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22 ESPAÑA VIERNES 17 s 11 s 2006 ABC Valencia no financiará las recetas de otras Comunidades La Generalitat publica una resolución para evitar desvío de fondos en las farmacias LUZ DERQUI VALENCIA. La Comunidad Valenciana no financiará las recetas de medicamentos que provengan de otras autonomías, una medida que no afectará a los turistas o personas que se encuentren temporalmente en la Comunidad y que precisen atención en un centro sanitario valenciano. Una resolución dictada ayer por el Gobierno autonómico pondrá fin a un situación irregular que se había detectado este verano y por la cual varias farmacias dispensaban un número muy importante de recetas prescritas a pacientes de geriátricos situados en localidades limítrofes, lo que provocaba una desviación de fondos de una comunidad a otra. Estos medicamentos eran facturados a cargo de los presupuestos de la Comunidad Valenciana, pero al tratarse de pacientes que no estaban desplazados, ni por turismo ni por trabajo, no entraban dentro del Fondo de Cohesión. Además, las farmacias compartían parte de los beneficios obtenidos por estos medicamentos y productos con los centros geriátricos. Con esta medida, la Generalitat da un paso más con el fin de ajustar el gasto sanitario que debe soportar la Comunidad a cuenta de los llamados desplazados y que se ha traducido en un enfrentamiento entre la Conselleria y el Ministerio y que ha tenido en el Fondo de Cohesión su principal punto de fricción. Queja del PP por el desprecio del Gobierno al control del Congreso Protestará ante Marín por el mes sin examen parlamentario al Ejecutivo y por la anunciada ausencia de cuatro ministros J. L. LORENTE MADRID. Se avecinan jornadas de bronca parlamentaria en el Congreso de los Diputados. El PP preparaba ayer un duro escrito de protesta por lo que el principal grupo de la oposición considera desprecio del Gobierno a la labor de control de la Cámara Baja. Los ánimos en las bancadas populares andaban ya calentitos por las cuatro semanas que han transcurrido sin que el Ejecutivo se someta a los exámenes parlamentarios de los miércoles. La campaña de las elecciones catalanas, las fiestas de Todos los Santos y de la Almudena y el debate de los Presupuestos Generales en sesión plenaria han provocado que, durante cuatro semanas, no haya habido sesiones de control. La última fue el 18 de octubre. teriales con importantes asuntos entre manos, a los que los populares pensaban interpelar el próximo miércoles. De esta forma, el principal grupo de la oposición no podrá preguntar a Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, por la negociación con ETA, ni a Miguel Ángel Moratinos, titular de Asuntos Exteriores, por el veto del Congreso a la visita del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que ha supuesto un nuevo tropiezo diplomático para el Ejecutivo socialista. Tampoco podrá dirigirse a Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, para conocer la opinión del Gobierno sobre las críticas vertidas contra el actual Consejo General del Poder Judicial. Por último, los populares se quedarán sin saber las explicaciones de Magdalena Álvarez, titular de Fomento, sobre el vídeo de su departamento en el que la oposición considera que se hace publicidad subliminal en favor del PSOE. El PP, que lleva varios días preparando las preguntas a esos ministros, entregará posiblemente mañana al presidente del Congreso, Manuel Marín, un escrito de protesta. Además, los populares pretenden aprovechar la reunión de la Junta de Portavoces del próximo martes para sacar a relucir el asunto. No es la primera vez que, por un largo periodo de tiempo, la Cámara se queda sin sesiones de control. El record lo tiene tanto el Gobierno de Zapatero como el de Aznar: cinco semanas sin exámenes parlamentarios. La mayor bronca por esta circunstancia tuvo lugar la legislatura pasada, cuando el PSOE y sus socios plantaron al PP y abandonaron el hemiciclo en señal de protesta. 74.000 usuarios de fuera Para la Comunidad Valenciana, los datos cantan Nada menos que 74.000 españoles de otras comunidades son atendidos cada año en la sanidad pública valenciana con un gasto para las arcas autonómicas de 125 millones de euros que no son compensados y que se suman al desajuste provocado por el incremento de inmigrantes, también atendidos gratuitamente. Un déficit que se va acumulando, que amenaza con quebrar el sistema sanitario público y que ya se ha convertido en una piedra en el zapato de las relaciones entre ambas administraciones. La última Conferencia de Presidentes no supo o no quiso dar solución a este problema, ya que aunque comunidades como la Valenciana esperaban que se compensara el gasto derivado del crecimiento demográfico y el turismo de los últimos años, sólo se puso un parche al problema con los acuerdos para compensar este gasto a través del aumento de los impuestos con el llamado céntimo sanitario La última vuelta de tuerca ha sido el anuncio por parte del Gobierno de Francisco Camps de recurrir por vía judicial el nuevo Real Decreto que regula el Fondo de Cohesión, que sólo garantiza la cobertura financiera de determinadas operaciones programadas, lo que supone un perjuicio que en el caso de la Comunidad Valenciana supera los diez millones de euros para los años 2004 y 2005. Aunque el coste compensable se incrementa del 40 al 80 por ciento, se han recortado los procesos compensables, al incluirse 30 nuevas dolencias pero quedar excluidas 50. Pese a la voluntad de la Generalitat de agotar todas las vías de reivindicación. está ya escrito que el escenario serán ahora los tribunales. Todas las preguntas del PP irán dirigidas a De la Vega El Grupo Popular buscaba ayer fórmulas para expresar su indignación por la ausencia de los cuatro ministros durante la sesión de control del próximo miércoles. De momento- -y a la espera de más medidas de protesta- los populares decidieron ayer dirigir a la vicepresidenta primera y titular de Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, todas las preguntas que pensaban plantear a los ministros ausentes, además de las que recibe semanalmente (que suelen ser dos, la de Acebes y Zaplana) En total, De la Vega podría acaparar media docena de preguntas. Los novillos de los ministros Pero la gota que ha colmado el vaso se conoció ayer cuando el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes anunció que cuatro ministros- -los de Interior, Exteriores, Justicia y Fomento- -no acudirán a la Cámara Baja la semana que viene por problemas de agenda. Se trata, en opinión del PP, de cuatro titulares de carteras minis- Que decidan los jueces La ministra de Sanidad respondió ayer al anuncio de la Generalitat de reclamar por vía judicial 180 millones por el gasto derivado de la atención sanitaria a extranjeros que viven en la Comunidad Valenciana que serán los tribunales los que decidan Para Elena Salgado, la Comunidad deberá conformarse con 96 millones que por primera vez reparte el Gobierno central de los fondos que recibe gracias a un convenio con la Unión Europa. El Estado defiende la neutralidad de Tremps respecto al Estatuto catalán N. C. MADRID. La Abogacía del Estado no ve motivos para que el Pleno del Tribunal Constitucional acepte la recusación que el Partido Popular ha formulado contra el magistrado Pablo Pérez Tremps por el asesoramiento que prestó a la Generalitat de Cataluña en la redacción del nuevo Estatuto. En el informe remitido al Tribunal Constitucional, la representación legal del Estado asegura que, a partir de la doctrina del Constitucional no se dan los requisitos necesarios para pensar que Pérez Tremps haya perdido la neutralidad necesaria para el enjuiciamiento del litigio El trabajo que este jurista realizó se incluyó, junto al de otros catedráticos, en el libro titulado Estudios sobre la reforma del Estatuto El texto se publicó en noviembre de 2004 bajo el patrocinio del Instituto de Estudios Autonómicos, dependiente de la Generalitat. El principal argumento del abogado del Estado se basa en que, cuando Pérez Tremps redactó su trabajo, no existía, ni remotamente, el texto legal cuya constitucionalidad se discute pues la redacción del articulado concluyó en el Parlamento catalán en julio de 2005. Por esta razón, la Abogacía del Estado ve complicado que, sin tener ningún contacto intelectual ni formarse ninguna opinión anticipada el magistrado haya perdido la imparcialidad. El dictamen resta importancia a la naturaleza del trabajo- -da igual que fuera o no un dictamen dice- -o a quién lo pidiera, pues lo relevante es que en el citado estudio se aprecie una toma de postura sobre el concreto objeto litigioso que permita presumir esa pérdida de neutralidad, lo cual no puede concurrir en este caso También rechaza que tenga importancia que algunas de las sugerencias de Pérez Tremps se hayan incluido en el articulado del Estatuto. Se trata, dice el Estado, de consideraciones generales y no hay pronunciamientos comprometidos por parte del magistrado. La Comunidad reclamará por vía judicial 180 millones por la atención a residentes extranjeros