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ABC VIERNES 1 s 12 s 2006 La corrupción urbanística s Caso Ciempozuelos ESPAÑA 21 El juez lamenta que el retraso en la labor policial beneficie a los dos ex alcaldes Los dos responsables del Sepblac culpan al agente Novoa de la paralización en la investigación de la trama de Ciempozuelos M. OLIVER C. HIDALGO MADRID. Los dos responsables de la Comisión de la Prevención del Blanqueo de Capitales, Mario Jiménez y Miguel García, señalaron ayer al agente Vicente García Novoa como único responsable del retraso en la investigación policial del caso Ciempozuelos Si hace quince días fue el propio Novoa quien declaró ante el juez que en todo momento recibió órdenes de sus superiores de no investigar la trama hasta nuevo aviso, ayer fueron sus jefes quienes le señalaron como autor de dicha paralización. En una declaración muy medida, controlada y- -como apuntan fuentes de la investigación- -perfectamente estudiada el actual responsable del Sepblac (Miguel García) afirmó que las primeras informaciones sobre el viaje a Andorra de los dos ex alcaldes socialistas (Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón) las conoció el 14 de septiembre cuando le reclamó a Novoa la documentación. Dicha información, según apuntó el agente en su momento, la recibió en mayo de manos de su entonces superior, Mario Jiménez. En su declaración ante el juez Agustín Carretero, Jiménez, sin embargo, manifestó que en el momento en el que le pasó el dossier a Novoa, según apuntan fuentes de la investigación, le solicitó que continuara con sus averiguaciones. El ex responsable del Sepblac, en este caso, dijo desconocer por qué Novoa tuvo paralizada la investigación. Esta serie de acusaciones mutuas llevó ayer al juez a lamentar que el retraso de cuatro meses en la investigación policial haya podido beneficiar a los dos ex alcaldes de Ciempozuelos. Lo que resulta evidente- -apunta Agustín Carretero en su auto- -es que los principales beneficiarios de un presunto retraso o falta de diligencia en la investigación, son los imputados señores Torrejón y Tejeiro, sin olvidar a Esprode (la promotora) que pudieron operar sin obstáculos durante meses, incluso para retirar y ocultar, como en el caso de Tejeiro, 106.000 euros, a pesar de la constancia documental de que es un dinero procedente de un presunto delito Por otra parte, el juez quiso indagar ayer sobre cómo se produjo el cese del responsable del Sepblac, Mario Jiménez, el cual fue destituido al día siguiente de recibir de Andorra la información sobre los dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos. Según apuntan fuentes de la investigación, Jiménez relató ayer que tras 23 años en la Brigada, fue el 9 de mayo cuando a las 21.29 horas recibió un SMS en el que se le requería al día siguiente en el despacho del comisario general de la Policía Judicial para que le comunicara su traslado. Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón, en los juzgados CHEMA BARROSO Las diferentes versiones sobre el examen pericial de la firma de Esprode Las acusaciones del PSOE y del PP no se ponían ayer de acuerdo sobre si la Policía Científica ha elaborado ya su informe sobre la autenticidad o falsedad de la firma del presidente de Esprode que aparece en el contrato del pelotazo Mientras que el letrado del PSOE aseguraba ayer que el informe pericial ya se ha emitido, delatando la falsedad de la rúbrica de Francisco Javier Castillo, el representante legal del PP negaba que hubiese una resolución sobre este asunto, por lo que descartaba que, por el momento, pudiera decirse que la firma no era auténtica. Fuentes de la promotora Esprode indicaron que aún no habían recibido noticias sobre el dictamen pericial, aunque se mantuvieron en su tesis de que la firma de Castillo fue falsificada por el ex alcalde socialista Joaquín Tejeiro. Los dos comisarios imputados que declararon ayer ante el juez expresaron su extrañeza sobre una posible veracidad del documento. De operaria a analítica Jiménez considera que su traslado es arbitrario que no le dejaron despedirse de sus compañeros- -lo tuvo que hacer por correo electrónico- -y que las únicas explicaciones que recibió fue que sus superiores pretendían que la Brigada dejara de ser operativa, para convertirse en analítica. Roca responsabiliza a Muñoz de dar la licencia al hotel Guadalpín JOSÉ MARÍA CAMACHO MÁLAGA. El ex gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de la trama de corrupción marbellí, responsabilizó a Julián Muñoz de dar la licencia al hotel Guadalpín, que pertenece al grupo Aifos, investigado por el juez Miguel Ángel Torres en el caso Malaya Roca declaró ayer como imputado por un delito de tráfico de influencias en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción relacionada con el Hotel Guadalpín. La querella hace referencia a la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y una filial de Aifos para aumentar la edificabilidad en el establecimiento hotelero. Roca, encarcelado en Albolote (Granada) por la Malaya llegó esposado a los Juzgados de Marbella sobre las nueve de la mañana en un furgón de la Guardia Civil y declaró durante una hora. El abogado del acusado, José Anibal Álvarez, señaló que su cliente ha rechazado ante el juez haber participado en dicho convenio. Afirmó que Roca no dio ninguna orden para aumentar la edificabilidad del hotel, ya que la licencia fue aprobada por decreto de la alcaldía. También destacó que después hubo una orden de paralización debido a unos informes técnicos, además de unos precintos y desprecintos al hotel Guadalpín. El abogado de Roca resaltó que todos los testigos e imputados en el caso han negado que el ex asesor de Urbanismo participara en los hechos. La denuncia contra Roca, y contra Julián Muñoz fue presentada por la comunidad de propietarios de viviendas colindantes al hotel. En estas diligencias ya declaró como testigo el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Jorge González, así como la ex asesora del departamento jurídico de Urbanismo Raquel Escobar, y la ex coordinadora de la asesoría jurídica María Castañón. Uno de los testigos declaró que cuando se firmó el decreto de primera licencia del hotel, González sabía que había informes que advertían de la posible ilegalidad.