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4 OPINIÓN VIERNES 1 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar HISTORIA CONTRA PROPAGANDA L Congreso sobre la Guerra Civil desarrollado esta semana en Madrid pretende terminar, según los organizadores, sin vencedores ni vencidos Es lo menos que cabe exigir a una reunión científica de historiadores, cuya misión es contar las cosas tal y como ocurrieron, aportando pruebas documentales y buscando el equilibrio razonable entre unos y otros testimonios. Los prejuicios ideológicos trasladados hacia el pasado convierten al historiador en un fanático que sustituye la razón por las pasiones. Por fortuna, ha habido aportaciones serias en el congreso recién clausurado que ofrecen una nueva luz sobre ciertos aspectos de aquel periodo convulso, aunque la ausencia de algunos investigadores reconocidos ha impedido plantear otros puntos de vista. En todo caso, es elogiable la apuesta por la objetividad y el rigor. En este sentido, el homenaje merecido a los hispanistas que han trabajado sobre nuestra historia sirve para reconocer el esfuerzo desplegado durante años por estudiosos norteamericanos, británicos, franceses y de otros países. Aunque cada uno tiene su posición intelectual y metodológica propia, la gran mayoría de ellos ha logrado mantener ese grado necesario de distancia que permite interpretar los datos y las actuaciones de unos y de otros sin convertir la historia en una película de buenos y malos. Durante mucho tiempo era imposible hacer historia de la Guerra Civil sin tomar partido. Hoy día, por fortuna, es el juicio inapelable de los hechos el que da y quita razones. Mientras tanto, el Gobierno- -presionado por sus socios radicales- -sigue adelante con el proyecto de ley de la sedicente memoria histórica aunque la reiterada petición de que se amplíe el plazo de enmiendas en el Congreso demuestra que el PSOE no sabe todavía cómo afrontar el problema. La memoria es una facultad estrictamente individual. En un Estado democrático no se admite la existencia de una verdad oficial propia de los regímenes totalitarios, sino que cada cual guarda sus propios recuerdos, producto de vivencias personales y familiares. De ahí el grave error que supone reabrir en nuestra sociedad un debate que la transición supo manejar desde el sentido común. No hubo desmemoria ni nadie ha cerrado los ojos al pasado, sino que la sociedad decidió mirar hacia el futuro y dejar en manos de los historiadores el análisis objetivo de aquel drama colectivo. Comete un grave error Rodríguez Zapatero al utilizar la Guerra Civil y el franquismo como parte de una estrategia partidista, tanto si se trata de hacer un guiño a los más extremistas como de poner en aprietos imaginarios al PP, que no tiene nada que ver- -por razones políticas y generacionales- -con etapas ya superadas de la historia de España. El homenaje rendido a los hispanistas marca en este sentido una línea de separación entre historia y propaganda que el Ejecutivo debería tener muy en cuenta para no reabrir heridas que terminan por salpicar a todos. E ASALTO NACIONALISTA AL TC U NO delos riesgos que entrañaba la aprobación del Estatuto de Cataluña era la generación de un efecto dominó en todo el sistema institucional para dar efectividad a la nueva configuración de las relaciones entre el Estado y la comunidad catalana. Las reformas del Poder Judicial pendientes en el Congreso ya reflejan el tributo a los pactos con los nacionalistas a través de los Consejos Autonómicos de Justicia, la inmersión lingüística de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, y el desapoderamiento del Tribunal Supremo. El PSOE ha dado un paso más, y no menos peligroso, al aceptar una enmienda de CiU, ERC e IU, por la que los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar al Senado sean seleccionados de entre los candidatos propuestos por las Comunidades Autónomas. Esta reforma se incluirá en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con ella se pagará el coste que ya reflejaba el artículo 180 del nuevo Estatuto de Cataluña, que impuso la participación de la Generalitat en los procesos de designación de magistrados del Tribunal Constitucional Falta hacer lo mismo con los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que se colmen las aspiraciones nacionalistas en relación con las instancias más altas de la jurisdicción del Estado. Esta enmienda pactada por el PSOE con los nacionalistas confirma que el Estatuto de Cataluña implicaba un cambio clandestino del sistema institucional del Estado. No era, por tanto, sólo una norma estatutaria ni su aprobación afectaba únicamente al ámbito catalán. Las consecuencias se corresponden con las críticas que recibió esta iniciativa conjunta del socialismo y del nacionalismo como primera piedra de una mutación del modelo constitucional de organización del Estado, que pasaba de ser autonómico a confederal. Es cierto que al seguir siendo necesaria- -por mandato de la Constitución- -una mayoría cualificada de tres quintos del Senado es improbable que un solo partido nacional pueda sacar adelante la designación de los cuatro magistrados, aun con el apoyo de los partidos nacionalistas, si no ha alcanzado un acuerdo con el principal partido de la oposición. En la actualidad, sin el PP no es posible renovación alguna. El problema de esta enmienda se sitúa en la intención política de dar a las comunidades autó- nomas una participación decisiva en las instituciones comunes del Estado para dar cuerpo a ese régimen confederal abierto con el Estatuto catalán, y que, por supuesto, no tiene reciprocidad gracias al blindaje absoluto de que goza el poder político de la Generalitat. Por otro lado, esta enmienda garantiza la discordia entre comunidades, pues de diecisiete candidatos sólo cuatro pueden ser designados, y no cabe duda de que las comunidades gobernadas por nacionalistas reclamarán del PSOE una cuota fija, pues la reforma está pensada para satisfacer sus reivindicaciones. Además, es dudosamente constitucional, porque el Senado pierde su soberanía para elegir libremente a los magistrados que le corresponden, limitando su papel al de mero seleccionador de candidatos ajenos, sin poder salirse de la lista que le presenten las asambleas autonómicas. Es razonable defender que toda capacidad de propuesta de nombramiento por una Cámara legislativa conlleva la discrecionalidad para elegir libremente a los candidatos. Y, en todo caso, es impertinente que a una institución de esta naturaleza lleguen magistrados con el sello autonómico Elpropósito político de esta reforma del Tribunal Constitucional se hizo también evidente con otra enmienda pactada por PSOE y PNV para atribuir a dicho Tribunal el enjuiciamiento de las normas fiscales aprobadas por las Diputaciones forales vascas, al amparo delConcierto Económico. Deesta forma, se establece una especie de aforamiento del concierto vasco ante el Tribunal Constitucional que elude el filtro del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del Tribunal Supremo, que han decidido en muchas ocasiones la nulidad de las vacaciones fiscales aprobadas por las instituciones forales. Por eso es también discutible su constitucionalidad, al convertir al Constitucional en un tribunal de justicia ordinaria. Dos reformas, por tanto, que convergen en transformar políticamente el TC para que seconvierta en una especie detribunal de arbitraje que administre la Constitución más con sentido de mera oportunidad o conveniencia que con criterios de legalidad. Una expectativa inquietante para una institución que tiene en sus manos la constitucionalidad de las leyes estatales y autonómicas y de las reformas estatutarias. REFERÉNDUM SOBRE NADA EN GIBRALTAR L OS gibraltareños hicieron ayer un estéril ejercicio electoral al pronunciarse sobre la reforma de un texto legal que pomposamente conocen como Constitución. En las formas, el Gobierno local que dirige Peter Caruana aspira a convertir este hecho en una manifestación práctica de soberanía de la población local- -y de paso, en un ejercicio plebiscitario del que beneficiarse políticamente- animando la discusión sobre el estatuto jurídico del territorio británico respecto a su metrópoli. Los diseñadores de esta inocente triquiñuela suponen que basta con un referéndum sobre algunos cambios en los aspectos cosméticos de las instituciones locales, diciendo en el enunciado que se hace ejercitando del derecho de autodeterminación para torcer el derecho internacional y demostrar que por arte de magia se han desprendido de algunos aspectos de su relación colonial con Londres, y que por ello están más cerca de una posible independencia. Es una maniobra cándida e insustancial porque las autoridades gibraltareñas no pueden cambiar aquello para lo que no están legitimadas. Gibraltar es una colonia dependiente del Reino Unido de Gran Bretaña desde 1713, según lo acordado en el Tratado de Utrecht, en el que se especifica sin ningún género de dudas que si en algún momento dejara de serlo, el Peñón volvería automáticamente, y sin discusión posible, a la soberanía española. Ni siquiera Gran Bretaña está en condiciones de cambiar unilateralmente el tratado de Utrecht; tiene que limitarse a respetarlo, como ha hecho España desde hace casi trescientos años. Este es el aprecio que hace Caruana a los gestos benevolentes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que equivocadamente- -como ahora queda más que acreditado- -le ha reconocido el papel de interlocutor diplomático del ministro de Asuntos Exteriores. La independencia que con tanto ahínco busca por extraños vericuetos una buena parte de los dirigentes políticos gibraltareños es una quimera, y harían bien en convencerse de ello cuanto antes, porque no encontrarán asideros ni en la Historia, ni en el Derecho Internacional, ni en la geografía. Y mucho menos, en el sentido común. Ya sabemos que hasta ahora se han mostrado muy diestros en el manejo torticero de algunas leyes para convertir esa ciudad en un reducto de la piratería financiera y el contrabando, pero no pueden esperar que nadie acepte esos subterfugios cuando se habla de la soberanía. La soberanía la ejerce Gran Bretaña y en el mismo segundo que deje de hacerlo, Gibraltar quedará bajo soberanía española. En eso no hay referéndum que valga.