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88 CULTURAyESPECTÁCULOS Polémica por el Archivo de la Corona de Aragón JUEVES 16 s 11 s 2006 ABC Los archiveros españoles se movilizan en defensa de los archivos públicos Para ellos, polémicas como las del Archivo de Salamanca y el Corona de Aragón no ayudan a mejorar el servicio de los centros a la sociedad JESÚS GARCÍA CALERO MADRID. En medio de la polémica por el Archivo de la Corona de Aragón y las reivindicaciones de parte de sus fondos incluidas en el nuevo Estatuto catalán, los archiveros españoles han decidido movilizarse para pedir rigor y despolitización, necesarias para este debate. Estructurados en asociaciones de ámbito autonómico por regla general, ahora acaban de fundar una asociación de carácter nacional y con ambición de velar por los archivos públicos, por su integridad y buena gestión, al margen de vaivenes políticos. Esta asociación, llamada Archiveros españoles en la función pública (AEFP) ha celebrado una asamblea general y ha redactado un manifiesto que define su ámbito de acción. Uno de los elementos que más ha pesado en los profesionales para esta movilización es la posibilidad de que en el Corona de Aragón se traspase la titularidad de los fondos propios de Cataluña que exige el Estatuto. Lo ocurrido en Salamanca no tranquiliza a los archiveros, precisamente. Para los portavoces de la nueva asociación eso sería como romper la baraja Opinan que hay que trasferir la gestión en todo caso y bajo estrictas condiciones. La política hasta ahora ha sido que los archivos que afectan a más de una comunidad autónoma los gestiona directamente el Ministerio de Cultura y la titularidad es suya, según la Constitución (art. 148 y 149) La política ha sido hasta ahora trasferir la gestión de lo que afectaba a una comunidad exclusivamente continúan. Pero en el Archivo de Indias, por ejemplo, la titularidad la tiene el Estado y la gestión también. Ocurre lo mismo en Simancas. Y en el de la Guerra Civil, hasta ahora, también había ocurrido. En el Corona de Aragón será donde se puede romper la baraja. Es el primer Patronato que asume participación de varias Comunidades Los archiveros de AEFP se preguntan por qué no se hace lo mismo con la Real Chancillería de Valladolid. cuyos fondos afectan del Tajo hacia el norte: Galicia, Asturias, País Vasco y Castilla y León, pero que no tiene patronato con representación paritaria o proporcional de las comunidades afectadas. Además ven una falta de coherencia en el caso de la Real Chancillería de Granada, cuya gestión se trasfirió a la Junta de Andalucía, aunque afecta a Castilla- La Mancha y Extremadura. En definitiva, algunas de estas reflexiones se han puesto por escrito en el Manifiesto de AEFP, que denuncia la falta de voluntad política para regular una correcta gestión y accesibilidad de los archivos públicos a los ciudadanos, siendo fundamentales para la transparencia administrativa de la democracia. Subrayan los miembros de la nueva asociación que además son fuentes de la memoria colectiva, y por ello denuncian las carencias de infraestructuras, dotación y de legislación. Los archivos son mucho más que un lugar de investigación sobre el pasado remoto, abierto sólo a un reducido número de eruditos- -dicen- Entre las denuncias también destacan el proceso de externalización de la custodia de documentos del Estado en empresas privadas y también la falta de regulación de acceso a los archivos de Justicia militar. La retirada del carnet de investigador como medida democratizadora llevada a cabo por el Gobierno el pasado 3 de noviembre es calificada como demagógica por los archiveros: Si de verdad se quiere abrir los archivos para dar un servicio digno a la sociedad democrática, primero debe hacerse que los documentos estén custodiados en condiciones dignas, ordenados según criterios profesionales bajo leyes armonizadas y no el cúmulo desigual de normas autonómicas de la actualidad, una legislación que es dispersa, distinta y confusa, según los lugares desde los que se emite. Hoy en día hay un retroceso de disponibilidad de los documentos a medida que pasan los años. Es urgente ponerse a ello concluyen. Denuncias La carencia de una Ley de Archivos específica en el ámbito estatal, también en algunas Autonomías y las lagunas en el acceso a documentos. La ausencia de infraestructuras y medios humanos precisos. Las situaciones de hecho con las que las Comunidades pueden cambiar las normas alterando los fines para los que los archivos fueron creados. Falta regulación en los archivos militares. No se cumplen los fines sociales del archivo público sin una ampliación de sus servicios. El uso poco riguroso del concepto de memoria histórica ABC. es Sitio web de la asociación: http: www. aefp. org. es La Historia no la escriben los políticos, sino los historiadores denuncia el Manifiesto de los archiveros Las primeras 507 cajas salieron sin luz ni taquígrafos del Archivo salmantino en la madrugada del 19 de enero HERAS Archivo de Salamanca, segunda entrega de dos millones de documentos H. D. VALLADOLID. Dos millones de legajos de particulares, sindicatos, partidos políticos y otras entidades. Ésta parece ser la cantidad que los operarios del Ministerio de Cultura tendrán que sacar pronto del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca rumbo a Cataluña. Formaría parte de la ya anunciada segunda fase de devolución de los papeles de Salamanca que llegaría a llenar hasta 1.600 cajas, superando con creces las 507 cajas que salieron en la madrugada del pasado 19 de enero. El anuncio por parte de los responsables catalanes de Cultura sobre el alcance del segundo contingente de documentos supone un paso más en el contencioso político sobre el Archivo estatal, en el que aún está pendiente de resolver el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de restitución de documentos presentado por el Gobierno regional. Además, la Audiencia Nacional tampoco se ha pronunciado sobre el recurso del Ayuntamiento. La consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, ha denunciado el oscurantismo con el que se está llevando el proceso, vulnerando, de nuevo, la legalidad Clemente recordó que la Consejería envió el pasado mes de marzo una carta a Calvo reclamando información sobre lo que está sucediendo y se ofreció la posibilidad de que expertos castellano y leoneses participaran en el proceso garantizando su imparcialidad. Misi- va que ha tenido la callada por respuesta, por lo que la consejera acusa al Gobierno central de no querer conocer lo que está ocurriendo y de mantener las puertas cerradas a cualquier posibilidad. Están vulnerando completamente todas las normas de colaboración y todos los preceptos de relación entre las administraciones Mientras, el Ministerio no sabe, no contesta porque, según fuentes del departamento que dirige Carmen Calvo, no existe ningún plan a corto plazo para que salgan nuevos papeles Y tampoco, parece ser, tiene constancia de que técnicos de la Generalitat estén trabajando en la identificación de documentos.