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4 OPINIÓN LUNES 13 s 11 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y Sergio Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar ÍNDICE MUNDIAL DE LA DESIGUALDAD UNQUE ningún indicador es perfecto, el Índice de Desarrollo Humano publicado por la ONU está considerado por los expertos como un mecanismo fiable para medir el grado de bienestar. La combinación de la esperanza de vida, el nivel educativo y sanitario y los ingresos por habitante ofrecen una medida relativamente precisa de la situación en los 177 países objeto de análisis, entre los más de 190 miembros actuales de Naciones Unidas. Los resultados merecen una seria reflexión. La desigualdad entre países ricos y pobres crece de forma imparable, de manera que África- -la gran perdedora de la globalización- -se descuelga sin remedio. Algunas cifras dejan un regusto amargo para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad: así, los noruegos, situados en primera posición, son cuarenta veces más ricos y viven casi el doble de años que los nigerianos, que ocupan el último lugar. Las 500 personas más ricas del mundo cuentan con más recursos que los 400 millones más pobres. La retórica sobre el desarrollo y las teorías sobre una sociedad más justa contrastan de forma dramática con una realidad inapelable: el África subsahariana se hunde sin remedio, está a punto de morir de sed y es víctima del sida en proporciones asombrosas. Occidente es la civilización que más riqueza ha creado y que mejor ha sabido repartir esa prosperidad, pero conviene ser conscientes de que vivimos sobre un polvorín: la emigración masiva, las epidemias, la desesperación y la guerra se adueñan de una parte del mundo sin que la sociedad opulenta perciba que este proletariado exterior -en términos de un célebre historiador británico- -tiene la llave del futuro de una civilización frágil. España ha mejorado dos posiciones en el nuevo Índice y se sitúa ahora en el puesto décimonoveno, inmediatamente detrás de los países de referencia en la UE. Sube nuestro PIB por habitante, un indicador muy significativo, buena prueba de que la economía española sigue una línea de crecimiento sostenido. La esperanza de vida es alta, como lo es también el nivel de nuestro sistema sanitario, aunque el desempleo y el sida son factores negativos que no se deben ignorar. Más allá de los términos cuantitativos, la calidad de la vida es muy alta en un país que ejerce un fuerte atractivo para los ciudadanos de otras naciones desarrolladas. La clase política tiene el deber de crear las condiciones precisas para impulsar esta vitalidad social y económica. Es evidente que las tensiones territoriales o el clima de crispación en la vida pública son factores que perjudican seriamente el desarrollo y que sólo un marco institucional estable permitirá afrontar los retos que plantea el futuro, de cuyo enfoque correcto depende que España continúe escalando posiciones en los índices internacionales que miden el progreso y el bienestar social. Cualquier aventura contraria al sentido común acaba repercutiendo en el nivel de vida de una sociedad. A NO ERRAR EL TIRO EN CIEMPOZUELOS L llamado caso Ciempozuelos en plena fase de instrucción para determinar hasta qué punto pudieron corromperse dos alcaldes del PSOE, ha derivado también en la investigación de la labor de un inspector jefe de la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, integrada en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) Se trata del órgano al que las autoridades de Andorra comunicaron el pasado mayo sus sospechas acerca del origen ilícito de parte del dinero- -en principio equivalente a siete filesas -que querían ingresar en un banco de ese Principado los alcaldes ahora imputados. Al igual que ha ocurrido con los alcaldes socialistas, el Juzgado de Valdemoro (Madrid) ha decidido citar en calidad de imputado a este policía para aclarar varios extremos: el primero, si es cierto que, tras conocer en mayo la alerta proveniente de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Andorra, ocultó durante cinco meses información a sus superiores en el Sepblac con el fin de obstaculizar la llegada del caso Ciempozuelos a la Fiscalía. Y segundo, debe determinarse si este inspector pudo retener datos relevantes durante esos meses con el objetivo de que fueran utilizados políticamente. Una carta anónima recibida en el Sepblac el 20 de septiembre así lo sugiere: en beneficio del PP y en detrimento del PSOE. También se investiga esta carta para tratar de conocer su autoría y grado de credibilidad, toda vez que su firmante anónimo lo hace sobre la rúbrica Fundación Sistema entidad próxima al PSOE, presidida por Alfonso Guerra y que se ha desvinculado por completo de este asunto. Evidentemente, se trata de dos extremos que la Justicia está obligada a dilucidar. Anticipar cualquier punto de vista al respecto sería irresponsable. Sería tanto como prejuzgar la conducta de este policía y, en cierta medida, una contribución a la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. Desde esta perspectiva, incurren en un error de magnitud quienes tratan de desviar la aten- E ción de un caso aparente de corrupción a gran escala para centrarla en la conducta de un funcionario policial. La responsabilidad de los fallos que hayan podido producirse en la detección y persecución de este escándalo corresponde, sin duda, a los titulares de los organismos encargados de la investigación. La comisión del Sepblac está integrada por miembros del Banco de España; de la Agencia Tributaria, dependiente de Hacienda; y del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, dependientes del Ministerio del Interior. También la Fiscalía tiene su parte: recibió el informe del Sepblac el 3 de octubre y no abrió diligencias previas de investigación hasta trece días después. No son justificables, ante un escándalo de estas características, la desorientación y la pasividad en los filtros y controles de tantos y tan prestigiosos órganos de la Administración, precisamente adiestrados para la detección de grandes fraudes y especializados en combatirlos. El correcto funcionamiento de sus mecanismos de vigilancia e inspección ha de estar muy por encima de vicisitudes como las que atañen a la labor, por condenable que pueda resultar, de uno solo de sus funcionarios. Sostener lo contrario equivaldría a elevar a la categoría de acontecimiento lo que en la práctica es anecdótico. Precisamente ahora, el responsable del Sepblac, David Vegara, secretario de Estado de Hacienda y, por tanto, número dos del vicepresidente económico, Pedro Solbes, tendrá una magnífica oportunidad para explicar qué motivó la pasividad de ese Servicio durante cinco meses si el juez decide acceder a la petición del PP, que hoy adelanta ABC, de que declare como testigo en el caso Ciempozuelos Cuando el PSOE estuvo en la oposición hizo bandera, y así consta en su programa electoral, de la lucha contra la delincuencia de cuello blanco que de manera tan agresiva como injusta se afanó por identificar exclusivamente con el PP. Ahora, ya desde el Gobierno, está obligado a velar por el eficiente funcionamiento de Interior, de la Agencia Tributaria, de la Fiscalía... No valen excusas. LAS REFORMAS PATINAN EN TURQUÍA L último informe de la Comisión Europea sobre la evolución de las reformas en Turquía constata que por desgracia este proceso se ha ralentizado en los últimos meses y hace recomendaciones precisas sobre los pasos que el Gobierno de Ankara debe dar para corregir la situación. Entre otras cosas, a Turquía se le pide que elimine el artículo 301 del Código Penal, que se utiliza frecuentemente para limitar la libertad de expresión, y que ratifique el Protocolo de Ankara, que supondría un reconocimiento diplomático, aunque sea indirecto, de la República de Chipre. En caso de que estas recomendaciones no fuesen atendidas, la cumbre de diciembre puede decidir que tal actitud tenga consecuencias en las negociaciones. Tradicionalmente, en situaciones similares, la UE ha hecho siempre lo posible por evitar que se produzca una situación conflictiva, aunque también ha sido frecuente que los países concernidos hayan colaborado dando los pasos apropiados para no llegar a un punto crítico. Eso es lo que se espera de este país en estos momentos. Nadie niega que el futuro de Chipre es un asunto estratégico de primer orden para Turquía, pero también ha de reconocerse que no es aceptable que las autoridades de Ankara se nieguen sistemáticamente a reconocer la existencia de un país miembro del club al que pretenden ingresar; y menos por razones electorales como las que se están utilizando ahora. E Aunque haya sido a través de un proceso en el que no siempre se han tenido en cuenta las sensibilidades de la opinión pública de muchos países, Turquía ha alcanzado la condición de candidato a la adhesión y la UE debe mantener sus compromisos, pero ha de tener la misma firmeza a la hora de exigir que Turquía cumpla los suyos. Turquía es un gran país y es evidente que su futuro y el de la UE están claramente vinculados, aunque sólo fuera por el hecho evidente de la proximidad geográfica. Sin embargo, no sería razonable mezclar el insólito concepto del diálogo de civilizaciones con el camino hacia la UE, como si ahora Europa tuviera que ser más o menos tolerante precisamente porque Turquía pertenece a un entorno religioso y cultural diferente. Igual que se ha hecho con todos los países que se han sumado al proyecto europeo, Turquía también ha de compartir plenamente con los demás miembros los valores democráticos y sociales que consideramos básicos y universales. Los pronunciamientos retóricos sobre su condición de puente entre Oriente y Occidente no son el mejor argumento para convencer a los reticentes porque dan a entender que pretende seguir anclado, aunque sea parcialmente, en una realidad ajena a la europea. Para garantizar que su ingreso en la UE sería bueno para todos, lo que debe hacer Turquía es convertirse decididamente en un país cien por cien europeo.