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4 OPINIÓN JUEVES 23 s 11 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar ROMPECABEZAS HOLANDÉS L Partido Socialcristiano del primer ministro holandés, Jan Peter Balkenende, ha sido el más votado en las elecciones generales celebradas ayer, pero ha perdido una buena parte de sus escaños. Igual le ha pasado al Partido Liberal con el que ha formado coalición hasta ahora, que se ha dejado no pocos de sus diputados, y tres cuartas partes de lo mismo le ha sucedido al representante de la oposición tradicional, el socialdemócrata Partido Laborista. Por el contrario, una formación hasta ahora marginal y extraña al sistema habitual de partidos, los socialistas (ex trosquistas) se ha aupado hasta niveles inéditos, como tercer partido más cerca del segundo que del cuarto, con lo cual, la formación de una nueva mayoría de Gobierno será muy probablemente un rompecabezas. Se diría que en Holanda se ha mantenido la misma tendencia general que en el resto de Europa occidental en las últimas convocatorias electorales: resultados extremadamente cerrados y desprovistos de tendencias claras. Los electores de muchos países, como ha pasado ahora en Holanda, parecen tener dificultades para vislumbrar un camino despejado e ilusionante para sus sociedades y envían mensajes que los dirigentes de los partidos tienen problemas para traducir en andamiajes políticos. Muchos ciudadanos tienen más claro las cosas que no quieren que la definición de las que sí y el camino posible para alcanzarlas. Sucedió en Alemania, donde se tuvo que echar mano de la fórmula excepcional de la gran coalición que no se había tenido que utilizar desde la época de la fundación de la República Federal. Ha pasado en la victoria de Romano Prodi, en Italia, que se decidió por un puñado de votos, y es la perspectiva que se anticipa en el caso de las presidenciales francesas del año que viene. Ni siquiera los buenos datos de la economía donde los hay logran animar a los ciudadanos en sus relaciones con la política. Europa parece vacía de ideas. En lugar de hacer que los debates nacionales pudieran impulsar la discusión sobre el futuro de una Europa en estado de shock tras el colapso de la ratificación del proyecto constitucional, parece que ha sido al revés, que desgraciadamente la apatía de la atmósfera comunitaria se ha contagiado a la política interna de los países miembros. En parte, este fenómeno se debe a que muchos dirigentes políticos europeos no se atreven a revelar lo que no ignoran que debería llevarse a cabo; pero saben también que sería tan impopular que, a efectos electorales, son contraproducentes para ellos. Los asuntos verdaderamente importantes como futuro de Europa y del modelo del bienestar, las reformas económicas, la globalización, no se debaten en las campañas porque en muchos casos se han convertido en políticamente incorrectas Los resultados de ayer en Holanda confirman que si los dirigentes políticos no cambian esta tendencia, se resentirá la calidad de la democracia. E ENCRUCIJADA JUDICIAL L A situación actual del proceso de negociación con ETA se ha vuelto definitivamente confusa y contradictoria como consecuencia de la falta de sinceridad del Gobierno sobre el pasado y el presente de los contactos con los terroristas y su entramado batasuno. Tras la confirmación de que ETA robó en Vauvert el arsenal de armas cortas y las informaciones de la Policía francesa sobre la plena operatividad de los etarras, la sensación general es de que no hay una verdadera tregua como preludio de la desaparición de la organización terrorista, sino un mero paréntesis estratégico para rearmarse, tantear la posibilidad de alcanzar sus objetivos tradicionales y sembrar la discordia entre los demócratas. El bloqueo del proceso de negociación con ETA es explicable en la medida en que ha llegado al punto en que los etarras reclaman su plena justificación histórica mediante el reconocimiento político de su violencia, que exige la aceptación de la territorialidad y de la autodeterminación, así como la impunidad de sus miembros. Simplemente, nada de esto pueden obtener sin hacer saltar por los aires la estructura del Estado. Que ETA seesté limitando o no a demandar del Gobierno que cumpla esos compromisos previos que propiciaron la tregua no cambia el resultado, aunquesí el juicio deresponsabilidad política que podrá recaer sobre un Ejecutivo que quizás haya insinuado promesas que nunca estará en su mano hacer cumplir. En este contexto de confusión, se percibe cada día con mayor claridad el protagonismo principal de los tribunales de Justicia- -que es lo propio de un Estado de Derecho que quiere erradicar el terrorismo sólo con la ley- protagonismo reforzado por las torpes declaraciones con las que el Gobierno y algunos dirigentes socialistas pretenden que sean los jueces los que legitimen el diálogo con los terroristas mediante la inaplicaciónde la legalidad vigente. Estaactitud, apartedeinaceptable en un Estado basado en la división de poderes y la independencia judicial, es incongruente con el mensaje oficial de que no hay proceso porque aún hay violencia. Si es así, los jueces no entorpecen ningún diálogo ni tienen que adaptar sus decisiones aunos tiempos queno son nuevos porque ETAes la misma. En este sentido, ha resultado muy desconcertante el infor- medelMinisterioFiscala laSala Especial del TribunalSupremo, en el que la Fiscalía se opone a la liquidación del patrimonio de las herriko tabernas como trámite de ejecución de la sentencia que disolvió a Batasuna. Hasta ahora, la Fiscalía nunca dudó de que las herriko tabernas componían una red imprescindible para la financiación de ETA y Batasuna, ni tampoco de que las personas titulares de las mismas- -fueran físicas o jurídicas- -eran meras pantallas de los terroristas. Las dudas suscitadas por el Ministerio Fiscal, aunque respondan- -en la mejor de las interpretaciones- -a un escrúpulo garantista, llegan unos cuantos años tarde, todos los que ha requerido la investigación judicial para llegar a la conclusión- -avalada y defendida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional- -de que era el entramado batasuno el que dirigía la red de herriko tabernas y se aprovechaba de su actividad. Este cambio de criterio no es compatible con el principio de unidad de actuación que rige en la Fiscalía, que, además, habría permitido al fiscal trasladar a la Sala Especial del TS todos los datos que obran en el sumario instruido por Garzón sobre la financiación deETA. Decir ahora quenoestá acreditadoque entre las herriko tabernas y el entramado batasuno haya relaciónpatrimoniales un golpenosóloalprocesoinstruido alamparo de la Ley de Partidos Políticos, sino también a las causas penales incoadas contra la red financiera de ETA y Batasuna. Seacualseala influencia final delinformedelaFiscalía sobre las herriko tabernas lo cierto es que el Supremo- -tanto la Sala Especial como la Sala Segunda en el recurso de casación sobre la organización juvenil Segi Haika Jarrai- -y la Audiencia Nacional tienen en sus manos la culminación de un largo trabajo judicial contra ETA. Por eso es injusto y muy peligroso- -por lo que pueda pasar en el futuro- -que esta responsabilidad judicial sea interpretada por el Gobierno y el PSOE como una encrucijada moral y política de los jueces, a los que se les ha puesto en el dilema de aplicar la ley aunque desagrade a ETA- -y reste posibilidades a la negociación política- -o dar paso a una interpretación oportunista de la ley que blanqueeel diálogo con quienes anteel ordenamiento jurídico siguen siendo sólo terroristas. TRASLADO AL MARGEN DE LA LEY L A Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del real decreto por virtud del cual se determinó el traslado a Barcelona de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) El pleno de la Sala de lo Contencioso- administrativo ha estimado, por tanto, el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid y por un amplio grupo de trabajadores de la institución. Según el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre, se trataba de una decisión estrictamente política que excede la potestad discrecional del Gobierno e incurre en desviación de poder, causando una convulsión en un sector estratégico para la economía nacional. En la práctica, la CMT funciona hace ya tiempo en Barcelona, ocupando cuatro plantas dispersas en un edificio de oficinas situado en la Villa Olímpica. Es evidente también que se causó un notable perjuicio a buena parte de los trabajadores del organismo, ya que sólo un 40 por ciento de los 130 empleados actuales aceptó el traslado desde Madrid. En espera de conocer en su integridad las razones que justifican el fallo, parece ser que el alto Tribunal estima insuficientes con arreglo a la ley los informes previos a la decisión adoptada. Se trata, sin duda, de un elemento muy significativo del acuerdo. Las prisas de Rodríguez Zapatero por satisfacer sus compromisos con el primer tripartito forzaron una ejecución precipitada, lo que obligó a inclumplir el procedimiento administrativo y a obviar los informes preceptivos. El Tribunal Supremo restablece así la legalidad vulnerada, lo que exigirá que el Gobierno se pronuncie de nuevo una vez cumplidos todos los trámites. Las reacciones en contra de la sentencia no se han hecho esperar. El departamento que dirige Joan Clos se ha apresurado a quitar importancia al fallo judicial. Ya se sabe que la doctrina de Montesquieu no goza de buena salud en determinados ambientes ideológicos, pero es evidente que el Ministerio de Industria está obligado a ejecutar en sus propios términos la decisión de los jueces, sin que le sirva de nada mirar para otro lado. Aunque el nuevo tripartito haya puesto el grito en el cielo y reclame al ex alcalde de Barcelona que arregle pronto el asunto, el Estado de Derecho no admite componendas partidistas para vulnerar las normas jurídicas, de manera que el Gobierno tendrá que acatar la sentencia aunque se molesten sus socios de ERC. José Montilla, próximo presidente de la Generalitat, dejó mucho que desear como gestor durante su etapa ministerial. Entre otras cosas, su sucesor tendrá que poner orden en el procedimiento para que la CMT pueda funcionar en Barcelona con todos los requisitos legales, y también- -si fuera posible- -con una sede propia que ofrezca menos aire de precariedad.