Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN DOMINGO 19 s 11 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y Sergio Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar CIEMPOZUELOS: RESPONSABLES EN CADENA L DE CAJA A BANCO L A Caixa ha decidido sacar a Bolsa una parte de su grupo industrial. Es una operación interesante que le permitirá realizar plusvalías latentes (superan los 10.000 millones de euros) mejorar sus ratios de endeudamiento, disminuir su riesgo industrial y concentrarse en hacer banca, incorporar inversores particulares o institucionales a su proyecto y probablemente comprar bancos. Pero es también una decisión que plantea numerosos interrogantes políticos y económicos. Quedan por precisar numerosos detalles, entre otros la composición exacta de las participaciones empresariales que se agruparán en el holding. Pero todo apunta a que no incluirá las inversiones en otros bancos, con lo que se confirma que la institución financiera no se plantea vender sus acciones de Sabadell, BPI o Caifor, sino que, más bien al contrario, pretende hacer caja para comprar más bancos. La Caixa lleva tiempo estudiando una posible expansión internacional y ha concluido hacerlo mediante adquisiciones directas, un método más rápido y expeditivo, pero también más arriesgado. Así se lo ha hecho saber al Banco de España, y el nuevo gobernador no parece haber mostrado especiales reticencias. Cambia así la doctrina tradicional de la autoridad monetaria, que desde siempre se había opuesto a la expansión internacional de las Cajas por la vía de las compras de Bancos. Urge una explicación pública de este cambio de criterio, pues la regulación financiera necesita ser estable y previsible para ser eficiente. Tampoco se puede ignorar que la operación se pone en marcha después de aprobado un Estatuto de Cataluña que aumenta los poderes de regulación y supervisión del Gobierno de esa Comunidad sobre las Cajas de Ahorro. En esa lógica hay que enmarcar que la institución se haya dirigido con la misma celeridad al Gobierno central y al autonómico. Por último, la operación va a modificar necesariamente la estructura institucional y operativa de La Caixa, los procesos de toma de decisiones y las relaciones de poder inter- nas. Abundan las interpretaciones al respecto, pero más allá de rumores es indiscutible que afecta de lleno a la naturaleza de la entidad y bien podría ser el principio del fin del modelo de Cajas de Ahorro, que moriría así víctima de su propio éxito. Desde un punto de vista estrictamente económico, parece una decisión acertada, pues permite a la entidad presidida por Fornesa aprovechar el buen momento que viven las Bolsas mundiales para volver al negocio bancario tradicional y disminuir el riesgo de mercado implícito en su exposición industrial. Hace así lo que ya hicieron antes Santander y BBVA, abandonar el modelo de banca industrial típicamente centroeuropea y que cuenta con escaso atractivo entre inversores y analistas. La Caixa se hace un poco más Banco comercial y un poco menos Banco de desarrollo, con lo que de paso limita las posibles interferencias políticas en la composición de sus activos. Pero sería un error considerar que con esta decisión la Caja catalana se somete a la disciplina del mercado y puede por tanto prescindir definitivamente de emitir cuotas participativas, esos títulos de renta variable pero sin derechos políticos que se introdujeron en la Ley Financiera de 2002 y cuya puesta en circulación viene reclamando sin éxito la autoridad monetaria. Sólo hay dos precedentes en España de operaciones de externalización del grupo industrial de una entidad financiera, el grupo March y Banesto, y ninguno es comparable. Porque lo que aquí está en juego es la voluntad del mercado, de ahorradores e inversores, de participar en las operaciones industriales de una institución sobre cuya gestión no pueden influir más que marginalmente. La Caixa ya ha anunciado que no va a renunciar al 51 por ciento del grupo, y cuya naturaleza es atípica. Será pues un buen test de credibilidad de La Caixa, y una buena guía de la independencia y eficiencia de sus gestores. Pero nunca un sustituto del juicio del mercado sobre la entidad misma. MEDIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ON la conferencia sobre seguridad ciudadana celebrada en Madrid este fin de semana, el Partido Popular pretendía colocar este problema en la agenda política nacional y lo ha conseguido con creces. La reacción del Gobierno y del PSOE contra esta iniciativa de los populares demuestra que no están cómodos ante un debate que la sociedad había iniciado mucho antes del vídeo del PP y de sus numerosas propuestas para luchar contra la delincuencia. Hay una realidad social marcada por la creciente inseguridad. Las estadísticas sobre la evolución de la criminalidad sirven de poco cuando los ciudadanos han interiorizado el sentimiento de que no viven seguros. El Gobierno utiliza unos datos para poder decir que la delincuencia ha bajado y el PP, echando mano de memorias e informes de la Fiscalía General y de la Guardia Civil, así como de las respuestas parlamentarias del Ejecutivo, denuncia un incremento de la criminalidad de un 3,75 por ciento en 2005 y un 6,03 por ciento en el primer semestre del año. Lo cierto es que el ambiente social respira esa inseguridad que se produce por el incremento de delitos especialmente alarmantes para los ciudadanos, como los robos a mano armada a joyerías y locales de negocio, o el asalto continuo a viviendas ocupadas por familias, que son sometidas, además, a horas de violencia e intimidación, lo que al perjuicio patrimonial añade las lesiones físicas y el daño psicológico. Por otro lado, las estadísticas C oficiales recogen sólo cifras de delitos denunciados, ignorando, como no puede ser de otra manera, los que no son objeto de denuncia, o absorbiendo los efectos de la política criminal del Gobierno sobre diversos sectores (protección de la propiedad intelectual, violencia contra la mujer) que claramente mueven las cifras al alza. Por eso, el efecto estadístico hay que relativizarlo en tanto en cuanto la sensación de temor entre los ciudadanos viene dada por una serie de delitos, y es irrelevante que el conjunto de crímenes baje uno o dos puntos cuando esos delitos se mantienen o aumentan. Lo grave es el sentimiento general de los ciudadanos y el riesgo de que éstos empiecen a desconfiar de la capacidad del Estado para garantizar su seguridad. El acierto del PP ha consistido en situar en primer plano un problema difícil de tratar políticamente, porque es fácil caer en la exageración tremendista o en la negación de la realidad. Los populares, dejando a un lado el vídeo manifiestamente mejorable con el que promocionaron la conferencia de seguridad, han propuesto más de doscientas medidas concretas para luchar contra la delincuencia y el incivismo en los ámbitos penal, judicial y policial. Es mucho más que lo que ofrece el empecinamiento del Ejecutivo al desmentirle a los ciudadanos lo que éstos sienten internamente y perciben a su alrededor, es decir, una situación de inseguridad que el Estado tiene la obligación de combatir. AS nuevas revelaciones sobre el escándalo urbanístico en Ciempozuelos exigen una respuesta muy precisa por parte del Ministerio del Interior porque, si la explicación no es convincente, alguien tendrá que asumir la responsabilidad al nivel que corresponda. Los documentos publicados ayer por ABC demuestran que se ocultó la trama durante más de un mes, de acuerdo con la declaración ante el juez de un agente de Policía integrado en el Sepblac, organismo de lucha contra el blanqueo de dinero del que forman parte Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Tributaria y Banco de España. Los primeros datos procedentes de Andorra llegaron a principios de mayo, pero las actuaciones quedaron paralizadas, primero por los cambios en la jefatura y luego por la pasividad de los nuevos responsables. Si a ello se suma la eventual manipulación de un informe, al que se añadieron, al parecer, dos párrafos, alguien tendrá que explicar el cómo, el cuándo y el porqué de tales irregularidades. La sospecha de que la famosa comisión de 40 millones de euros tenga que ver con la financiación del PSOE obliga a Rafael Simancas a no mirar para otro lado. En este caso no se trata de imputaciones genéricas ni de aplicar el ventilador para extender el problema al adversario. Existen datos muy precisos: la investigación está sacando a la luz actuaciones intolerables y los ex alcaldes han reconocido su implicación en hechos que no deben quedar diluidos en una supuesta corrupción generalizada que sirva para tapar responsabilidades individuales. El juez ha decidido imputar al superior jerárquico del policía que denunció los hechos, pero las responsabilidades no deben detenerse en niveles puramente ejecutivos. Es necesario determinar quién dio la orden de tapar el asunto, por qué motivos y cuáles fueron las instrucciones políticas que recibió el Sepblac. Si alguien pretendía beneficiar al Partido Socialista para evitar que estallara el escándalo en un municipio importante, habría incurrido en una conducta muy grave en términos jurídicos y políticos. De acuerdo con la Constitución, la Administración sirve con objetividad al interés general y no puede estar al servicio coyuntural del partido gobernante. A mayor abundamiento, la corrupción es un cáncer para la democracia ya que causa un enorme daño a la confianza de los ciudadanos en la clase política. Si estas actuaciones turbias se extienden a los organismos encargados de velar por la aplicación de la Ley, el efecto negativo se multiplica. Al propio PSOE le conviene aclarar los hechos cuanto antes. De momento, un asunto puramente local se ha convertido en un problema para el partido a nivel regional, que puede afectar a sus resultados en las próximas elecciones. Si la rueda sigue girando, las consecuencias podrían alcanzar al ámbito nacional. Es hora de que Ferraz se decida a tomar las decisiones que correspondan, aunque afecten a políticos de primera fila.