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4 OPINIÓN SÁBADO 25 s 11 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar EL RÉGIMEN SIRIO Y LA PAZ EN EL LÍBANO L asesinato de Pierre Gemayel, que ha sumergido al Líbano en un ambiente prácticamente prebélico, ha tenido similar efecto a vaciar un bidón de gasolina sobre el incendio de Oriente Próximo, ahora que, desde Gaza hasta Bagdad, los puntos sensibles de la zona arden por los cuatro costados. Las acusaciones que señalan al Gobierno sirio como posible autor, inductor, inspirador o- -en todo caso- -principal beneficiado por este magnicidio están bien justificadas por un comportamiento tradicional del régimen de Damasco, caracterizado por la injerencia indisimulada en los asuntos libaneses desde hace más de veinte años. A pesar de esa política destructiva, Siria ha mostrado hasta ahora una habilidad felina para caer de pie ante cualquier incomodidad política o diplomática. Los palestinos están sometidos al aislamiento internacional puesto que su Gobierno electo, controlado por Hamas, no reconoce la existencia de Israel y se niega a renunciar al uso de la violencia, por no hablar del escrutinio, la crítica o la condena a la que se someten invariablemente las acciones militares de Israel. Pero el régimen sirio ha logrado mantenerse inmune a la censura- -a pesar de los numerosos indicios de sus actividades desestabilizadoras- -gracias a su situación de protegido o tolerado, por las simpatías de muchos gobiernos, entre otros el español. Puede que no sea casualidad que este crimen contra un dirigente político que nunca ocultó su hostilidad hacia la dinastía de los Assad se haya cometido deliberadamente en el momento en el que se requiere la colaboración de Damasco para intentar apagar el infierno iraquí. En efecto, si las Naciones Unidas no se han atrevido hasta ahora a formular las acusaciones que todas las pruebas han sacado a la luz en el caso del asesinato del primer ministro libanés Rafik Hariri, no sería de extrañar que ahora Damasco pretenda que el de Pierre Gemayel se acabe archivando en la misma caja fuerte, a cuenta de su colaboración en la estabilidad de Irak. El Líbano es un país- mosaico en el que podrían tener cabida todas las religiones y sentimientos que han formado parte de su sociedad y de toda la región desde hace siglos. Durante mucho tiempo todos han convivido en armonía y se han beneficiado del progreso común en un país que fue conocido como la Suiza de Oriente Próximo Pero en tiempos de turbulencias, los libaneses han sido las primeras víctimas de la intolerancia. Campo de maniobras en manos de los peores intereses de Teherán y Damasco, el Líbano merecería ser defendido más activamente por la comunidad internacional. Por desgracia hasta ahora, ni las Naciones Unidas ni los países europeos que han enviado nuevas tropas al sur del país han demostrado tener la determinación necesaria para ello. Por alguna razón, cuando la comunidad internacional llega al escollo sirio, el régimen de los Assad siempre se sale con la suya. E OPORTUNISTA CONTROL DEL SUELO L A ministra de la Vivienda- -que es, por cierto, la peor valorada de todo el Gobierno- -ha defendido en el Congreso de los Diputados su proyecto de ley del Suelo. El texto logró superar el primer trámite parlamentario al ser rechazadas las enmiendas a la totalidad del PP y de CiU, si bien el resto de los grupos, excepto el socialista, mostraron escaso entusiasmo ante la futura norma. Según María Antonia Trujillo, se trata de luchar contra la especulación urbanística en nombre de la transparencia y de una ciudad sostenible y cohesionada Son buenos propósitos, sin duda, pero resulta cuando menos oportunista plantear una reforma en el momento en que estallan múltiples casos de corrupción. La proximidad de las elecciones locales confirma el carácter electoralista de una ley que, pese a su brevedad (sólo 37 artículos) ha recibido gran cantidad de enmiendas parciales (más de 300) Lo peor es que está en duda que el proyecto vaya a aportar una sola medida eficaz en la lucha contra la corrupción. Se trata de una recapitulación de las competencias estatales en la materia, con gestos hacia la participación de los ciudadanos en la planificación urbanística y medidas muy discutibles sobre expropiación forzosa. En efecto, el Partido Popular denuncia con razón que se pretende abaratar el justiprecio con grave perjuicio para los pequeños propietarios de terrenos. Una vez más queda claro que resulta imprescindible una reforma global de la legislación sobre expropiaciones, puesto que la ley actual data de 1954 y parece desfasada. Por una vez, la España plural que proclama el presidente del Gobierno y la configuración de un Estado residual dejan paso a una ley que interpreta extensivamente las competencias estatales. De hecho, CiU- -cada vez más dispuesta a demostrar su distanciamiento- -denuncia la invasión de atribuciones autonómicas. Es probable que el PSOE tenga que ceder en este terreno ante sus socios nacionalistas a lo largo del debate en las Cámaras. La jurisprudencia del TC (en particular, la sentencia 164 2001, fuertemente criticada por la doctrina jurídica) ha inclinado la balanza en favor de las comunidades autónomas, de manera que no será fácil justificar las afirmaciones de la ministra sobre el respeto a la distribución competencial. Es previsible que la nueva norma termine también ante el TC, por lo que sería deseable realizar un esfuerzo de precisión jurídica para evitar conflictos innecesarios. En todo caso, bienvenida sea la rectificación a medias del Ejecutivo, en el sentido de reforzar las políticas públicas que corresponde desarrollar al Estado frente a las cesiones permanentes e injustificadas que ha hecho en otros ámbitos a sus aliados más radicales. La corrupción urbanística se ha convertido en un agujero negro para el PSOE en el peor momento de la legislatura. Los ciudadanos contemplan con indignación creciente el surgimiento de nuevos casos, unas veces con indicios claramente delictivos y, otras, como escándalos de tipo social y económico, aunque cuenten en apariencia con todas las bendiciones legales. La reacción del Gobierno ante un fenómeno que le desborda es insuficiente, además de tardía. La ley del Suelo es conveniente, sin duda, pero debería ser producto de un pacto nacional con intervención del Estado, las comunidades y los ayuntamientos, relativo al desarrollo del derecho constitucional a una vivienda digna. El texto que ahora se presenta no recoge ningún mecanismo eficaz para frenar la especulación del suelo. Tampoco cabe esperar grandes cosas de la reserva del 25 por ciento del suelo para viviendas protegidas, puesto que este mecanismo ya existe en muchas comunidades, ni de la llamada ejecución por sustitución que es también una práctica frecuente. Si el PSOE espera resolver con este proyecto de ley sus problemas de imagen pública en materia de corrupción es porque confía en exceso en los efectos benéficos del Boletín Oficial Por ahora, es sólo un proyecto de cara a la galería porque los grandes males requieren grandes remedios y no basta con plantear una microrreforma legislativa para salvar de cualquier manera los restos del naufragio. MALTRATOS, CON LEYES NO BASTA L A celebración del Día Mundial Contra la Violencia de Género coincide con el reconocimiento de que la ley integral para proteger a la mujer, aprobada en diciembre de 2004, ha sido insuficiente en el plano legal y un rotundo fracaso en términos políticos. En este año 2006, al que aún le falta más de un mes para concluir, el número de muertes de mujeres a manos de sus parejas prácticamente ha igualado a las de 2005, y las agresiones no homicidas están a la orden del día. Aumentan las denuncias, las causas penales y las medidas de alejamiento, pero el balance es negativo. Y no todo es imputable a la propia ley, que nació con un consenso bienintencionado, a sabiendas de que la publicidad del Gobierno estaba distorsionando el problema de la violencia contra la mujer como si fuera el resultado de unas lagunas jurídicas que dicha ley integral iba a colmar. Lo peor no ha sido comprobar que este diagnóstico fue un error, sino confirmar el empeño propagandista del Ejecutivo, responsable de dar esperanzas vanas en un problema mucho más complejo de lo que representaba una ley sobredimensionada y sospechosa de inconstitucionalidad en algunos de sus apartados supuestamente más necesarios para poner fin a la violencia contra la mujer. El cómodo recurso retórico al machismo, a la desigualdad de sexos y a otros iconos similares del discurso políticamente correcto ha impedido profundizar en las raíces de la violencia sexista sin prejuicios ni estereotipos. Países europeos con mucho más arraigo en la igualdad de la mujer y en la su- peración de modelos machistas presentan tasas superiores a las de España en este tipo de violencia. El plan de sensibilización contra la violencia de género que el Gobierno acaba de anunciar para las próximas semanas es, por supuesto, una iniciativa que debe ser bien recibida, como todas las que pretendan actuar sobre el problema desde dos premisas fundamentales: la educación y la denuncia. La extensión de la violencia contra la mujer revela el fallo de múltiples resortes con las que debería contar la sociedad para prevenir y remediar los conflictos sociales y familiares. Se está banalizando la violencia, el uso de la fuerza física, la agresión como respuesta a cualquier contrariedad, hasta tal punto que sería un error no empezar a mirar con preocupación cómo la violencia acampa allí donde más debería estar proscrita: la familia y la escuela. Igualmente es preciso que las crisis de pareja en las que se va generando esa bolsa de violencia que un día llega a estallar no resulten indiferentes a las familias, a los amigos ni a los vecinos. La mujer maltratada debe denunciar la agresión que sufre y contar con recursos públicos suficientes para hacer frente al miedo de sentirse abandonada y expuesta al agresor. Pero no es la única que debe asumir la responsabilidad de evitar una agresión. Otros deben poner voz a su tragedia. El compromiso de las personas más cercanas, sea por razones familiares o de mera vecindad, puede ser decisivo para llegar a tiempo y salvar su vida. El silencio es, sin duda, la mejor arma del agresor.