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4 OPINIÓN MARTES 14 s 11 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y Sergio Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar ACOSO AL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN N JUGANDO A ALIANZAS L llamado Grupo de Alto Nivel (GAN) creado para desarrollar la Alianza de Civilizaciones que propuso José Luis Rodríguez Zapatero a la ONU en septiembre de 2004 entregó ayer sus conclusiones al jefe del Ejecutivo español, al primer ministro turco, Recep T. Erdogan, y al secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan. Al igual que sus planteamientos de partida, las conclusiones del Grupo son un catálogo de lugares comunes sobre la cordialidad entre civilizaciones, sin apenas carga política y sin diagnósticos realistas de las causas de los graves problemas existentes en torno al mundo musulmán: la amenaza del terrorismo integrista y las dificultades, a veces insuperables, para el establecimiento de la democracia en los países musulmanes. Muy al contrario, el documento propone peculiaridades como la autocensura de políticos y medios de comunicación para evitar ofensas a los musulmanes; producciones televisivas mixtas que fomenten la camaradería entre islamistas y occidentales; y, por ejemplo, una política de inmigración coordinada entre países, algo por cierto que contraviene lo hecho por Zapatero en España a espaldas de la UE. El documento presentado ayer es un paradigma de esas iniciativas bienpensantes que siempre cuentan con adhesiones sin contenido, financiación ilimitada y ausencia total de controles de calidad. Es un sarcasmo que Kofi Annan se presente como patrocinador de esta iniciativa vacua de la Alianza de Civilizaciones cuando, en 2001, setenta y cinco países de la ONU aprobaron el proyecto de Programa Mundial para el Diálogo de Civilizaciones En este proyecto de 2001 ya se convinieron acciones tan novedosas y eficaces para la expansión de la democracia y la contención del terrorismo como el fomento del turismo, las competiciones deportivas o el intercambio de representantes de las artes y la cultura- -esto último de gran predicamento en España- Igualmente se apelaba, ya en 2001, a los derechos humanos, el Derecho Internacional o la igualdad entre hombres y mujeres. Mejor habría hecho Annan en velar por el cumpli- E miento de estas recomendaciones. Las conclusiones entregadas a Zapatero y Erdogan no son muy distintas a las de 2001, declarado Año del Diálogo de Civilizaciones La superficialidad es la misma y la literatura empleada, tan banal como la de entonces porque parte de la cómoda premisa de que todo el problema consiste en el mutuo desconocimiento entre Occidente y el mundo musulmán, cuando lo cierto es que la falta de sintonía se produce entre la democracia y el fundamentalismo islamista. Incluso cuando el documento del GAN se adentra en el problema clave de la discriminación de la mujer en el mundo musulmán, uno de sus más destacados integrantes encauza la crítica hacia Occidente, que no puede dar lecciones a nadie porque ha permitido esa discriminación. Si la reflexión de este Grupo le niega a Occidente autoridad moral e histórica en lo que se refiere a la liberación de la mujer y la igualdad, se comprenderá fácilmente la inutilidad de esta iniciativa de aliar civilizaciones con una venda en los ojos. Mientras el GAN propone la democratización del mundo musulmán, Irán sigue con su programa nuclear, la democracia en Irak se enfrenta a un terrorismo masivo y el Líbano sigue en buena parte sometido al control de un grupo terrorista. Además, el alborozo de Zapatero por la recepción de este documento coincide con la enésima negativa de la UE al ingreso de Turquía, motivada por los graves problemas de derechos y libertades civiles que aún presenta el régimen de Ankara. Mal contexto para promover alianzas entre civilizaciones cuando es la propia Bruselas la que constata la incompatibilidad de valores entre el Estado que pudiera liderar el mundo musulmán y la comunidad de democracias europeas. Pero hay que entender a Zapatero, porque no tiene mucho más a qué aferrarse en política exterior. En el ámbito de Iberoamérica, la última cumbre ha sido un fracaso de la diplomacia española. Y en Europa, la caótica política migratoria y el intervencionismo en el mercado eléctrico han enfrentado al Gobierno español con el núcleo de la Unión Europea. En este contexto, sólo hay margen para puestas en escena como la de ayer en Estambul. UN CONSENSO RAZONABLE SOBRE IRAK L presidente norteamericano, George W. Bush, se reunió ayer con un comité bipartidista para estudiar la situación en Irak. Como consecuencia lógica del resultado electoral que la pasada semana dio el control del legislativo al Partido Demócrata, la Casa Blanca ha aceptado revisar las líneas generales de su política en aquel país, cada vez más empantanada en la violencia terrorista. La idea de redefinir la presencia militar de Estados Unidos y Gran Bretaña en Irak parece la posición más adecuada en estos momentos, a la luz de lo que han determinado los electores, que han constatado que la estrategia seguida hasta ahora no ha tenido las consecuencias esperadas. Un proyecto a largo plazo como éste debe, en efecto, ser revisado en sus planteamientos tácticos cuando se constata que no funciona, pero debería mantener firmes sus objetivos estratégicos. Algunos representantes demócratas han sacado a relucir intempestivamente propuestas para fijar una fecha de entre cuatro y seis meses para una retirada ordenada, algo que puede considerarse un error para la estabilidad de los militares destinados allí: hablar de retirada seguramente provocará una mayor intensificación de la actividad terrorista, puesto que en estos momentos esa propuesta será interpretada como una señal de debilidad. E Desde el punto de vista de la política interna norteamericana, los pasos que ha dado la Casa Blanca en busca de un consenso con los demócratas tal vez representen un alivio para los estrategas del presidente, que a partir de ahora pueden compartir con la oposición el peso de la búsqueda de una nueva política, en lugar de seguir resistiendo en solitario el aluvión de críticas. Con una visión aislacionista, Estados Unidos podría incluso acomodarse a las consecuencias de una retirada de Irak. Pero en estos momentos, y ante amenazas tan graves como la carrera de Irán hacia el armamento nuclear o la posibilidad de que la situación que hoy se da en Irak se reproduzca también en Afganistán, no parece recomendable para nadie hacerlo. Si Estados Unidos se fuera de Irak, lo único que cambiaría es que no morirían más soldados norteamericanos allí. Para los iraquíes, sería probablemente la guerra civil abierta hasta que se impusieran los más atroces, es decir, los terroristas. Por el contrario, un acuerdo entre los dos partidos para renovar la fórmula de la colaboración militar con las nuevas autoridades iraquíes parece lo más razonable, aunque implique que Washington tenga que cambiar también en esto y buscar el apoyo de aliados que hasta ahora consideraba como parte del eje del mal O es nuevo que la Generalitat catalana apunte hacia el Archivo de la Corona de Aragón como una de las múltiples piezas que pretende cobrarse, con su característica voracidad nacionalista, una vez aprobado el Estatuto. Fijar la mirada sobre el Archivo es sólo una prueba más para acreditar- -ahora en el ámbito cultural, pero con futuras consecuencias políticas- -que el peso del Estado en Cataluña será prácticamente residual en poco tiempo. De ello presumió Pasqual Maragall el pasado mes de agosto al recordar que, en efecto, las Cortes españolas se han avenido a reconocer el carácter nacional de Cataluña. A nadie ha de sorprender por tanto que Cataluña quiera poner en práctica cuanto antes lo que la soberanía nacional- -y un referéndum posterior, por raquítico que resultase el aval ciudadano- -ya le reconocen en un texto legal como es el Estatuto. Ocurre, sin embargo, que la reedición del tripartito PSC- ERC- ICV ha acelerado los fundados temores de quienes atisban en aspectos determinantes del Estatuto un nuevo intento de desmembramiento de los archivos tal y como hasta ahora se conciben. Así, resulta lógica y justificada la preocupación expresada por otras autonomías concernidas por el hostigamiento del Gobierno catalán- -en este caso Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares- que en defensa de la titularidad del patrimonio documental que les corresponde se ven abocadas a manejarse con al menos tres variables de incierta resolución. La primera es conocer el alcance que tendrá la gestión del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, auspiciado por el Ministerio de Cultura y creado con veinte años de retraso. El decreto de constitución de este organismo condiciona la salida permanente de cualquier fondo del Archivo a la emisión de un informe preceptivo por parte de sus integrantes. Como mínimo, esta previsión resulta inquietante toda vez que se abre una puerta- -es evidente- -a la salida de fondos, tal y como unilateralmente dictamina el Estatuto catalán en una de sus disposiciones adicionales. Además, pese a ser preceptivo, el dictamen del Patronato no tiene visos de que vaya a ser vinculante. Por tardía que haya sido, la creación de este órgano es positiva, pero su fortaleza, influencia y capacidad de decisión se proyectan sobre un extenso horizonte de dudas. La segunda variable se basa en determinar el peso real y el grado de autonomía que tendrá ERC en el nuevo tripartito que José Montilla inaugura tras haberse rebelado contra la autoridad de Zapatero. No en vano, Esquerra gestionará la Consejería de Cultura, y cualquier acometida contra el Archivo provendrá de este departamento. La tercera variable dependerá, finalmente, de la decisión que pueda adoptar en los próximos meses el Tribunal Constitucional, instancia autorizada ahora para revocar- -total o parcialmente- -el Estatuto. Sería políticamente indecente y jurídicamente provocador que la Generalitat moviera pieza sobre el tablero del Archivo antes de cualquier pronunciamiento del TC. Pero el tripartito, ya lo sabe el Gobierno, va por libre.