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4 OPINIÓN LUNES 20 s 11 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar ITALIA LANGUIDECE R NAVARRA SE PLANTA S I algo indica que la tregua actual es, para ETA, un proceso de negociación política para el logro de sus objetivos tradicionales, es, sin duda, la insistencia en lo que los etarras llaman territorialidad concepto que no es otra cosa que la incorporación de Navarra a la Euskal Herría mítica que comparten todos los nacionalistas. También los territorios del sur de Francia- -Iparralde- -entrarían en el proyecto anexionista de ETA, aunque la firmeza del Gobierno galo- -con independencia de ideologías- -y la baja presencia electoral de los nacionalistas disuaden a los etarras de utilizar la misma insistencia que emplean en España con Navarra. Será porque de París no esperan nada, por mucho que en los últimos días ETA y su entorno hayan elevado el tono e instado al Gobierno galo a que se involucre decididamente en el proceso de paz bajo la amenaza de llevar el conflicto a la nación vecina si no se pliega a sus exigencias. Pura retórica, porque ETA sabe que Francia no va a mover ficha. El Gobierno socialista insiste en que no se va a hablar del futuro de Navarra en la mesa de negociación con Batasuna. Este desmentido, como tantos otros, es creíble porque los hechos no lo confirman plenamente; es decir, que el Gobierno cuenta con el beneficio de una duda que, sin embargo, es cada vez más creciente. Porque si ETA hubiera tenido meridianamente claro desde un principio que Navarra no se toca, no habría concedido el alto el fuego o, de haberlo concedido, no habría insistido en la territorialidad como condición inexcusable de un acuerdo definitivo. Cabe recordar, además, que el presunto guionista de este proceso, Jesús Eguiguren, presidente de los socialistas vascos, acepta desde 2003 la modificación del régimen foral de Navarra, en términos abstractos, pero suficientes para que ETA pueda decir que también Navarra se negocia. Por eso se convierte en tan necesaria una reforma constitucional que suprima la Disposición Transitoria Cuarta, reflejo coyuntural del consenso constitucional- -hecho a la medida de las demandas del nacionalismo e inútil como tantas otras cesiones- pero que hoy sólo representa una excusa para que los nacionalistas no den por cerradas sus aspiraciones sobre el Viejo Reino. Para ETA, Navarra no puede quedar al margen de un proceso que desemboque en acuerdos que la legitimen retroactivamente, porque sería una derrota de sus postulados esencialistas. El régimen foral de Navarra es para los etarras un obstáculo tan resistente y odiado como la Constitución de 1978 y más que el Estatuto de Guernica. Más que éste porque la mayoría parlamentaria de Navarra está formada por dos partidos- -UPN y CDN- -que están comprometidos con la defensa del territorio foral frente al expansionismo nacionalista. Triste papel, sin duda, el del socialismo navarro, del que está descontada su condición de caballo de Troya de los nacionalistas vascos para asaltar el Gobierno de la Comunidad Foral tras las próximas elecciones autonómicas de 2007, claves en el horizonte de un proceso que estaba condicionado al cumplimiento por parte de ETA de una serie de exigencias elementales, entre ellas la no utilización de la violencia, que los terroristas han incumplido a conveniencia. Es mucho lo que se juega Navarra en los comicios de la próxima primavera. La renovación de una mayoría foralista en las elecciones de 2007 es fundamental para que ETA- -y el nacionalismo vasco en su conjunto- -fracase en su propósito anexionista. La conservación de las instituciones democráticas navarras en manos de quienes están dispuestos a mantener el régimen foral se presenta así como lo que puede llegar a ser- -si el proceso de negociación con ETA no se ha extinguido antes- -el hito fundamental y punto de inflexión de este proceso de negociación política con los terroristas en el que cada día que pasa es mayor la presión por parte de la banda, empeñada en una clara estrategia de acoso y tensión que amenaza con hacerse insoportable para un Gobierno encallado en un peligroso cruce de caminos del que, más allá de la retórica habitual, parece incapaz de salir. NAIROBI, EL DÍA DESPUÉS L AS expectativas que había despertado la Cumbre del Clima en Nairobi (Kenia) han resultado fallidas. Todo se reduce a un principio de acuerdo para una revisión del Protocolo de Kioto antes de finales de 2008 y al compromiso de perfilar el régimen futuro durante el año siguiente. Los documentos aprobados incluyen una colección de buenos deseos, como la necesidad de estabilizar las emisiones de CO 2 para el año 2050 y la aportación de datos significativos, entre ellos que para mantener estable la concentración en la atmósfera sería preciso reducir las emisiones a la mitad respecto de los valores de 2000. De nuevo en el terreno de la declaración de intenciones se pretende que los países industrializados de la UE vayan algo más allá, reduciendo el 30 por ciento para 2020 y entre el 60 y el 80 por ciento para 2050. En estas circunstancias hablar del éxito de la Cumbre refleja el voluntarismo de algunos responsables internacionales, lo mismo que la afirmación de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que considera que de Nairobi ha salido una agenda de trabajo para los próximos años. En realidad, el acuerdo principal consiste en afirmar que los problemas se abordarán más adelante. Sólo así se ha conseguido la aprobación de la India y de China, dos potencias demográficas en pleno proceso de desarrollo industrial que deberán reforzar notablemente sus controles medioambientales. También ha sido necesario hacer concesiones a Rusia, cuyas infraestructuras anticuadas exigirían fuertes inversiones, que la situación económica actual no permite. El día después de Nairobi las cosas siguen como estaban. La preocupación por el futuro de la Tierra forma parte de la agenda internacional a partir de la Conferencia de Estocolmo en 1972. Los avances conseguidos en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y en el Protocolo de Kioto imponen una serie de compromisos de los países más desarrollados, que tiene como contrapartida la adopción de políticas realistas. De nada sirve atender las reivindicaciones del ecologismo radical y sus propuestas utópicas. El control sobre el medio ambiente tiene que buscar un equilibrio razonable con el desarrollo social y económico y no puede configurarse como una forma de impedir el progreso y la creación de riqueza. A su vez, los gobiernos de los países más industrializados y la opinión pública occidental tendrían que ser sensibles a los gravísimos problemas que conlleva un desarrollo no controlado. África, la gran perdedora de la globalización, sufre más que nadie la falta de agua. El calentamiento de la Tierra nos afecta a todos y pone en peligro el derecho a la vida de las generaciones futuras. El principio quien contamina, paga aplicado en condiciones estrictas de seguridad jurídica y eficacia administrativa, sigue siendo un buen punto de partida. Aunque parezca un tópico, sólo el desarrollo sostenible garantiza el presente y el futuro de la vida humana en un planeta cuyos recursos no son ilimitados. OMANO Prodi vive horas bajas. En apenas medio año de gobierno de centro- izquierda, los sondeos ponen de manifiesto que Italia vive un desencanto acelerado hacia su persona y su capacidad de liderazgo. Los datos son elocuentes. Entre el mes de agosto y ahora, el crédito del primer ministro ha sufrido una grave erosión. Ha pasado del 58 al 46 por ciento, siendo todavía mayor la caída que ha experimentado su gabinete. A día de hoy, los italianos ven con enorme pesimismo el futuro de su país. No acaban de perfilar con nitidez cuál es su horizonte político y económico. Tan sólo tienen claro una cosa: que el gobierno de Romano Prodi, en vez de aplicarse con energía en la gestión de un país que necesita altas dosis de cordura y responsabilidad, ha desaparecido prácticamente de escena, eclipsado por el poder de las mafias, la parálisis institucional y las noticias de corrupción administrativa. De hecho, la percepción que se adueña de la opinión pública es que Prodi carece de programa de gobierno. La clave de su victoria fue aglutinar el malestar que generaba el gobierno de Berlusconi. Nada más. Se acaba de ver durante el debate de presupuestos, donde el ministro de Finanzas, Tommaso Padoa- Schioppa, ha sido incapaz de llevar a cabo reformas estructurales en los gastos del Estado, a pesar de que el país está al borde la bancarrota. Con veinticinco ministerios en nómina, y con la presión de diez partidos políticos deseosos de controlar sus respectivas parcelas sobre el destino del gasto público, Prodi ha tenido que anudar el apoyo a sus presupuestos con un voto de confianza y, aun así, ha recurrido a la fórmula de subir los impuestos para tratar de atajar el nivel de endeudamiento público- -más del 107 por 100 del PIB- -y, de paso, reducir el déficit presupuestario, que se sitúa por encima del cuatro por ciento. Sin política económica digna de tal nombre y sin voluntad de diseñar un proyecto de medidas que estimulen el crecimiento de un país instalado en la parálisis, Italia languidece en medio de una situación desesperante en la que crece la economía sumergida y, con ella, la corrupción y el poder de una mafia que controla ya una cuarta parte del conjunto de la economía italiana. Incapaz de atajar este escenario de crisis institucional generalizada, y habida cuenta de que tanto la Administración como la Justicia experimentan sus particulares crisis de confianza, el Gobierno de Prodi va cayendo en la desidia y la irresponsabilidad populista de culpar de cuanto sucede al pasado, mientras, por ejemplo, aumenta la criminalidad de forma alarmante en algunas zonas del país en medio de la más absoluta impotencia policial. Así las cosas, la sociedad italiana vuelve a estar sumida en una sensación de incertidumbre alarmante que compromete, incluso, la respetabilidad misma de las instituciones republicanas. Lo que pueda deparar el futuro es una incógnita. Sobre todo si, como parece, la única política que Romano Prodi está en condiciones de poner en práctica por ahora es la de ir parcheando como pueda una situación que hace aguas por todas partes.