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ABC JUEVES 23 s 11 s 2006 ESPAÑA 19 González de Caldas pagó 60.000 euros a Juan Antonio Roca para poder construir en Marbella El silencio administrativo fue la fórmula elegida por el cerebro de la trama para sacar adelante el proyecto del empresario J. M. CAMACHO MÁLAGA. Un auto del juez Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya revela que el ex presidente del Sevilla José María González de Caldas y su socio Miguel López Benjumea pagaron 60.000 euros al ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, cerebro de la trama de corrupción en la localidad malagueña, para poder construir en el municipio costasoleño. Torres indica en el auto que los dos imputados en el caso Malaya negociaron una promoción de viviendas en El Señorío de Marbella, cuya licencia se aprobaría por silencio administrativo. El empresario sevillano, que gestiona las plazas de toros de Córdoba, Granada, Jaén y Oviedo (ahora opta a la de Málaga) a través de su firma Taurotoro, y es apoderado de Manuel Díaz El Cordobés y su socio Miguel López Benjumea, hermano del que fuera presidente de la Caja San Fernando, Juan Manuel López, fueron detenidos en la tercera fase de la operación Malaya y puestos en libertad por el juez bajo fianza de 50.000 y 30.000 euros, respectivamente. Los nombres de González de Caldas y López Benjumea y de otros implicados en la Malatadas por el escándalo de Marbella en esta última fase, entre los que se encontraban la ex mujer de Julián Muñoz, Mayte Zaldívar, acusada de blanqueo de dinero; Manuel Lores, presidente del Portuense, club de la Segunda División B; el director general de Proincosta, Eusebio Sierra; el empresario cordobés José María Enríquez; el italiano Giovanni Piero Montalo; un funcionario judicial, Francisco Ramirez, y el director de una sucursal de la entidad financiera Cajamar, Benjamin Martínez. Según el magistrado, López Benjumea fue la persona que realizó el pago de las comisiones al asesor de Urbanismo, a través de una sociedad del empresario José María González de Caldas, Huelva Business General. La promoción de viviendas de González de Caldas no se ajustaba al Plan General de Ordenación Urbana de 1986, el único válido para la Junta de Andalucía, por lo que necesitaba ser aprobado de otra forma. El silencio administrativo fue la fórmula elegida por Roca para sacar adelante el proyecto. Entre 2003 y 2006, el Ayuntamiento de Marbella aprobó decenas de licencias urbanísticas por silencio administrativos, según consta en una denuncia de la Junta de Andalucía. Los constructores dicen que la Junta crea alarma social El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Málaga, José Prados, acusó a la Junta de Andalucía de crear alarma social con las demoliciones de Marbella. Prados entiende que la inmensa mayoría de las personas que compraron una vivienda no sólo lo hicieron de buena fe sino que además pagaron sus impuestos al Ayuntamiento, a la Junta y al Gobierno central. El empresario afirmó que si se derriban las 5.000 viviendas de Marbella supuestamente ilegales sería el principio del fin de esa localidad de Málaga y de la Costa del Sol. ya aparecieron en la minuciosa contabilidad que seguía el cerebro de la trama de corrupción, aunque se aludía a ellos de forma encubierta, en la mayor parte de los casos bajo simples iniciales que los investigadores han tenido que descifrar. Doce personas fueron arres- ABC. es Caso Malaya; http: especiales. abc. es galerías 2006- marbellaimplicados pages marbella 01. htm Afinsa quiere ahora que sus clientes sean accionistas para que puedan cobrar ABC MADRID. El Plan de Viabilidad propuesto por los antiguos gestores de Afinsa en el Juzgado Mercantil número 6 de Madrid propone convertir de forma gratuita a los 190.000 clientes en accionistas y devolver, en los próximos diez años, los compromisos adquiridos, cifrados en 1.956 millones de euros. Así lo anunció ayer el ex presidente de Afinsa José Antonio Cano Cuevas, quien explicó que esta solución, presentada ya como convenio del deudor en el concurso necesario por insolvencia que se sigue contra la compañía, convertiría a los clientes en sujetos activos en la vía mercantil para decidir el futuro del patrimonio de la compañía. Según los datos presentados por Cano Cuevas, Afinsa tiene un pasivo de 160 millones de euros por unos activos de 760 millones de euros y unas inversiones realizadas por los clientes cifradas en 1.920 millones de euros, el valor de lo que valen los sellos a precio de catálogo. Para que se aplique este plan de viabilidad, los jueces deberían autorizar a los actuales propietarios de Afinsa, Jo- sé Antonio Cano Cuevas y Albertino de Figueiredo, a liberar los 44,5 millones de euros de capital social que poseen para dar, en un primer momento, el 80 por ciento a los accionistas según su inversión y la revalorización de los sellos. Para ello, Afinsa habría de hacer un split con las 1.977 títulos que tiene actualmente Afinsa por valor de 22.500 euros hasta que lleguen a un valor que podría estar entre uno y cinco euros. La asociación de consumidores Adicae ha calificado de ridículo el plan de viabilidad presentado por los antiguos gestores de Afinsa para reflotar la sociedad, ya que a su juicio la única propuesta viable es aquella que tiende hacia la liquidación de la empresa y la devolución de los compromisos