo o caminar- -las administraciones públicas se encargarán de atender esas necesidades, a través de una red de servicios y prestaciones que se denominará Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) Las personas con una discapacidad intelectual o con enfermedad mental tendrán derecho a que se les facilite los apoyo necesarios para lograr mayor autonomía personal. Principios. La red de servicios y prestaciones tendrá carácter público y universal y será igual para todo el país, independientemente del lugar de residencia. En esta red colaborarán tanto los servicios sociales como sanitarios, públicos y privados, y también participarán organizaciones del tercer sector. Serán atendidos de forma preferente los grandes dependientes (223.457 personas en 2007) y se intentará siempre que sea posible que los usuarios permanezcan en el entorno donde desarrollan su vida. Jesús Caldera junto a María Teresa Fernández de la Vega, ayer, en los pasillos del Congreso de los Diputados CHEMA BARROSO Gobierno y comunidades decidirán si tener vivienda habitual influye en el pago de los servicios al dependiente El Congreso de los Diputados aprobó ayer la ley de Dependencia, que entrará en vigor el próximo 1 de enero y atenderá en 2007 a más de 200.000 personas M. J. PÉREZ- BARCO MADRID. Antes de entrar en vigor, el próximo uno de enero, la ley de Dependencia, que ayer fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, nace con cuestiones de gran calado social sin resolver y con grandes lagunas que quedarán pendientes para los meses venideros. Una de las iniciativas más trascendentales, que ayer centró la atención en el hemiciclo de la Cámara Baja, consiste en conocer cuál será la aportación que pagará el usuario cuando utilice el servicio que necesite del futuro Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) La ley aprobada ayer recoge que este copago se medirá por la capacidad económica sólo del solicitante, teniendo en cuenta su renta y patrimonio, y no por la de la familia. El debate se centra ahora en saber si dentro de ese patrimonio se incluirá la vivienda habitual, ya que la norma, en cierto modo, deja abierta esa posibilidad al criterio de un futuro Consejo Territorial. Este será un órgano que se constituirá desde enero a marzo y donde estarán representantes de diversos ministerios y de las comunidades. El Consejo decidirá la aportación que deberá realizar el usuario por el coste del servicio. Y podría aprobar que la vivienda habitual compute, o no, a la hora de pagar. De hecho, la diputada socialista que defendió la ley en el hemiciclo, Mari Sol Pérez, explicó que la intención del Gobierno es que la persona dependiente se quede en su propia casa, por tanto no se tendría en cuenta la vivienda habitual. Sin embargo, en el caso de personas, por ejemplo, solas, sin familia y que precisan una residencia, sí contaría la vivienda Todo el peso para desarrollar la ley recae a partir de enero sobre el Consejo Territorial. También deberá definir otras cuestiones básicas como cuál es el baremo para establecer quién es o no dependiente y en qué grado, y cuáles serán las cuantías de las prestaciones económicas que la Administración paguen a los usuarios. A pesar de que todavía falten todos esos flecos por resolver, se estima que el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia se ocupará de 1,2 millones de españoles en 2015, tras una implantación progresiva que se acometerá en los próximos ocho años. Pero esa cifra tiene todos los visos de ampliarse, pues el envejecimiento de la población española es ya un proceso imparable. La ONU calcula que en 2050 nuestro país será el segundo más viejo del mundo. Tras su tramitación en el Se- Beneficiarios. Todos los españoles que se encuentren en una situación de dependencia en los grados que recoge la ley. Se incluye explícitamente a los menores de tres años, que tendrán una valoración específica. Grados de dependencia. Existen tres niveles. Se considera dependencia moderada cuando una persona necesita ayuda para realizar actividades básicas de su vida diaria, al menos una vez al día. Severa, cuando precisa ayuda dos o tres veces al día. Y gran dependencia si ha perdido toda la autonomía y es imprescindible un cuidador de forma continua. En el caso de discapacitados intelectuales hay también Zapatero defendió la ley en lugar de Caldera En lugar del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió ayer la ley de dependencia en el Congreso de los Diputados, prodigando toda una serie de beneficios que reportará a la sociedad y reconociendo ante la Cámara que ha sido fruto del esfuerzo de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, la norma no convence de la misma forma a unos y otros. PNV y CiU, por ejemplo, han mantenido durante toda la tramitación parlamentaria que la ley invade competencias autonómicas en materia de servicios sociales. Y ayer se lo dejaron muy claro a los socialistas. De hecho, el diputado catalán, Carles Campuzano explicó a un grupo de periodistas que vamos a pedir, a través del Parlamento de Cataluña, que el Tribunal de Garantías Estatutarias, estudie si esta ley presenta indicios de inconstitucionalidad Tampoco al PP le termina de convencer una ley que incluye el patrimonio de los usuarios para éstos paguen parte de los servicios que utilicen. No obstante, el apoyo fue unánime por parte de ERC e IU.