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14 ESPAÑA La negociación ETA- Gobierno MIÉRCOLES 29 s 11 s 2006 ABC Un juez acusa a la Ertzaintza de ocultar pruebas en un caso de kale borroka El magistrado de Bilbao denuncia supuestos delitos de falsedad en documento oficial y contra la Administración de Justicia M. L. G. F. BILBAO. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao ha denunciado que la policía autonóma vasca le ocultó datos en el atestado realizado por la detención del joven de 18 años al que se relacionó en un principio con el intento de quemar vivos a dos policías en una manifestación de Segi, lo que le impidió perseguir como delito estos hechos. Asimismo, el juez acusa a la Ertzaintza de tratar de sustraer información que hubiera servido para atribuir un delito de terrorismo a uno de los detenidos en aquellos disturbios. Esta persona fue acusada por la policía vasca de desórdenes públicos sin ninguna vinculación con los actos de kale borroka El juez ha elaborado un auto muy crítico con la Ertzaintza, en el que se inhibe en el caso en favor de la Audiencia Nacional y en el que pide que se deduzca testimonio contra la policía autonómica vasca por la presunta comisión de los delitos de falsedad de documento público y contra la Administración de Justicia, este último por impedir la persecución de delitos y ocultación de datos, según informa Europa Press. policiales. El juez considera que ha existido obstrucción por parte de la Ertzaintza a la acción de la Justicia, que se han ocultado datos y se ha retrasado que se atribuya la competencia a la Audiencia Nacional cuando es el órgano competente para instruir la causa. El caso pasará a manos de Juan Del Olmo, con quien el magistrado ha estado en comunicación. Durante los incidentes que tuvieron lugar en Bilbao también se detuvo a un menor de edad, de 17 años, que ingresó en el centro de menores de Zumárraga. El TS reprocha a Garzón que no le enviara lo que le pidió sobre las herriko N. C. MADRID. La Sala Especial del Tribunal Supremo- -conocida como Sala del 61 -ha notificado una providencia en la que reprocha al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que no le haya remitido toda la documentación que le solicitó sobre las herriko tabernas El pasado 19 de octubre- -en ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna- el Supremo acordó hacer extensiva a las herriko tabernas la liquidación de los bienes de la formación política al entender que existen indicios suficientes sobre la conexión entre el patrimonio de estos establecimientos y ETA Batasuna. Entre otros acuerdos, la Sala solicitó a Garzón documentación relativa al sumario en el que este juez investiga si ETA se financia a través de las herrikos y a la administración judicial ordenada sobre ellas. El juez remitió una parte y, el pasado día 8, indicó al Supremo que mandaría el resto a medida que fuera localizando y fotocopiando los documentos entre los 232 tomos del sumario. La Sala del 61 que podría reunirse de nuevo en la primera semana de diciembre, contesta a Garzón que hay omisiones (faltan autos) le urge el envío de todos los documentos y rechaza pronunciarse, como éste pregunto, sobre la conveniencia de que mantenga o no la administración judicial. Desmentido del Gobierno vasco Por su parte, el Departamento vasco de Interior desmintió ayer las acusaciones del juez y negó que se hubierna producido irregularidades en el atestado realizado por la Ertzaintza el pasado 10 de noviembre. Igualmente, el Gobierno vasco desmintió que por parte de los ertzainas que elaboraron las diligencias se cometiera delito alguno relacionado con falsedad o que se impidiera a la Administración de Justicia la persecución de delitos o se le ocultaran datos. El Magistrado conoce per- Incidentes de la kale borroka el pasado día 10 en Bilbao fectamente desde el mismo inicio de la tramitación de las diligencias que todos los hechos relacionados con las imputaciones sobre participación en actos de violencia callejera que tuvieron lugar ese día en Bilbao fueron puestos por la Ertzaintza en conocimiento de la EFE Audiencia Nacional, tal y como establece la legalidad vigente afirmó Interior. Asimismo dice desconocer los motivos de la acusación formulada por el juez, por lo que estudiará la posibilidad de presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Ingreso en prisión En un primer momento, la Ertzaintza remitió un atestado sobre los hechos que rodearon la detención de este manifestante en el que le acusaban de un delito de desorden público al haber volcado un contenedor. Por este motivo, el juez ordenó su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 6.000 euros. Tras el pago, el arrestado salió en libertad. Ante la carencia de datos en el atestado, el juez, tras permanecer unos días ausente, pidió su ampliación. La policía vasca, por su parte, y siempre según los medios jurídicos aludidos por Ep, había realizado dos atestados, el segundo de los cuales había remitido a la Audiencia Nacional (por un supuesto delito de terrorismo) sin habérselo comunicado al instructor. De esta forma, el magistrado tuvo que requerir, bajo apercibimiento de desobediencia que se le facilitara una copia, que, finalmente, se le dio tras haber hecho comparecer en sede judicial a responsables A treinta centímetros Txapote afronta hoy su octavo y último juicio en la Audiencia Nacional, esta vez por el asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez NATI VILLANUEVA MADRID. Aquel 23 de enero de 1995 iba a ser un día más en la vida del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, quizá uno de esos que pasan sin pena ni gloria en la agenda política. Y mejor que hubiera sido así, que el 23 de enero de 1995 hubiera pasado de puntillas, sin hacer ruido, por la vida de Gregorio Ordóñez. Pero ETA cumplió su voluntad, la de los asesinos, e irrumpió en la vida del edil popular poniendo punto final a un futuro lleno de ilusiones y proyectos, como el de todos los que mueren a destiempo. Será difícil, si no imposible, que los que aquel día acompañaban a Gregorio Ordóñez puedan algún día olvidar cómo su compañero de partido y amigo cayó abatido en la misma mesa en la que compartían risas y charlas, en un local del casco viejo de San Sebastián. Será difícil que la hoy candidata popular al Gobierno vasco María San Gil pueda olvidar cómo dos etarras se aproximaron a la mesa de la que estaban a punto de levantarse y uno de ellos, sin mediar palabra, asestara un tiro a treinta centímetros- -y como siempre por la espalda- -de la cabeza del concejal donostiarra. Once años después del atentado, María San Gil tendrá que revivir aquella macabra escena, una de las que seguramente no ha conseguido ni consegui- rá borrar de su memoria. Y lo hará como testigo en el juicio que se celebra hoy en la Audiencia Nacional contra Francisco Javier García Gaztelu Txapote condenado ya por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco (a 50 años) Fernando Múgica (82) y Alfonso Morcillo (29) entre otros. El fiscal pide para este verdugo de ETA- -que afronta su octavo y último juicio en España antes de ser devuelto a Francia el próximo 15 de diciembre- -30 años de cárcel, al considerar que fue el autor material del crimen de Ordóñez. El etarra Valentín Lasarte, el que llevó a cabo los seguimientos del edil en los meses previos a su asesinato, será otro de los testigos en la vista hoy. Las confesiones policiales y judiciales de Lasarte han servido para sustentar muchas de las condenas de Txapote aunque todo apunta a que, como ha sucedido en los juicios anteriores, perderá súbitamente la memoria. Quienes dieron la orden son hoy los interlocutores B. TORQUEMADA MADRID. Mientras los etarras van a las mesas, las víctimas siguen yendo al psicólogo se lamentaba ayer la hermana de Gregorio Ordóñez, Consuelo, que hoy acompañará a Ana Iríbar, viuda del dirigente del PP asesinado en 1995, en la vista oral contra Txapote por ese crimen. Consuelo Ordóñez dice que no teme la cercanía física del etarra y añade que la espina que sí tenemos clavada es que se condenará a los que apretaron el gatillo, pero no a quienes dieron las órdenes, a los ideólogos. Ésos son considerados interlocutores