Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
10 SÁBADO 11- -11- -2006 ABC ESPAÑA www. abc. es Jueces y fiscales estallan y piden que cese el acoso político a costa del proceso Mientras Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales denuncian la presión, Ibarretxe acusa a los jueces patrióticos de hacer juicios políticos N. C. J. P. MADRID. Jueces para la Democracia y la Unión Progresistas de Fiscales también dicen basta ya y se rebelan contra la estrategia de influir en el Poder Judicial con el objetivo de otorgar un espacio de impunidad a ETA- Batasuna en aras a favorecer el denominado proceso de paz Esta campaña de presión contra los magistrados que dictan resoluciones que obstaculizan la negociación prevista entre el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y la banda terrorista fue iniciada por los partidos nacionalistas del País Vasco, pero en fechas recientes se han sumado ya, claramente, el propio Gobierno y el PSOE. Así las cosas, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales calificaron ayer de inaceptables lo que definen como continuas declaraciones públicas que pretenden presionar tanto a jueces como a fiscales. Un reproche que tiene como destinatarios directos a los partidos nacionalistas del País Vasco. Pero que tampoco debe sonar ajeno al propio presidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha venido cuestionando determinadas actuaciones judiciales. Por ejemplo, cuando manifestó que el preso Ignacio de Juana Chaos, responsable de 25 asesinatos, apoya el proceso de paz Una declaración que ya en su momento fue interpretada como un intento de influir en el tribunal, que todavía no había condenado a 12 años de cárcel por amenazas terroristas al sanguinario pistolero. O, más recientemente, cuando, una vez conocida la sentencia, aseguró que la pena impuesta podía dificultar la negociación con ETA. Descalificaciones al Poder Judicial a las que también se han abonado en las últimas fechas los dirigentes del PSE, con su secretario general, Patxi López, al frente. cia Ibarretxe respondía a una pregunta del portavoz del PP Leopoldo Barreda, quien de, nunció la furibunda reacción del Gobierno vasco, sobre todo tras el procesamiento del lendakari por reunirse con Arnaldo Otegi. Las descalificaciones de Ibarretxe a los jueces constituyen el hasta ahora último episodio de una campaña emprendida por el nacionalismo vasco para presionar al Poder Judicial, y que tuvo un reciente capítulo cuando el presidente del PNV Josu Jon Imaz, acusó a algunos magistrados de alinearse con la extrema derecha Pero en este contexto, ayer se produjo la reacción de los magistrados y fiscales progresistas, que se suman a las denuncias de la Asociación Profesional de la Magistratura. Comunicado conjunto Así las cosas, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, aprovechando una reunión que sus respectivos secretariados mantuvieron ayer en Palma, difundieron un comunicado conjunto, firmado por sus representantes, Jaime Tapia y Eduardo Esteban, respectivamente. En el texto recuerdan que las críticas deben circunscribirse al aspecto jurídico de las resoluciones y las actuaciones de los fiscales En su opinión, es inevitable que las resoluciones judiciales y las actuaciones fiscales provoquen efectos en la vida social y política Sin embargo, el comunicado pone los pun- Jueces patrióticos Coincidiendo con las críticas procedentes del Gobierno y del PSOE, el PNV dio un paso más en sus tradicionales descalificaciones a los jueces. Ayer mismo, el propio lendakari, Juan José Ibarretxe, acusó en el Parlamento vasco a algunos miembros del Poder Judicial de ampararse en una militancia patriótica para realizar juicios políticos Dicho esto, agregó que, con esta actitud, están deslegitimando la propia Justi- tos sobre las íes: Pero a ambos les es exigible que sus actuaciones se guíen por criterios exclusivamente jurídicos. En la realidad de cada día, sin embargo, se ven excepcionales actuacio- El TSJ vasco pide al abogado del Estado que opine sobre la retirada de la vivienda N. C. M. L. G. F MADRID BILBAO. Los jueces del País Vasco quieren que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre la decisión adoptada por el Ejecutivo de Ibarretxe para quitar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad y a otros magistrados la casa oficial de la que los titulares de determinados cargos judiciales vienen haciendo uso desde noviembre de 1988. Es decir, desde hace 18 años como consecuencia, precisamente, de una decisión del Gobierno autonómico. El acuerdo ahora revocado, de 23 de noviembre de 1988, se refiere al uso de viviendas instaladas en edificios judiciales adquiridos por la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud del traspaso de funciones en materia de Administración de Justicia y establecimiento de líneas de crédito, interés subvencionado para la adquisición de vivienda habitual en el País Vasco La Sala de Gobierno del TSJ vasco- -que preside Fernando Ruiz Piñeiro y que está integrada por jueces independientes y miembros de la APM y de JD- -acordó ayer dirigirse a los servicios jurídicos del Estado para que emitan sobre esa decisión- -adoptada por el Consejo de Gobierno el pasado 26 de septiembre- -un informe en el que aclare desde un punto de vista estrictamente jurídico si el Ejecutivo es competente para adoptar esta medida, si existe un procedimiento administrativo reglado para ello y si la decisión en sí se ajusta a la legalidad vigente. Respecto a este último punto, el Tribunal Superior de Justicia vasco pide expresamente un análisis en cuanto a la posible existencia de un vicio de desviación de poder pues duda de que el Ejecutivo autonómico pueda unilateralmente tomar esa decisión. nes, en el ámbito del proceso, que no se entienden si no es desde una adscripción partidista, alejándose de una interpretación razonable del Derecho El portavoz de Jueces para la Democracia, Jaime Tapia, destacó que la crítica a las resoluciones judiciales no justifica exabruptos del lenguaje Dicho esto, se mostró partidario de poner coto a la verdadera relevancia que pueden tener en el proceso de paz esas resoluciones judiciales Hace poco lo decía el Fiscal General de Estado, que los jueces no debemos ser ni favorecedores ni obstáculos, sino quienes aplican la ley con un margen de maniobra teniendo presente la realidad social, pero con límites. No se nos puede poner como responsables o no del éxito del proceso de paz, que tiene que tener otros cauces totalmente diferentes afirmó Tapia. En medio de tanta descalificación, el secretario general