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ABC DOMINGO 26 s 11 s 2006 Tribuna Abierta ESPAÑA 21 Jaime Tapia y Eduardo Esteban Portavoces, respectivamente, de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales La legítima crítica que pueden y deben realizar medios y políticos no se circunscribe a los aspectos jurídicos de las actuaciones de jueces y fiscales, sino que se ofrece una perspectiva política sobre las mismas N los últimos tiempos las asociaciones Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales hemos asistido con preocupación a una catarata de críticas de las actuaciones judiciales por parte de los partidos políticos y medios de comunicación que nos han llevado a publicar una reflexión que pueda proyectar una cierta luz y sosiego sobre esta delicada cuestión a todos los ciudadanos, que probablemente pueden estar sorprendidos e incluso preocupados por el cariz que están tomando ciertos acontecimientos públicos. CRÍTICA Y PRESIÓN E cos no se circunscribe a los aspectos jurídicos de las actuaciones de jueces y fiscales, sino que se ofrece una perspectiva política sobre las mismas, y, además, lo que es más preocupante, para reforzar esas particulares visiones se alude a aspectos de la vida privada de los profesionales de la Justicia, que obviamente resultan irrelevantes para la formación de esa opinión pública. Con esta forma de crítica, que podríamos catalogar de ilegítima, se pretende claramente presionar a jueces y a fiscales. En las sociedades occidentales, y en España en particular, el ataque a la independencia judicial y a la imparcialidad del Ministerio Público no se produce desde el interior de las instituciones, sino a través de esas críticas, que superan en ocasiones los límites marcados por la Carta Magna. Resulta evidente que las resoluciones judiciales y las actuaciones de los fiscales tienen consecuencias en la vida social y también en el campo político, entre otras razones también porque, como hemos denunciado en otros momentos, se produce una imprudente judicialización de los asuntos políticos, sometiéndose a los tribunales ordinarios temas que deberían haber quedado dentro de los límites de la contienda política, lo que normalmente provoca que el aparato judicial se resienta, pero no es aceptable que sobre cualquier resolución o decisión se proyecte una visión política- partidaria o se interprete en esa clave. unos y otros actores públicos, en la medida que no obtienen lo que esperaban de aquélla. Hastahacepocasfechas, jue- Es importante una vez más defender el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales. Los partidos políticos y los medios de comunicación tienen derecho a mostrar su disconformidad con las decisiones de los tribunales, explicando las razones por las que entienden que su interpretación y aplicación de la ley no es correcta. El derecho fundamental a ofrecer una información, que no olvidemos ha de ser veraz; la libertad de expresión de opiniones, ideas, pensamientos, que incluye la emisión de juicios de valor, e incluso el derecho al ejercicio de funciones públicas, que, por lo demás forman un todo interrelacionado, permiten un amplio campo de juego para aquéllos en su tarea al servicio de los ciudadanos. Esos derechos y libertades, consagrados en los artículos 21 y 23 de la Constitución, no sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino también condición de existencia de la opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político. Ahora bien, en no pocas ocasiones, cada vez con mayor frecuencia, comprobamos que esa legítima crítica que pueden y deben realizar medios y políti- ÁNGEL CÓRDOBA No está de más hacer un llamamiento a todas las instituciones a realizar las altas funciones que les han sido encomendadas en esta sociedad con un sentido de la responsabilidad Resulta asimismo preocupante en tal sentido el intento de utilizar a los tribunales del orden jurisdiccional penal para tales fines políticos- partidarios, de modo que, cuando no se consigue por las vías legítimas aquello que se pretende, o bien se quiere obtener una repercu- sión mediática relevante, se acude a tales órganos judiciales en busca de una resolución judicial o una actuación (u omisión) del fiscal que se pueda invocar en apoyo de sus intereses. A su vez, eventualmente el rechazo de cualquier pretensión por parte de los jueces y fiscales se critica con esa perspectiva que comentábamos anteriormente. Se piensa que una resolución positiva aumentará el apoyo popular a una u otra opción política. Todo ello provoca que la crispación política se traslade de la plaza pública o del Parlamento a la administración de Justicia, que se ve constantemente deslegitimada por ces y fiscales eran conscientes de ese intento de uso político de la Justicia y rechazaban inmediatamente pretensiones que fueran en la línea de lo que hemos descrito. Sin embargo, últimamente, en ciertos casos muy excepcionales, constatamos la existencia de actuaciones en el curso de los procedimientos judiciales que no se pueden entender sino desde una determinada posición ideológica- partidista, puesto que se alejan de una interpretación y aplicación razonable de ese Derecho Penal (procesal y sustantivo) y se hallan fuera de las pautas exegéticas de las leyes que han establecido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Se adoptan así en esos supuestos extraordinarios, pero cada vez más habituales, decisiones que, en el ámbito procesal, no cumplen las pautas marcadas por estos altos tribunales. Y que en el plano sustantivo no cumplen las pautas axiológicas que inspiran nuestro ordenamiento constitucional, con modelos de interpretación no aceptados por la comunidad jurídica. Se producen así interpretaciones o aplicaciones de ese Derecho sancionador rechazables constitucionalmente, en la medida que, por su soporte metodológico, al reflejar una argumentación ilógica o indiscutiblemente extravagante, o por su base axiológica, al sustentarse en una valoración ajena a los criterios que informan nuestro ordenamiento constitucional, conducen a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma penal y, por tanto, imprevisibles para los ciudadanos. Frente a esa situación no está de más hacer un llamamiento a todas las instituciones aludidas en esta reflexión a realizar las altas funciones que les han sido encomendadas en esta sociedad con un sentido de la responsabilidad.