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4 OPINIÓN LUNES 27 s 11 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar ACERTADO ACUERDO PARA RTVE E EL PP Y LA CENTRALIDAD POLÍTICA L A solidez en los principios y la flexibilidad en las estrategias son las claves de los partidos de centro- derecha en una democracia madura. Sin rigidez ni dogmatismo, Mariano Rajoy está reforzando su apuesta por situar al PP en una posición de centralidad, desplazando hacia la izquierda a un PSOE muy presionado por sus aliados radicales. La opinión pública identifica en esta línea, entre otros líderes populares, a Javier Arenas, con su apuesta por el consenso en el Estatuto andaluz, y a Josep Piqué, que ha logrado mantener el tipo electoral en Cataluña. También a presidentes autonómicos como Francisco Camps o Jaume Matas, a líderes regionales como Núñez Feijoó, así como al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz- Gallardón, cuya solidez electoral ha obligado a los socialistas a buscar un candidato de urgencia y sin garantías. No son los únicos, por supuesto, pero todos ellos se han significado por discrepar de quienes, desde dentro y fuera de su partido, pretenden convertir el 11- M en el eje de una oposición monotemática. Son los que están convencidos de que el PP sólo encontrará más acomodo entre el electorado si le transmite y le convence de que la política ha de proyectarse siempre hacia el futuro. Las cosas van mejor (como bien refleja el último sondeo del CIS) desde que la opinión pública percibe la imagen de un PP en trance de liberarse de hipotecas que lo han paralizado durante meses, desde que perdió las elecciones, y abierto a difundir propuestas que interesan a los ciudadanos. Escándalos ficticios como el que se ha producido por el respaldo del PP al Estatuto de Andalucía o la reflexión a la que obliga la irrupción en el panorama político catalán de una opción como Ciutadans- -con guiños notorios a su ampliación al resto de España- -han abierto los ojos de mucha gente sobre el pernicioso efecto de concebir a un PP anclado en el pasado, inmóvil e incapaz de responder con eficacia a la muy deficiente gestión, en muchísimos ámbitos, del Gobierno socialista. Ahora, el PP parece estar más cómodo y cuenta con un radio de acción más amplio sobre un escenario político que exige movimientos ágiles y no respuestas de piñón fijo. El régimen parlamentario y el sistema electoral vigente obligan a que los grandes partidos tengan capacidad de maniobra para pactar con grupos afines. No hay peor réplica a la táctica socialista de todos contra el PP que una fórmula autista concebida como el PP contra todos El aislamiento y la ruptura de los puentes con los demás partidos son un camino seguro hacia el fracaso. La experiencia demuestra que los populares consiguieron su mejor resultado en 2000, después de una legislatura marcada por el acuerdo con CiU y PNV Las declaraciones de Durán Lleida ayer, y las de Jau. me Matas hoy, en ABC, abren caminos que sería interesante explorar. Hay también grupos de fuerte implantación regional, como Coalición Canaria o el Partido Aragonés Regionalista, cuya demostrada disposición pactista no debería ser desaprovechada. Permitir al PSOE que juegue a la vez y por sistema con todas las cartas es una táctica suicida. Las elecciones se ganan desde el alejamiento de extremismos. Y la posterior confianza parlamentaria se consigue, si es preciso, mediante acuerdos legítimos con los partidos más próximos en el plano ideológico a través de la negociación. Rajoy parece reaccionar a tiempo para evitar una operación de largo alcance, cuya primera víctima habría sido tal vez su propio liderazgo. Lo razonable es que consolide ahora este nuevo rumbo y reduzca el protagonismo de quienes desde el seno del PP han pretendido orientar la nave en la dirección errónea. La oposición tiene que afrontar de inmediato la presentación de alternativas ante los grandes errores de la política socialista. Ya lo ha hecho en materias como inmigración y seguridad y tendrá que abordar otros asuntos que preocupan de verdad a los ciudadanos, como la educación y la vivienda. Para ello, también es imprescindible evitar polémicas estériles entre dirigentes que, como Esperanza Aguirre y Ruiz- Gallardón, comparten objetivos políticos y electorales, con independencia de sus simpatías personales, que sólo a ellos conciernen. Un PP en busca de centralidad no puede permitirse el lujo de ofrecer bazas gratuitas a un adversario que se deteriora a marchas forzadas. DESATENCIÓN A LA FAMILIA NUMEROSA L artículo 39 de la Constitución exige a los poderes públicos que desarrollen una política de protección social, económica y jurídica de la familia, institución social básica que obtiene en todas las encuestas la más alta valoración como núcleo de intensos lazos afectivos y escuela de convivencia. A la inversa, está comprobado que determinados comportamientos antisociales derivan en su origen del desarraigo en la vida familiar. Sin embargo, el Estado no cumple como debe sus obligaciones. El V Congreso Nacional de las Familias Numerosas, celebrado este fin de semana en Madrid, traslada a la opinión pública la voz de 1,1 millones de familias con tres o más hijos, que suman en torno a ocho millones de personas. Es llamativo que menos de la mitad hayan solicitado su certificado oficial; las demás consideran que no les reporta beneficio alguno, ya que, por ejemplo, el 90 por ciento de ellas no puede acceder a las ayudas económicas. La situación no se corresponde con las promesas de Rodríguez Zapatero cuando era líder de la oposición, pero la denuncia va más allá de los incumplimientos del Gobierno actual, porque algunas políticas familiares apenas han mejorado desde hace treinta años. Las reivindicaciones de la Federación que reúne a este sector social son de puro sentido común: una mejora en las deducciones tributarias del IRPF, la ampliación a seis meses de la baja por maternidad a par- E tir del tercer hijo o no ser penalizados en el consumo doméstico de agua y electricidad. Sería deseable que el Gobierno y las comunidades autónomas fueran sensibles ante peticiones tan razonables. Tal vez haya llegado la hora de que los partidos políticos se planteen una política familiar más ambiciosa. En otros países existe un Ministerio específico para la familia, y el gasto público que se dedica a esta materia permite estudiar cuestiones como la prestación universal por hijo hasta la mayoría de edad. Más del 70 por ciento de los jóvenes de 25 años viven hoy en día en casa de sus padres, de manera que la familia cubre las insuficiencias de la política de vivienda, además de realizar una labor educativa de primer orden, supliendo deficiencias en el ámbito escolar. El consumo familiar sostiene los beneficios de muchas empresas en sectores como el ocio y la cultura. Existen, en definitiva, muchos y buenos argumentos para que la sociedad pague al menos una parte de la deuda que tiene contraída con la institución que dota de sentido a la vida de muchos millones de personas. ABC se siente muy honrado al recibir el premio José Ramón Losana en su apartado de medios de comunicación, y agradece el reconocimiento a una línea editorial inequívoca en favor de la familia, una de las tradicionales señas de identidad de este periódico centenario. L acuerdo alcanzado por PSOE y PP para designar al que será primer presidente de la Corporación de RTVE debe ser acogido con satisfacción. Un reconocido profesional del periodismo, de variada trayectoria en distintos medios de comunicación durante más de treinta años, Luis Fernández, sustituirá en breve a Carmen Caffarel, directora general del ente público en una de las etapas más delicadas de la historia de RTVE, porque el inmenso déficit acumulado durante años ha obligado a gestar un complejo pacto a varias bandas para la salida negociada de 4.150 trabajadores. Es la primera vez que el máximo responsable de RTVE no será designado por el Gobierno de turno, sino por el Congreso previo pacto entre los dos partidos mayoritarios. Se trata de una buena noticia que esos dos partidos están obligados a reeditar más a menudo y, de manera incondicional, en los asuntos considerados de Estado. El impulso dado por el Gobierno para que determinados nombramientos, entre ellos éste, cuenten con el respaldo de una mayoría cualificada de dos terceras partes del Congreso es muy razonable, aun manteniendo la reserva- -que siempre favorecerá al partido gobernante- -de que si el acuerdo entre PSOE y PP resulta imposible, las designaciones se resolverán por mayoría simple en una segunda votación. Pero en el caso de RTVE no ha sido necesario recurrir a esta cautela de emergencia. Una discreta y fructífera negociación PSOE- PP ha sido suficiente no sólo para el próximo nombramiento del presidente de la Corporación (la nueva figura jurídica que sustituirá a la tradicional dirección general del ente) sino para acotar la futura composición del Consejo de Administración de RTVE. El PSOE dispondrá de cuatro representantes, los mismos que el PP- -sin duda, un triunfo- dos miembros más serán designados por los sindicatos; y otros dos quedarán a merced de que el PSOE los reparta entre los partidos minoritarios. En este punto, al Gobierno se le presenta una dificultad ya que ERC, IU y CiU presumen de tener comprometido un consejero. De nuevo, Zapatero tendrá que exhibir su recurrente talante para atemperar la indignación del partido que quede excluido. De cualquier modo, no sería ningún oprobio que el perjudicado sea uno de esos partidos minoritarios a los que las ventajas que les concede la ley electoral han acostumbrado a condicionar leyes propuestas por partidos con muchos millones de votos más. Bienvenido sea, pues, el acuerdo PSOEPP para renovar RTVE, aunque la pendiente por la que se desliza la legislatura y la enorme distancia que en asuntos determinantes separa a Zapatero de Rajoy no hacen albergar muchas esperanzas de futuros pactos de relieve. Ahí está, por ejemplo, la guerra soterrada que ya se ha iniciado para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ahora, el futuro de RTVE pasa por la eficaz puesta en marcha de todos los resortes que prevé la nueva ley que regula su organización, por la consecución de una financiación estable y por evitar toda duda sobre manipulación informativa. Al menos a priori, el pacto entre los dos partidos sólo puede ser juzgado como la base idónea sobre la que asentar el futuro éxito de este proceso.