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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 15 s 11 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar AFGANISTÁN, DE MAL EN PEOR FGANISTÁN lleva camino de convertirse en un problema gravísimo. En el país se producen cada mes más de seiscientos ataques contra fuerzas extranjeras y tropas gubernamentales y en lo que va de año han muerto en combate cerca de 4.000 personas, lo que da una idea de la intensidad de la actividad insurgente. En este contexto, el ataque de un terrorista suicida contra un convoy de militares españoles no puede considerarse como un hecho aislado o una excepción en una zona pretendidamente tranquila, sino de un síntoma innegable del deterioro de la estabilidad. Tratar de ignorarlo sería un error mayúsculo. Si no se consigue revertir la tendencia, parece inevitable deducir que tarde o temprano nos encontraremos ante un panorama que se parecerá menos a lo que se había planificado y más a lo que hoy está siendo Irak, donde el fracaso de la planificación militar ha llevado al país a las puertas de la guerra civil. Conviene recordar que las tropas españolas en Herat se ocupan de una misión idéntica a la que llevaban a cabo los militares que se retiraron de Diwaniya (Irak) intentan ayudar a reconstruir el país en momentos de turbulencias y, sobre todo, tienen como objetivo prevenir que vuelva a emerger un Estado irregular, que sirva de cobijo a los terroristas, como sucedía en tiempos de los talibanes. Esa labor es fundamental para nuestra seguridad y la de nuestros aliados en la Alianza Atlántica y es nuestra obligación estar allí, por encima de consideraciones políticas de corto alcance. Tal vez el Gobierno pensaba que en Afganistán el grado de responsabilidad que asumía era más llevadero que el de Irak, pero la realidad parece estar llevando las cosas en otra dirección, y no precisamente mejor. Ahora se ve con toda claridad que, por encima de lo que el Gobierno pensaba cuando llegó al poder, está la determinación de las fuerzas oscuras del terror, de los restos de los talibanes diseminados entonces por la intervención militar en Afganistán, empeñados en seguir en guerra contra Occidente. En Afganistán las cosas pueden ir aún mucho peor: los expertos advierten desde hace tiempo de que, si no hay avances concretos en el proceso de reconstrucción y estabilización, puede producirse una nueva revuelta tribal de la mayoría pastún. Es posible que aún haya tiempo de tomar las medidas necesarias para evitarlo, entre otras cosas persuadiendo a las autoridades afganas de la necesidad de acelerar políticas que lleven el progreso a la población y luchando decididamente contra el pernicioso tráfico de drogas. El Gobierno español ha respondido a este ataque a nuestras tropas reiterando que los soldados españoles van a seguir en Afganistán como están. La situación merecería una reflexión de futuro más responsable, pero los soldados deben seguir- -equipados con todos los medios necesarios para su protección- -de manera que los terroristas sepan que la OTAN sigue dispuesta a impedir que logren sus siniestros propósitos. A AGUA, COHERENCIA Y SOLIDARIDAD L OS principios de unidad, autonomía y solidaridad que proclama el artículo 2 de la Constitución no son una mera declaración retórica. Por el contrario, su aplicación en las diversas políticas públicas es garantía de que funcione de una forma razonable nuestro complejo modelo de organización territorial. Los partidos de ámbito nacional cumplen una función decisiva para evitar que las tendencias disgregadoras alteren unas reglas del juego determinadas por la unidad de mercado, la cohesión interterritorial y la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles en cualquier lugar donde residan. La extraña deriva confederal emprendida con el Estatuto catalán y la formación del nuevo tripartito son fiel reflejo de la ruptura material de los principios que sustentan el sistema autonómico. Si el Estado se convierte en residual respecto de las comunidades autónomas, los partidos tendrán la tentación de ajustar su estructura de poder a la nueva situación, de manera que Ferraz y Génova lo van a tener cada vez más difícil ante los llamados barones territoriales. Lo peor de todo es que nadie se atreve a plantear políticas de Estado, que exigen una perspectiva amplia y coherente en los problemas comunes, más allá del oportunismo coyuntural o de pequeños intereses que recuerdan al viejo y desprestigiado caciquismo localista. En este contexto, Mariano Rajoy ha hecho frente a su responsabilidad como líder nacional del PP y en coherencia con sus reproches a la política errática que practica el presidente del Gobierno. Es un acierto la convocatoria de una reunión con los líderes regionales afectados (Francisco Camps, Ramón Luis Valcárcel, Gustavo Alcalde y María Dolores de Cospedal) para evitar una guerra del agua a escala interna con motivo de los trasvases del Tajo y del Ebro. Sería un acierto recuperar el consenso existente en el centro derecha al aprobar el Plan Hidrológico Nacional, alguna de cuyas medidas más importantes fueron paralizadas a toda prisa por el Gobierno socialista. El asunto no es sencillo, ya que para los murcianos es inaceptable la eli- minación del trasvase Tajo- Segura acordada para 2015 por los populares y socialistas de Castilla- La Mancha ante el nuevo Estatuto. En el caso de Aragón, el blindaje estatutario acordado también con la aprobación del PP choca con el criterio de valencianos y murcianos, hasta el punto de que se habla de un eventual voto por territorios y no por grupos políticos en el Congreso de los Diputados. A su vez, en el PSOE, la postura de Rodríguez Ibarra deja en muy mal lugar a sus compañeros andaluces. Lo cierto es que las actitudes particularistas proliferan por todas partes ante la irritación de una opinión pública que se niega a entender el pluralismo autonómico como una simple yuxtaposición de compartimentos estancos que compiten entre sí. Por fortuna, las recientes lluvias han permitido que suba el nivel de agua embalsada en estas últimas semanas, pero no se puede estar siempre mirando al cielo. España tiene un grave problema de agua y hace décadas que debería estar aprobado un plan hidrológico de alcance nacional, capaz de hacer frente a una cuestión que se agrava con el cambio climático y el incremento de las necesidades para nuevos aprovechamientos. Si no hay previsiones razonables, obras de infraestructura suficientes y capacidad de coordinación entre unos y otros, Medio Ambiente seguirá con su política insuficiente aquí y allá. Los políticos regionales deben asumir también su condición de líderes de un partido nacional para explicar a los electores que la solidaridad y la puesta en común de los recursos escasos suponen un éxito para todos. Es muy triste que regiones vecinas y relacionadas desde siempre por todo tipo de lazos sociales y afectivos se conviertan en rivales y competidoras. Si el PP consigue ofrecer una imagen de concordia interna (no sólo en las declaraciones, sino sobre todo en los hechos) habrá ganado una baza importante ante amplios sectores del electorado. Además, las competencias constitucionales del Estado en esta materia no deberían ser vaciadas por una regulación contradictoria por medio de los nuevos estatutos. MÁS CORRUPCIÓN L A Operación Malaya produjo ayer una nueva serie de detenciones que han puesto en prisión a la ex mujer del ex alcalde de Marbella, Mayte Zaldívar, a varios empresarios, a un funcionario judicial y al director de una sucursal bancaria. La investigación judicial de este escándalo de corrupción parece no tener fin y demuestra la gravedad del saqueo y latrocinio en el que se había convertido la política urbanística en el Ayuntamiento marbellí. Las dimensiones del caso son de tal envergadura que resulta inconcebible la pasividad de la Junta de Andalucía ante el ejercicio delictivo que se hacía en Marbella de las competencias en materia de urbanismo. No es posible alegar ignorancia ni falta de competencias porque, cuando reventó el escándalo, la Junta promovió la disolución del consistorio, medida que se tenía que haber tomado mucho antes, cuando una intervención administrativa a tiempo habría evitado buena parte de la rapiña que ahora se investiga. Y no parece que la instrucción judicial haya tocado fondo porque cada impulso investigador enlaza con nuevos delitos y con más presuntos delincuentes, hasta desvelar una red de malhechores que no dejaba resquicio alguno en la vida política ni económica de Marbella. Con una importante excepción: la limpieza del Partido Popular en esta localidad, gracias a la cual ninguno de sus ediles se ha visto implicado en la investigación, ni siquiera por declaraciones de alguno de los detenidos, fácil recurso que se suele utilizar para extender la sospecha en descargo propio. Por ahora han sido arrestadas más de setenta personas en la Operación Malaya Se han incautado bienes por cientos de millones de euros y se han bloqueado centenares de cuentas bancarias. En plena polémica por la corrupción urbanística, las denuncias e investigaciones judiciales están desvelando un problema que ya no es esporádico ni aislado, que sitúa el mercado inmobiliario en estado de sospecha, muy peligroso para su estabilidad, y que aumenta la desconfianza de los ciudadanos en la capacidad del sistema institucional para impedir en su seno la rapiña que ejecutan personajes inefables, quienes, desde una concejalía o una alcaldía, tienen bajo su control y antojo patrimonios públicos de incalculable valor. Los jueces, por desgracia, llegan cuando el mal está hecho, pero la potestad legislativa del Parlamento y la acción política del Gobierno deben servir para atajar una corrupción pública cuyas rutas de abastecimiento están bien definidas y, si es preciso, revolucionar con un golpe de mano el régimen de competencias en el urbanismo. Lo que está claro es que así no se puede seguir.