ABC MADRID 23-11-2006 página 17

ABC JUEVES 23 s 11 s 2006 Las reformas estatutarias ESPAÑA 17 Los negociadores del PSOE y el PP, satisfechos anoche tras la reunión en la que pactaron la reforma EFE PP y PSOE pactan en el Congreso el nuevo Estatuto de Baleares No figurará en el texto la deuda histórica pero sí se pagará en siete años en función de la inversión media per cápita regional F. ROJO J. M. AGUILÓ MADRID PALMA. Tras el acuerdo alcanzado en Andalucía y en vísperas de otro previsible en Galicia, el PP llegó anoche con el PSOE a un nuevo acuerdo, esta vez para desbloquear el Estatuto de Baleares. El proyecto llevaba dos meses y medio paralizado por el rechazo de los socialistas, y muy especialmente del vicepresidente segundo, Pedro Solbes, a incluir 3.000 millones de inversiones adicionales para el Archipiélago. Fue el propio Rajoy quien personalmente dio su autorización a los representantes del PP que durante diez horas de reuniones con los del PSOE lograron articular una fórmula para que Baleares cobre su deuda histórica sin tener que estar reflejada en el texto. Después de que el PP rechazara aplicar el modelo catalán- -que relaciona las inversiones con el peso en el PIB- -y de que el PSOE se negara a incluir una cifra concreta, se encontró una alternativa para desbloquear la tramitación parlamentaria que estaba enfangada después de casi dos meses y medio. Se trata de la disposición transitoria octava, una auténtica pieza de ingeniería lingüística y financiera, en la cual se dan multitud de rodeos para no tener que definir explícitamente las inversiones del Estado en las Islas. La solución consiste básicamente en que el dinero del Estado llegue al Archipiélago en función de la inversión media per cápita realizada en las comunidades autónomas de régimen común y en un plazo no superior a siete años cláusula Matas que señala que cualquier compensación que reciba Canarias por el hecho de ser un territorio insular deberá recibirla también Baleares. En este sentido, el nuevo documento especifica que una ley de las Cortes Generales regulará el régimen especial balear que reconocerá el hecho específico y diferencial de su insularidad Cooficialidad de lenguas En cuanto a la lengua, se reconoce la cooficialidad del catalán y del castellano, y se añade que se protegerán las modalidades de la lengua catalana que se hablan en las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Otro punto que no aparecerá en el texto definitivo es el que hacía referencia a que la dirección de RTVE en Baleares tuviera que rendir cuentas de su gestión ante el Parlamento autonómico. Por último, el comité asesor de medios de comunicación audiovisuales sólo realizará su labor referida a los medios públicos. Después de los nubarrones que aparecían en los últimos días, el presidente balear, Jaume Matas, recibió con satisfacción el acuerdo alcanzado ayer, que dijo que será muy beneficioso para los habitantes de Baleares pese a no corresponderse con el texto que llegó a Madrid. La misma valoración hicieron el resto de partidos con representación en las Islas. La transitoria octava Mientras las Cortes Generales no aprueben la modificación de la Ley 30 1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Islas Baleares y, en todo caso en un plazo no superior a siete años, la inversión del Estado se establecerá atendiendo a la inversión media per cápita realizada en las Comunidades de régimen común, determinada con arreglo a la normativa estatal, homogeneizando las actuaciones inversoras realizadas en dichas Comunidades para permitir su comparabilidad y teniendo presente las circunstancias derivadas de los hechos diferenciales y excepcionales de las Islas Baleares con incidencia en la cuantificación de la inversión pública Cláusula Matas Según el nuevo sistema pactado ayer, los 3.000 millones se rebajarán hasta una cifra que puede oscilar entre los 2.100 y los 2.700 millones de euros. Sin embargo, la ventaja para el Ejecutivo balear es que la nueva cantidad, aunque inferior, se cobrará en siete años en lugar de en diez, como se reflejaba en el proyecto que llegó en septiembre al Congreso de los Diputados. Sí se mantiene sin embargo en el nuevo texto la llamada