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24 ESPAÑA VIERNES 24 s 11 s 2006 ABC Los musulmanes que El Congreso aprueba una ley viven en España son para renegociar 1.200 millones tolerantes y liberales de deuda de países pobres La radiografía realizada por Interior aleja el España se convierte en el segundo país de fantasma de la violencia y la inadaptación Europa en contar con este tipo de legislación- -La normativa fomentará la nables incluso considerando C. MORCILLO que haya respuestas políticaMADRID. La fotografía de los conversión de deuda por desarrollo mente correctas inmigrantes musulmanes que viven en España revela que son tolerantes, liberales y occidentalizados que se sienten integrados en la sociedad, no creen en la violencia para difundir sus creencias y tienen una altísima opinión de las instituciones españolas. El retrato, basado en 1.500 entrevistas, resulta casi bucólico y contrasta con la preocupación que dicen sentir los españoles con respecto a la inmigración. Adaptación e integración, estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la encuesta La comunidad musulmana en España que ayer presentó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el director del informe, José Juan Toharia, con el fin de hacer un barrido inicial sobre el perfil, los valores y la percepción de la comunidad islámica. El 73 por ciento de los entrevistados son varones y el 27 por ciento mujeres; los hay legales (84 por ciento) y sin permiso de residencia y, a tenor de los datos, el resultado es tranquilizador en palabras de Toharia, porque no están a disgusto ni se sienten masivamente discriminados Pese a que algunos resultados son más que chocantes, el director de la encuesta aseguró que tiene unas garantías de fiabilidad razoAlgunos ejemplos pueden ilustrarlo: el 77 por ciento de los entrevistados no creen que ninguna religión sea superior a otra; consideran que los no creyentes tienen el mismo valor y dignidad que los ateos y se muestran partidarios de un Estado laico (80 por ciento) que no dé trato especial a ninguna religión, pero que asuma la construcción de mezquitas, la formación de imanes y la contratación de profesores de religión islámica. No son las únicas muestras llamativas; el abanico referido a las instituciones no tiene desperdicio. El Rey inspira a los inmigrantes musulmanes más confianza que a los españoles (7.2 frente a 6.6) igual que el Parlamento y los jueces. Creen asimismo en una alta proporción en la Policía y en la Iglesia católica. El negativo de la encuesta sólo se apuntó: no se preguntó por los servicios públicos básicos ni se trataron cuestiones tales como la inseguridad ciudadana o la política con respecto a sus países. Desarrollo (AOD) deje de computar en operaciones de reducción de la deuda cuando nuestro país alcance el 0,7 del PIB, previsto para 2012. El dinero que se destine a la deuda externa a la larga no tendrá que contabilizar como dinero que se destina a cooperación aseguró el portavoz de CiU, Carles Campuzano. En su opinión, la nueva normativa supone un paso adelante en la construcción de una política de cooperación comprometida y justa Para Campuzano, la norma aprobada por el Congreso es un instrumento sumamente importante para que nos comprometamos con la erradicación de la pobreza Entre los aspectos positivos de la ley, el diputado destacó la transparencia que, a partir de ahora, tendrá que asumir el Gobierno en la gestión de la deuda, y que permitirá la participación de la sociedad civil a través de la presencia de las ONG en el Consejo de Cooperación. ABC. es La inmigración en España (gráfico flash) en especiales. abc es 2006 inmigracion- espana JESÚS BASTANTE MADRID. No es la mejor ley, pero es una buena ley Así calificaron ayer los responsables de la campaña Sin duda, sin deuda la aprobación en el Congreso de los Diputados de un proyecto de ley que regulará la gestión de la deuda externa. Esta normativa convertirá a España en el segundo país de Europa, tras Italia, con una legislación sobre esta materia. La propuesta, promovida por CiU con el apoyo de PSOE, PP y del Grupo Parlamentario Vasco, ofrece sensibles novedades con respecto al texto debatido en la Cámara Baja el pasado verano, y que fue duramente criticado por las ONG al considerar que se perdía una oportunidad histórica para crear un mecanismo fiable y estable de gestión de la deuda. El texto insta al Gobierno a que en el plazo de un año, desde la entrada en vigor de la ley, presente ante el Congreso un plan para renegociar la deuda contraída con España por los países altamente endeudados antes de 2004, y que tuviera origen en los seguros de créditos a la exportación (Cesce) así como la deuda del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) Dicha deuda asciende a 1.198 millones de euros, de los que 636 millones son deuda oficial y 562 corresponden a Cesce e ICO y se reparten entre los 38 países altamente endeudados. Del mismo modo, el Estado asume que la Ayuda Oficial al Años de movilizaciones La campaña Sin duda, sin deuda arrancó en noviembre de 2005 de la mano de Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, Confer y Redes. La movilización venía a secundar las históricas manifestaciones- -con acampada incluida en el paseo de la Castellana- -que llevaron a cabo diversas entidades, aglutinadas en torno al lema Deuda externa, ¿deuda eterna? El fin de campaña será el próximo 2 de diciembre en Madrid. Deuda por desarrollo La nueva ley también apuesta por las políticas de conversión de deuda por desarrollo, de modo que se avance de manera clara en el proceso para desligar la ayuda oficial a la compra de bienes y productos españoles, una de las reivindicaciones históricas de las ONG. Según el nuevo articulado, las políticas de conversión de deuda fomentarán el tejido social y asociativo de los países en vías de desarrollo. El Gobierno tiene que presentar un plan para renegociar la deuda contraída por los países más deficitarios Madrid pide que se anule el decreto El Congreso rechaza la enmienda del PP a la LOU sobre bancos de cordón umbilical C. ALONSO MADRID. El Ejecutivo madrileño ha decidido impugnar el real decreto del Ministerio de Sanidad que limita la instalación de bancos privados de cordón umbilical, por entender que éste vulnera de forma flagrante y nítida sus competencias autonómicas en un 80 por ciento y por incurrir en vicios de inconstitucionalidad La consejería de Sanidad es tajante: el Ministerio tiene un mes de plazo para declarar nulo el decreto. En caso contrario, interpondrán un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional y presentará, de forma paralela, una impugnación por ilegalidad ante el Tribunal Supremo. Con esta amenaza se abre un nuevo capítulo de enfrentamientos entre el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre y el de Rodríguez Zapatero. En marzo de este año, el Ministerio de Sanidad ya recurrió un decreto aprobado por la Comunidad de Madrid para autorizar la instalación de bancos privados de cordón umbilical. El Gobierno logró la suspensión cautelar. El decreto que quiere impugnar la Comunidad especifica que toda actividad de donación y trasplante se realice sin ánimo de lucro algo que va en contra de la creación de bancos privados. La impugnación del decreto del Gobierno central sobre los bancos de cordón umbilical tiene grandes paralelismos con la ley del tabaco. En este caso, la Comunidad de Madrid aprobó una norma por la que flexilizaba la ley nacional. El Ministerio contratacó y ya ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la suspensión cautelar de la misma. El Ejecutivo regional tiene preparada la respuesta: impugnar la ley del tabaco (aprobada por unanimidad) ante el Constitucional por invadir las competencias autonómicas. M. ASENJO MADRID. El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer por 128 votos a favor y 173 en contra la enmienda del Grupo Popular que pedía la devolución al Gobierno del proyecto de Ley Orgánica de Universidades (LOU) que ahora seguirá su trámite parlamentario en la correspondiente Comisión. El portavoz de Educación del PP, Eugenio Nasarre, calificó el proyecto de reforma de decepcionante y generador de incertidumbres seriamente nocivas para la Universidad y la sociedad. Para el diputado, los elementos más nocivos están en la acreditación como fórmula para seleccionar al profesorado funcionario y en la falta de pruebas públicas en este proceso. Asimismo, criticó la sustitución del actual catálogo de titulaciones por un registro que fomentará la confusión Nasarre censuró que el Gobierno haya retirado el recurso sobre la ley de universidades catalana, mientras el resto de los grupos lo elogiaron. La ministra defendió el proyecto como un modelo abierto, público y transparente y que refuerza la confianza en las universidades. Dijo que la selección de los docentes se basará en criterios de mérito y capacidad frente a la fórmula vigente, que tachó de altamente disfuncional