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4 OPINIÓN VIERNES 24 s 11 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar RIGOR CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR ODOS los días aparecen noticias preocupantes en materia de violencia escolar. La ley del más fuerte se apodera de los centros de enseñanza, tomando como víctimas a los alumnos más débiles y- -cada vez más- -a profesores y personal auxiliar. Los expertos tienen muy claro que la situación actual es consecuencia de un modelo pedagógico fallido que se combina con el fracaso de la familia a la hora de transmitir valores cívicos y con la propuesta de unos modelos a imitar que practican el todo vale y la lucha sin contemplaciones. La vida escolar llega a convertirse en un infierno para los que padecen el acoso de sus compañeros. Lo mismo sucede con muchos docentes, atrapados entre la pasividad de algunas autoridades políticas y académicas que prefieren evitar problemas a corto plazo y la presión de los padres que toman partido por sus hijos, incluso cuando no lo merecen. Resulta imprescindible una reforma legislativa, así como la puesta en marcha de procedimientos administrativos ágiles y eficaces, pero sobre todo es necesario apoyar el ejercicio de la autoridad legítima frente a quienes abusan de la superioridad numérica o de la fuerza bruta. Si las cosas siguen por el camino actual, cuando nuestra sociedad pretenda tomar las riendas del asunto ya será demasiado tarde. Las doctrinas permisivas, los niveles mínimos de exigencia académica y la carencia de una cultura del respeto crean un caldo de cultivo que desemboca en la impunidad de los violentos. A veces las sanciones son tan leves que refuerzan al agresor y desmoralizan a la víctima. Parece que al fin los poderes públicos empiezan a tomar en serio el problema: una instrucción de la Fiscalía General del Estado propone adoptar en estos casos medidas similares a la violencia doméstica, incluidos el alejamiento, las tareas socio- educativas y el internamiento para los casos más graves. En algunas comunidades autónomas, los fiscales ya solicitan que los actos violentos contra el personal docente se equiparen a los atentados contra la autoridad pública. El PP anuncia iniciativas para recuperar el orden y la disciplina, entre ellas el apoyo psicológico a los escolares acosados y la asistencia jurídica a los profesores. Pero los buenos propósitos chocan con la realidad de cada día. Anteayer mismo, las compañeras de una niña agredida que ha sufrido varias fracturas en una pierna apenas han sido castigadas con la expulsión temporal durante unos pocos días. Tiene trabajo por delante la ponencia creada en el seno de la Comisión de Educación y Ciencia del Senado, que se compromete a emitir su informe antes de final del curso 2006- 2007 y pretende buscar soluciones de consenso entre los diversos grupos parlamentarios. Así debe ser porque esta lacra social, cada día más extendida, no puede abordarse desde posiciones partidistas ni prejuicios ideológicos. T MONTILLA, PALABRAS Y HECHOS N su discurso de investidura ante el Parlamento catalán, José Montilla ha puesto especial empeño en ofrecer una imagen de moderación, al afirmar que quiere ser el presidente de todos y plantear una oferta de consenso a CiU y al resto de la oposición. También es destacable la promesa de dar prioridad a la política social sobre las cuestiones identitarias, respuesta sin duda forzada por el escaso entusiasmo mostrado por los electores en el referéndum y en las elecciones recientes. La retórica suena bien, y sería injusto no reconocer el contraste formal entre el infausto Pacto del Tinell y la mano tendida que ofrece la nueva Entesa. Sin embargo, la realidad no se corresponde con tales declaraciones. Montilla ha pactado contra viento y marea con el nacionalismo radical, ofreciendo a Carod Rovira un protagonismo que las urnas no le han otorgado. Ha preferido ignorar la mayoría de CiU en votos y en escaños, las preferencias estratégicas de Ferraz y el mensaje en favor de una gran coalición lanzado desde muchos sectores sociales. La piel de cordero no oculta la dureza de un político de larga trayectoria que actúa como un genuino profesional del poder. En este contexto, resultan poco creíbles los elogios abrumadores a Pasqual Maragall, su adversario interno en el PSC, a quien ciertamente no debe gran cosa el nuevo presidente de la Generalitat. Se advierten, en cambio, la frialdad y el distanciamiento al referirse a Rodríguez Zapatero y las alusiones genéricas a la España plural. En este sentido, el ex ministro de Industria ha optado por el silencio en relación con su responsabilidad ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre el traslado a Barcelona de la CMT. En suma, el debate de ayer en la Cámara catalana tenía un aire de escena teatral en la que el actor principal representaba su papel con escasa convicción. Montilla ha tomado nota del desapego de la sociedad hacia la clase política y pretende pasar las páginas del tres por ciento y del Carmelo síntoma de una parálisis institucional tapada por el debate estatutario. Así se explica el énfasis en que el nuevo Estatuto debe estar al servicio de la E gente y que las políticas del bienestar son más importantes que mil proclamas sobre la identidad. Se adivina una vez más el contraste entre lo que dice y lo que pretende hacer. Así, en materia lingüística insiste en el proceso de normalización del catalán (en concreto, en la Justicia y en el ámbito laboral) y su expansión internacional, gesto evidente hacia sus socios de ERC. Para la lengua castellana sólo hubo una promesa genérica de preservar su uso y la libertad de los hablantes. El análisis de las más de cincuenta leyes incluidas en el programa conjunto de la Entesa mueve al escepticismo ante cualquier promesa genérica. ERC logrará impulsar su visión radical del nacionalismo con nuevas leyes sobre cultura. Otra vuelta de tuerca en materia de educación y universidades favorece los proyectos más extremistas. El Consejo de Garantías Estatutarias y la reforma de las leyes electoral y municipal podrían alterar el equilibrio institucional. Incluso, la réplica catalana de las leyes prometidas por el Gobierno de Zapatero (autonomía personal, dependencia o igualdad de la mujer) reflejan la idea del Estado residual de manera que las normas autonómicas desplazan cualquier regulación de nivel nacional. El anuncio de una ley sobre memorial democrático no anticipa nada bueno sobre el revisionismo histórico. Y en fin, la propuesta de suprimir el impuesto de sucesiones ofrece una singular paradoja: los socialistas criticaban a Esperanza Aguirre por beneficiar a los ricos y ahora copian la medida sin admitir que sus críticas anteriores eran sencillamente absurdas. Estas son las consecuencias lógicas de un Estatuto aprobado por intereses partidistas y coyunturales que ahora determina la arquitectura política en Cataluña, dejando su desarrollo en manos de un Gobierno de socialistas y nacionalistas extremos. Es probable que, más pronto que tarde, los hechos incontestables desmientan las buenas palabras del candidato Montilla al frente de una coalición entre PSC, ERC e ICV cuyo reparto interno de poder no favorece, ni mu, cho menos, a los más moderados. LA LEGÍTIMA OPOSICIÓN DE LAS VÍCTIMAS L A Asociación de Víctimas del Terrorismo ha convocado para mañana, en Madrid, una nueva manifestación contra la negociación con ETA. Las víctimas manifiestan otra vez su oposición al diálogo con la banda terrorista y lo hacen en un momento crítico del supuesto proceso de paz al que se ha llegado tras confirmarse, uno por uno, todos los temores que la AVT y otros colectivos de víctimas y grupos cívicos habían expresado mucho antes de que ETA anunciara su alto el fuego permanente Para entender la profunda indignación de las víctimas de ETA es preciso recordar episodios de insensibilidad y falta de consideración por parte del Gobierno socialista, que sustituyó una política de reconocimiento constante por una estrategia de división y dilución de su voz, olvidando que las víctimas son un referente moral cuya memoria no puede obviarse por cuestiones partidistas. Las víctimas reclaman justicia y su reivindicación es legítima por su propia consideración de víctimas: ignorarlas sería tanto como privarlas de la reparación moral a la que está obligado el Estado. Y hacer justicia a las víctimas supone colocarlas indefectiblemente en un plano de superioridad que no puede ser cuestionado en función de estrategias políticas determinadas, ya que su memoria es la afirmación de una injusticia que sigue vigente y que obliga a una política de reparación que no puede ser pasada por alto. El pasado año, el Gobierno criticó la convocatoria de una manifestación similar porque no había negociación con ETA Es lógico que después de saber que el PSE y Batasuna, por un lado, y ETA y emisarios del Gobierno, por otro, han estado en contacto en los últimos años, las víctimas del terrorismo etarra asistan a este proceso de diálogo con una oposición rotunda y un alto sentido de la movilización. No es para menos. El final de la banda terrorista ETA tiene que ser el de la victoria incondicional- -así, como suena- -del Estado, de la sociedad y de las víctimas. Este proceso, iniciado de consuno por el Gobierno y ETA y estancado hoy por las razones que sean, condicionaba buena parte de su legitimidad más radical al resarcimiento definitivo de las víctimas, en lo moral, lo político y lo judicial. Convertidas a la fuerza en la vanguardia del sufrimiento, el Gobierno debía haberlas mantenido como argumento básico para la derrota de ETA. Pero otra vez las víctimas se sienten postergadas porque se han convertido en un problema para el proceso El Ejecutivo ha perdido, por su propia culpa, la oportunidad de dar a las víctimas el papel que les corresponde- -y que éstas reclaman con justicia- -en este frustrante proceso de diálogo con los terroristas de ETA. Por eso merecen todo el respaldo de la sociedad en la manifestación de mañana en Madrid.