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4 OPINIÓN VIERNES 17 s 11 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar PARÁLISIS EN LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL L Tribunal de Cuentas, máximo organismo fiscalizador del Estado, ha dado un severo repaso a la Federación Española de Fútbol (FEF) tras haber detectado la existencia de multitud de gastos no suficientemente justificados- -aunque sí acreditados- -en sus cuentas de los años 2002 y 2003, durante la gestión de su discutido presidente, Ángel María Villar. Es cierto que por ahora el Tribunal de Cuentas no ha abierto un juicio de naturaleza contable para aclarar el alcance de las posibles irregularidades, que según diversas informaciones puede afectar a la justificación de parte de una cifra nada desdeñable: 23 millones deeuros en subvenciones. Pero también lo es que los principales directivos de la FEF continúan inmersos en una investigación penal (dura ya más de dos años) precisamente para determinar si llegaron a dar un uso ilícito a fondos federativos o a contabilizarlos de manera anómala con ánimo de apropiación o enriquecimiento. O, sencillamente, si los utilizaron para cargar a las arcas de la FEF gastos millonarios ajenos a la finalidad propia de las subvenciones, como lujosos viajes de esposas y otros familiares a eventos deportivos. Jurídicamente, todavía resulta prematuro valorar la conducta de los gestores de la Federación. El tiempo dirá cómo concluyen los trámites en el Tribunal de Cuentas y el Juzgado de Instrucción. Sin embargo, éticamente resulta inevitable y poco edificante tener que admitir que los indicios conocidos hasta hoy apuntan no ya a una gestión deficiente de los fondos públicos- -sea delictiva o no- sino a una utilización impropia de una parte indeterminada de ellos. Impropia y está por ver si también indecente. A nadie debe dejar indiferente además que la Federación alegue en su defensa el extravío de documentos claves que probarían si a los viajes asisten más personas de las inicialmente previstas (y presupuestadas) y cuánto gastan en comer, dormir... o que el montaje de una Casa de España en el Mundial de Corea origine, según el Tribunal, un desfase deficitario de 120.303 euros y la insuficiente demostración de a qué pudieron destinarse 318.610 euros. Más que a dificultar cualquier investigación, la FEF está obligada a proteger todo tipo de documentación sensible a efectos contables y, desde luego, a aportar más luz sobre un asunto que proyecta ya demasiadas sombras sobre la imagen pública de la institución, a la que por tercer año el Consejo Superior de Deportes se ha visto obligado a cerrar el grifo de las subvenciones. A ello se añade un problema que puede resultar circunstancial en lo estrictamente deportivo, pero que no deja de tener nexos de unión con la sensación de ineficacia, parálisis y nepotismo que transmite la Federación. Como si de una perniciosa relación causa- efecto se tratase, el devenir de la selección española de fútbol en los últimos meses, sobre todo tras la eliminación del Mundial de Alemania, desilusiona más todavía que los desmanes de despacho de la Federación. Ni es razonable continuar alentando falsas expectativas de millones de españoles que se siguen identificando con la selección, ni es deseable la prolongación de un proyecto deportivo que agoniza, en este caso encarnado por Villar y Luis Aragonés. Cada uno, por supuesto, en su ámbito de responsabilidad. E CUMBRE MUTILADA L A cumbre hispano- francesa que ayer se celebró en Gerona estuvo marcada por la ausencia insólita de los ministros de Interior de ambos Gobiernos. Este hecho resulta especialmente preocupante dado que dos de los asuntos principales que están presentes en la agenda bilateral de París y Madrid son la colaboración en la lucha contra ETA y las profundas discrepancias en torno a la política migratoria del Gobierno español. En definitiva, problemas de seguridad y orden público que difícilmente iban a recibir un impulso si estaba descartada de antemano la participación de los ministros competentes. Por tanto, esta cumbre se ha enmarcado en la diplomacia errática que caracteriza al Gobierno español, insuperable en su capacidad para malgastar las relaciones exteriores en meras puestas en escena sin contenidos políticos concretos. Sin duda, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero tiene mucho de qué hablar con Francia en materia antiterrorista y migratoria. Tanto o más que de las comunicaciones transfronterizas, las infraestructuras comunes, el proyecto europeo o la política de defensa. Pero, teniendo en cuenta que la colaboración política con Francia se ha desarrollado principalmente en la lucha contra ETA, la ausencia de Sarkozy y Pérez Rubalcaba condenaba la cumbre a unos resultados de trámite. No cabe olvidar que en año y medio, la banda terrorista se ha reabastecido en suelo francés de armas, explosivos (más de 5.000 kilos) matrículas (30.000 más dos troqueladoras) coches y documentos de identidad. Es decir, que mantiene su actividad terrorista de abastecimiento pese a que los robos se han producido en tiempo de diálogo con el PSE y los intermediarios del Gobierno, e incluso después del alto el fuego permanente con la sustracción de cuatrocientas armas cortas. La autoría de este acto criminal no está oficialmente confirmada, pero ni ETA lo ha desmentido, ni los datos conocidos (modo de operar, coches empleados, uso de grilletes robados por etarras) permiten pensar en otra opción. Desde el punto de vista francés, la cumbre ha servido para que el Gobierno galo reitere, como no podía ser de otra forma, su apoyo al Ejecutivo español en el proceso de diálogo con ETA. También apoyaba, y de forma ejemplar, la política antiterrorista del Gobierno de Aznar. Pero el mensaje principal de las autoridades francesas sigue siendo su radical negativa a implicarse en las consecuencias de la negociación política con ETA. Este es, como insisten Chirac y Villepin, un asunto interno español y esto quiere decir que ni la territorialidad ni la impunidad que reclaman los etarras afectan en lo más mínimo al Gobierno y a la Justicia franceses. Esta cumbre a medias no se corresponde con el interés del Gobierno en buscar apoyos explícitos y eficaces a su proceso de negociación con ETA, pero sí con las incertidumbres que se han volcado sobre la viabilidad del diálogo con los terroristas y el empeño de estos en involucrar al Estado galo en sus demandas sobre presos y los tres territorios vasco- franceses. El Gobierno está dando muchos pasos muy equivocados, pero el más grave de todos es mantener la ficción de que el proceso de diálogo con ETA sigue siendo viable. Es lógico que París se distancie, aunque mantenga una lógica y protocolaria colaboración con el Gobierno español. Los síntomas de deterioro de este proyecto del PSOE y de Rodríguez Zapatero son cada día más evidentes y deberían obligar a uno y otro a una rectificación inmediata, coherente con la certeza de que ETA ni se disuelve ni depone las armas, tal y como exigía la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005, y a la que se acogió el presidente del Gobierno, en junio pasado, para iniciar el diálogo con los terroristas. HAMBURGUESAS, SALUD Y MERCADO L Ministerio de Sanidad lanza su artillería contra la multinacional Burger King al denunciar ante la opinión pública que la hamburguesa XXL contiene un significativo aporte de las grasas más tóxicas y peligrosas para la salud El origen del desencuentro se sitúa en la negativa de la empresa a retirar la campaña publicitaria que incita a comerse una hamburguesa gigante, un mensaje que- -según la Agencia de Seguridad Alimentaria- -fomenta la obesidad, uno de los mayores retos para la salud pública en los países desarrollados. Los datos que presenta el departamento dirigido por Elena Salgado hacen referencia al excesivo aporte cálórico, al elevado porcentaje de grasas saturadas e incluso a la presencia (en cantidad pequeña, pero significativa) de las peligrosas grasas hidrogenadas. A su vez, la cadena de comida rápida insiste en que su carne es cien por cien de vacuno y que sus hamburguesas contienen también verduras y hortalizas. Hay que dar por supuesto que nada tiene que ver en este asunto el tópico de las hamburguesas americanas como símbolo de la globalización. No es la primera vez que el Ministerio pretende corregir hábitos de consumo que considera peligrosos, además de gravosos para las arcas del Estado, pero el elogiable propósito de velar por la salud de los ciudadanos no parece obedecer en todas las ocasiones a criterios objetivos y predeterminados, sino que muestra cierto aire de ocurrencia coyuntural. Ayer fue el tabaco, ahora es el producto estrella de una empresa global y mañana ya se verá. También podría aplicarse el mismo argumento E al consumo de alcohol o al botellón de los fines de semana y, sin embargo, se aplazan una y otra vez las eventuales medidas al respecto. Las querencias intervencionistas del Gobierno reflejan el punto de vista de quienes confían más en la acción benéfica del poder que en la libertad de los individuos. Las adminsitraciones públicas deberían desarrollar campaña educativas y promocionales para informar a los consumidores sobre el tipo de productos más adecuados. En concreto, la escuela es el lugar apropiado para que los más jóvenes aprendan a distinguir y a orientar sus preferencias. Pero no se puede imponer por decreto la obligación de consumir productos saludables ni es acertado interferir en el libre mercado mediante un anuncio público que causará, muy probablemente, una fuerte caída en la demanda. Aunque resulte paradójico, las grandes beneficiadas van a ser las empresas de la competencia, dando lugar a una injerencia ministerial contraria al principio de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado que proclama la Constitución. Si un producto no cumple los requisitos sanitarios fijados por la ley, tiene que prohibirse de inmediato su distribución al público y, en su caso, sancionar a los responsables. Si los cumple, el Ministerio no debe hacer recomendaciones sobre una marca específica. Es razonable velar por la salud de todos, pero el intervencionismo oculta siempre una fuerte desconfianza en la libertad de empresas y consumidores.