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4 OPINIÓN DOMINGO 26 s 11 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar PÁJAROS DE MAL AGÜERO EN EL ULSTER B LAS RAZONES DE LAS VÍCTIMAS L Gobierno se equivoca al interpretar las movilizaciones de las víctimas de ETA como el fruto de una manipulación política de sus sentimientos. Este enfoque perpetúa los errores de fondo que ha cometido el Ejecutivo al fijar los presupuestos políticos del proceso de negociación con ETA. Si el Gobierno pensaba que la derrota electoral del PP, la aparición trágica de unas víctimas del terrorismo tras el 11- M y el hartazgo general por el terrorismo iban a allanar el camino, con silencios y resignación, para el diálogo con los etarras, sabe ahora que confundió gravemente su conocimiento sobre la sociedad española. El terrorismo de ETA ha sido suficientemente brutal y constante para generar sentimientos y convicciones que han cobrado autonomía en la opinión pública española y, especialmente, en las víctimas. Por eso, el Ejecutivo agrava su método reduccionista al valorar la gran manifestación de ayer en Madrid sólo como una vuelta de tuerca de la oposición partidista del PP. Por desgracia, este planteamiento no es distinto al que aplica a los jueces que dictan resoluciones que dificultan el proceso o del que anima a un secretario de Estado a anunciar que vigila a la Prensa. Las víctimas se volvieron a manifestar ayer, en contra de lo que cree el Gobierno, porque temen el proceso de negociación con ETA, tanto por lo que ya ha sucedido como por lo que pueda llegar a suceder. Temen que los objetivos políticos de ETA acaben teniendo un reconocimiento, aunque sea parcial o reflejo, en unos acuerdos que permitan a los terroristas eludir su derrota y afirmar que la violencia les sirvió para algo. Sería moralmente inaceptable- -y un suicidio político- -que este proceso siguiera avanzando no sólo sobre la ceguera ante el rearme de ETA, sino sobre el olvido de lo que los terroristas han pretendido durante décadas: alcanzar, en efecto, la autodeterminación, pero para imponer una sociedad depurada étnica e ideológicamente. Aceptar, aunque sólo sea como punto del orden del día de una mesa de partidos, que ese objetivo de los terroristas E puede discutirse como prueba de normalidad democrática es, en sí mismo, el éxito que busca ETA. En apenas tres años, las víctimas han pasado de un reconocimiento político y social sin precedentes a una posición de postergación que desdice al Gobierno cuando éste alega que el proceso no tendrá precio político. El primero y más grave que se ha pagado es la desconfianza de las víctimas. Y no insista el Gobierno en culpar al PP: las víctimas saben bien cuál era el valor de la unidad de los demócratas, de la Ley de Partidos Políticos, del Pacto Antiterrorista o del desmantelamiento del entramado batasuno. Es decir, de todos los activos de la política de Estado que PP y PSOE fraguaron para derrotar a ETA policialmente, sin condiciones ni transacciones, y para poner a los etarras en el banquillo de los acusados y no en una mesa de negociadores. En junio pasado, Zapatero anunció el inicio del diálogo con ETA porque ya estaba verificado que el alto el fuego era completo Siete meses después, ni una sola condición de la resolución del Congreso de los Diputados de mayo de 2005 se ha cumplido. Es más, ayer mismo el propio Zapatero admitió que todavía está en el trance de extremar la acreditación de la voluntad de ETA de abandonar las armas, cuando si algo ha demostrado la banda es precisamente lo contrario. La realidad es tozuda: ETA se ha rearmado completamente y, al mismo tiempo, ha provocado la división de los principales partidos nacionales, la confusión en la sociedad, la desconfianza hacia la Justicia, la desorientación de la Fiscalía, la pérdida de unidad en Europa y, sobre todo, la reanimación de unas bases que estaban desmoralizadas por la eficacia de una política antiterrorista ahora abandonada. Zapatero puede persistir en airear su expectativa objetiva del fin de la violencia; pero si él alega, como hizo ayer, que tiene el derecho y el deber ético de intentarlo, ha de admitir a las víctimas idéntico derecho y deber ético de oponerse a que su propio Gobierno las traicione y humille. Las víctimas, sencillamente, tienen razón. INSUFICIENTE LEY DEL MENOR L A nueva ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor- -aprobada ya definitivamente por las Cortes Generales- -endurece a grandes rasgos el tratamiento penal de los menores delincuentes. Es una respuesta necesaria, pero no suficiente, al incremento acelerado de la delincuencia juvenil y de sus manifestaciones específicas, como las bandas de adolescentes o la violencia escolar. La reforma nace con el lastre de la falta de consenso, puesto que tanto el PP como IU se han opuesto a ella, aunque con argumentos muy diferentes. Al final, se ha optado por excluir de su ámbito de aplicación a los jóvenes entre dieciocho y veintiún años, una medida lógica si se tiene en cuenta que desde la mayoría de edad la persona goza de plena capacidad de obrar y ejerce sus derechos políticos, incluido el voto. Con independencia del debate sobre quién impulsó esta medida, lo cierto es que responde al sentido común más elemental. Sin embargo, la nueva ley deja en el aire múltiples problemas. Así, la presencia de las víctimas en la tramitación del procedimiento y en la ejecución de las medidas judiciales está regulada con criterios restrictivos. Faltan propuestas eficaces sobre labores preventivas de educación y socialización. El principio de oportunidad, que permite individualizar la respuesta judicial a la luz de las circunstancias del caso, puede ser un arma de doble filo y no es fácil de compaginar con la seguridad jurídica. En fin, en algún ca- so las sanciones son demasiado benévolas, creando así una sensación de impunidad que podría llevar a la convicción de que sale muy barato cometer un delito. Sería, en tal caso, una invitación a la reincidencia y un fracaso del principio de prevención, característico de la norma penal. Además, falta precisión respecto de la financiación de una ley que exige un fuerte desembolso por parte del Estado y de las comunidades autónomas. Una sociedad permisiva y el fracaso de la familia y la escuela a la hora de transmitir valores cívicos son el caldo de cultivo de un problema que se agrava cada día. Abusar de los compañeros más débiles, intimidar al profesor o destruir el mobiliario urbano pueden ser los primeros pasos para cometer infracciones todavía más graves. Bien está la insistencia en el fomento de la convivencia, pero es imprescindible que el ordenamiento jurídico cuente con instrumentos coactivos que sancionen las conductas antisociales. Contra la ley del más fuerte que impera con frecuencia en los mensajes que reciben nuestros jóvenes es imprescindible reforzar la respuesta racional y firme de la sociedad a través de la norma penal. La reforma recién aprobada en el Congreso y el Senado supone un paso tímido en la dirección correcta. Sin embargo, no hacen falta dones proféticos para adivinar que- -a medio plazo- -será necesario promover una nueva modificación legislativa. ASTA la irrupción de un individuo incontrolado en la Asamblea de Irlanda del Norte para poner de manifiesto que todavía existe un riesgo cierto de que la violencia rebrote en una sociedad aún dividida y enfrentada. El autor de esta necedad es un perturbado unionista que asesinó a sangre fría a tres seguidores del IRA durante el funeral de un terrorista en 1988 y que- -sin más contrapartidas- -fue puesto en libertad en 2000, a cuenta de los gestos de buena voluntad derivados del acuerdo de Viernes Santo. La experiencia demuestra una y otra vez que de la simiente de la violencia nace una planta cuyas raíces son muy difíciles de eliminar. El proceso de paz en Irlanda del Norte lleva en marcha unos siete años y, en resumen, apenas se han empezado a activar los mecanismos de un futuro gobierno autónomo, meta que todas las partes se han dignado a aceptar. En las elecciones que se celebrarán la próxima primavera se espera poder constituir una nueva asamblea que sea reflejo de las distintas opiniones de una sociedad a la que las fuerzas políticas tratan de convencer para que intenten dirimir sus diferencias- -por más irreconciliables que sean- -dentro de las instituciones autónomas y no a tiros en la calle. En el Ulster se ha producido una espiral de asesinatos y venganzas como fondo de un problema de convivencia entre dos comunidades a las que el proceso de transición a la política aún no ha logrado apaciguar. Ahora tendrán una nueva oportunidad para que pasen por alto la distancia que las separa y compartan el poder provincial. Si lo diseñado sobre el papel sale bien, el Sinn- Fein (la rama política y- -al revés de lo que sucede en el País Vasco- -verdadera dirección del IRA) se sentará junto al dirigente probritánico, el reverendo Ian Paisley, en el futuro Gobierno autónomo. Pero antes, los terroristas del IRA, que aceptaron de mala gana abandonar las armas, han de reconocer la autoridad de los tribunales de Justicia y de la policía de Irlanda del Norte, una cuestión que ilustra a la perfección el talante de la banda. Así las cosas, antes de que ninguno de estos mecanismos se haya llegado a poner en marcha, antes de que sepamos cómo van a lograr encontrar respuestas comunes frente a los problemas reales de la gente, ya han aparecido de nuevo pistoleros en la puerta de Stormont, como pájaros de mal agüero a los que, por cierto, la Justicia debe castigar rigurosamente. Quienes buscan analogías entre el proceso norirlandés y lo que sucede en el País Vasco son quienes, en ambos escenarios, se empecinan en anteponer los debates identitarios, de territorialidad y soberanía a la dignidad del ser humano y el derecho a la vida, o los que se niegan a entender que es la violencia la que hace indigna e injusta cualquier aspiración política. Y en el Ulster, más claramente que en ningún otro lugar, la violencia había convertido en impresentables las posiciones de casi todos.