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24 ESPAÑA La corrupción urbanística DOMINGO 12 s 11 s 2006 ABC El alcalde socialista de Elda pretende recalificar el 10 de su término municipal El senador y ex presidente del PSOE valenciano se presentará a las elecciones municipales imputado por coacciones A. CAPARRÓS D. MARTÍNEZ VALENCIA ALICANTE. La Generalitat Valenciana mantiene bloqueado el expediente por el cual el Ayuntamiento de la localidad alicantina de Elda, gobernado por el PSOE, pretende recalificar 4,65 millones de metros cuadrados de superficie no urbanizable. Según el Gobierno valenciano, el Consistorio, que dirige el senador y ex presidente del PSOE valenciano Juan Pascual Azorín, no ha subsanado las carencias del proyecto que motivaron su paralización, transcurridos 14 meses desde su aprobación en el pleno. El Programa de Actuación Integrada (PAI) denominado El Tite -al que se dio luz verde en septiembre de 2005- -prevé la construcción de 7.500 viviendas, lo que supondrá aumentar un 25 %l a población actual- -55.000 habitantes- tras haber recalificado el equivalente al 10 de la superficie del municipio. El alcalde, que se presentó a las elecciones de 2003 pese a estar imputado por un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos del que posteriormente resultaría absuelto, ha defendido públicamente su proyecto con el argumento de que otras poblaciones cercanas duplicarán el número de habitantes si sus planes urbanísticos salen adelante. Terrenos de Elda donde está prevista la construcción de un campo de golf y viviendas los desmanes urbanísticos y con la dirección federal del PSOE esgrimiendo un código ético, el Ayuntamiento gobernado por Azorín no ha aportado aún la documentación requerida. En cambio, en ese intervalo se han cernido nuevas dudas sobre el proyecto. Así, el pasado mes de julio la Plataforma por un Desarrollo Sostenible denunció por escrito ante el Servicio Territorial irregularidades en la tramitación del PAI En concreto, el Estudio de Impacto Ambiental fue sometido a información pública tras la aprobación provisional del proyecto. Asimismo, esta organización señala que el citado estudio recibió el visto bueno del Consistorio con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) también avisó de que el PAI invade cerca de medio millón de metros cuadrados de suelo de dominio hidráulico, al tiempo que recalifica suelo forestal de alto valor ambiental en la Sierra de Umbría, para edificar viviendas y el citado campo de golf. La Dirección General de Gestión del Medio Natural emitió un informe sobre las alternativas técnicas del PAI presentado, tras considerar inaceptable la documentación, e instaba a tomar medidas para salvaguardar las diversas figuras de protección ambiental de la zona. Hace apenas unas semanas, el Ayuntamiento volvió a la carga y aportó únicamente un ejemplar del proyecto técnico, lo que demuestra que mantiene el interés por llevar adelante su iniciativa. ALEX DOMINGUEZ Documentos fotocopiados Edificó en zona verde El portavoz de la Plataforma por un Desarrollo Sostenible, Rafael Espuig, afirma que el Consistorio premitió construir un geriátrico privado en una parcela marcada como zona verde en el PGOU. Según Espuig, para ello se segregaron 14.000 metros cuadrados de la parcela, indivisible por definición sin reponerlos en otra zona del municipio, como es preceptivo. La Plataforma estudia presentar una queja ante el Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana. El senador socialista, que ya ha sido proclamado candidato a la reelección como munícipe por su partido- -pese a que José Blanco aseguró que sobre los que pesara indicio o sospecha de corrupción urbanística serían apartados del partido- incluyó la construcción de un campo de golf en el PAI bloqueado, pese a que el pasado 23 de marzo el Servicio Territorial de Planificación y Ordenación de Alicante devolvió la documentación aportada, ya que, entre otras cuestiones, el proyecto técnico remitido se basaba en meras fotocopias que dificultan el estudio del mismo En plena controversia por Sin embargo, el 26 de octubre, el Servicio Territorial advirtió que sin otras dos copias del expediente no es posible proceder a su estudio En la información remitida también brillan por su ausencia los estudios de paisaje o sobre las necesidades de Viviendas de Protección Oficial (VPO) requeridos. Asimismo, tampoco se incluye el estudio preceptivo de inundabilidad ni la acreditación de suficiencia de suministro de agua. Contra el código Blanco El senador socialista, que fue uno de los mayores apoyos del actual líder del PSOE regional, Joan Ignasi Pla, para alcanzar el cargo, se presentó a las elecciones de 2003, y volverá a hacerlo en 2007, en contra del código ético prometido por los socialistas. Los promotores asumen el giro verde de la política urbanística valenciana J. R. VALENCIA. Los promotores de la Comunidad Valenciana han aceptado de buen grado las líneas de actuación impuestas en materia de urbanismo por la entrada en vigor del Reglamento de Protección de Paisaje, de aplicación reciente en la región. Pese a admitir que el giro obrado en la Consejería de Territorio y Vivienda por el que se prima una política sostenible y respetuosa con el Medio Ambiente conlleva para el sector el consiguiente coste económico, los promotores y constructores valencianos consideran que el cumplimiento de la ley encierra una obligatoriedad que viene de Europa y todo lo que sea favorecer el territorio valenciano estará bien En este sentido, conciben la nueva normativa como una fórmula idónea para retener al importante número de europeos que eligen la Comunidad Valenciana como lugar para fijar su residencia. Razonan así que, del mismo modo que les damos agua, luz e infraestructuras, también les debemos dar paisaje En cualquier caso, reclaman al Gobierno valenciano la necesidad de que, desde un pla- Esteban González Pons ABC no institucional superior, se remitan instrucciones serias a los ayuntamientos para conjurar todo riesgo de subjetividad a la hora de poner en práctica la nueva normativa. Recientemente, el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, anunció la voluntad de la Generalitat Valenciana de continuar perseverando en su voluntad de uniformizar los criterios de construcción entre los municipios del litoral valenciano, sobre los que existe una suerte de demonización incluso sobre planificaciones que apenas si están aún esbozadas.