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4 OPINIÓN SÁBADO 11 s 11 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y Sergio Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar SOLUCIONES A LA VIOLENCIA ESCOLAR L UN PROCESO CONTRA EL ESTADO L presidente del Gobierno ha afirmado que no dará pasos en el proceso de paz con ETA mientras la banda no acredite su voluntad inequívoca de dejar las armas. Hace siete meses, esta declaración de Rodríguez Zapatero habría merecido el reconocimiento general, sobre todo porque habría puesto a los terroristas el listón tan alto como merecen. Sin embargo, actualmente es una frase, hueca, que choca con la realidad y demuestra el grado de improvisación que rige la actuación del Ejecutivo. El problema que hoy tiene la sociedad española es, precisamente, que el Gobierno no da paso alguno contra ETA a pesar de que ETA ni se desarma ni se disuelve. Por el contrario, se han dados pasos, y muchos, en sentido opuesto y el reproche que merece el Gobierno es haber tomado decisiones, impulsado iniciativas y lanzado mensajes como si ETA ya hubiera renunciado definitivamente a la violencia. Fue el Gobierno, y sólo él, el que anunció haber verificado que el alto el fuego de ETA era completo y por eso Zapatero acudió el 29 de junio a un salón del Congreso para anunciar el diálogo con los terroristas. Si ahora el presidente del Gobierno dice que no dará pasos en el proceso es porque aquella verificación fue una mera simulación. El diagnóstico del proceso, a día de hoy, refleja los pasos dados por el Ejecutivo. La unidad democrática con el Partido Popular está rota. El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo ha sido cancelado. La Ley de Partidos Políticos está esposada por la pasividad del Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado. Los Parlamentos nacional y vasco son convidados de piedra frente a mesas de partidos y agentes sociales que decidirán por sí mismos el futuro de todos. Los jueces son señalados como obstáculos para la paz. Las instituciones europeas han quedado saturadas a largo plazo por la torpeza del Gobierno. Navarra se inquieta por su régimen foral y, en fin, las víctimas de ETA sienten el peso de la incertidumbre más dramática, la de si su sacrificio será estéril. No es cierto que el Gobierno no ha dado pasos: los ha dado a costa de poner a las instituciones del Estado democrático y de Derecho en la tesitura indigna de aquietarsea la táctica de E su improvisación o cargar con la responsabilidad del fracaso del proceso. Así es como los jueces se enfrentan a un veredicto de culpa preventivo, dictado al unísono por Batasuna, pero también presente en insólitas declaraciones del jefe del Ejecutivo y de dirigentes socialistas vascos, por si la condena a De Juana Chaos o la doctrina Parot impiden al Gobierno dar a los etarras la impunidad que éstos dicen haber pactado con sus intermediarios. Faltaba el Tribunal Constitucional, pero el recurso de amparo- -precipitado y dudosamente admisible- -del lendakari Ibarretxe contra su imputación por reunirse con Batasuna se va a encargar de subsanar esta laguna, poniendo a prueba la disposición del Alto Tribunal a involucrarse, aunque sea tangencialmente, en esta ronda de adhesiones en que se ha convertido el proceso de paz También las bases del Estado democrático están en cuestión. El Partido Popular ya tiene colgado el cartel de culpable si ETArevoca la treguay vuelvea matar. Las víctimas no corren mejor suerte y la opinión pública está condenada a una ignorancia que sólo el rigor de algunas informaciones, como las publicadas por ABC- -ninguna desmentida ni contestada- consigue superar. Este proceso de negociación con ETA se sustenta en la descalificación de las instituciones del Estado democrático y de Derecho. Es un proceso contra el Estado. Su allanamiento es la condición sine qua non sólo para plantear teóricamente la posibilidad de un acuerdo entre ETAy elGobierno. Los compromisos en reuniones clandestinas no tienen límite, pero un Estado sometido a un orden constitucional, a la voluntad de los ciudadanos, al imperio de la ley, a la independencia judicial y a la libertad de información es un Estado que establece sus propios topes. Y a estos topes ha llegado el Gobierno en su negociación con ETA. Por eso se pretende anular al PP se evita a la opinión pública, se eludeelParlamento y seacosaa los jueces. Es decir, todoaquello que un Gobierno no puede someter. Creer que así es posible culminar un proceso de negociación con terroristas sólo es posible en una situación de huida constante de la realidad. No es viableningún proceso denegociación que exija el sacrificio de los fundamentos del Estado. VETOS A MEDIDA EN LA ONU L debate suscitado en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el lamentable ataque contra civiles palestinos en Gaza ilustra el incorrecto funcionamiento de ciertos mecanismos de esta organización internacional, donde se ha asentado la costumbre de que algunos Estados utilicen sus prerrogativas para apadrinar a otros cuando éstos se tienen que someter al escrutinio de la comunidad internacional. De los cinco países que tienen la condición de miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña) se puede decir que todos utilizan discrecionalmente su derecho de veto para salvaguardar intereses que no tienen nada que ver con el origen de ese privilegio. Israel es en este caso el país que se beneficia de la protección de Estados Unidos, que con toda probabilidad volverá a vetar cualquier iniciativa que pudiera censurar el hecho que causó la muerte de al menos dieciocho civiles por el error de una batería de artillería. Nadie puede poner en duda el derecho de Israel a defenderse de los ataques de los que es objeto, y el hecho de que las Naciones Unidas expresasen claramente el desacuerdo de la comunidad internacional con lo sucedido no supondría ningún menoscabo de ese derecho. Sencillamente, sería la expresión de un sentimiento prácticamente universal de rechazo ante la pérdida inútil e injustificada de E vidas humanas. Una decisión así engrandecería a la ONU y, en beneficio de todos, favorecería su papel en otras disputas en las que su credibilidad queda mermada por ese abuso de la parcialidad que realizan los miembros permanentes del Consejo. España ha propuesto, dentro de este debate en la ONU, la convocatoria de otra conferencia internacional de paz para buscar una salida a una situación dramática para todos. Sin embargo, una iniciativa así sería mucho más práctica si, además de los que promueven estas iniciativas, fueran los propios países de la región los que se comprometiesen más decididamente con la paz y diesen pasos en la buena dirección. Siria e Irán, por ejemplo- -protegidos habituales de Rusia en el Consejo de Seguridad, por cierto- -están añadiendo leña al fuego de la guerra sin disimulo, en lugar de afianzar las razones para pedir a Israel que abandone las posiciones de fuerza. En estos momentos parece afianzarse la posibilidad de una coalición de gobierno en los territorios palestinos que ponga fin al bloqueo del que es objeto Hamás- -dictado por la ONU- -por estar en la lista de grupos terroristas. Este sería el mejor ejemplo de la eficacia de las decisiones fundadas y bien respaldadas y la demostración de que el juego limpio en la ONU, donde ha de quedar erradicada esta suerte de legalidad internacional a medida a base de vetos, beneficia a todos. A violencia se ha convertido en un problema estructural de nuestro sistema educativo. No sólo los alumnos más débiles o peor integrados sufren las consecuencias de la ley del más fuerte sino que, ya desde hace años, los profesores son víctimas- -a veces silenciosas- -del comportamiento intolerable de algunos individuos o grupos. Muchos docentes se sienten solos en una lucha desigual: los poderes públicos y las autoridades académicas prefieren mirar hacia otro lado y los padres se ponen casi sin excepción de parte de sus hijos. La presión para ceder ante el ambiente hostil creado en su entorno lleva a algunos profesores a la depresión, la ansiedad eincluso al abandono de su vocación. Ciertas noticias aparecidas recientemente son fiel reflejo de una realidad inaceptable. Así, es gravísima la conducta del alumno que golpeó a un profesor que le exigía que dejara de fumar mientras la compañera del agresor grababa la escena en su móvil. Lo más triste es que estas actitudes suelen resolverse con una expulsión temporal o, como mucho, con un expediente que termina normalmente con una sanción mínima. Por contraste, los docentes se han manifestado en Extremadura como protesta por la sanción a un profesor que se defendía del ataque de un alumno. En León, el pariente de otro estudiante agredió al conserje de un colegio y pretendía golpear a un profesor. A pesar de todo, es frecuente que los afectados prefieran sufrir en silencio una situación humillante por temor a crear conflictos que perjudican su imagen y su carrera. Es imprescindible recuperar el orden en la escuela y exigir a las autoridades académicas que aseguren las condiciones mínimas de convivencia. La propuesta de la Comunidad Valenciana en el sentido de sancionar a los padres que no cumplan sus obligaciones parece estar bien orientada. La familia ya no ejerce su función tradicional en el proceso de socialización, de manera que los alumnos violentos proceden con frecuencia de núcleos familiares mal articulados. No es tolerable que los padres hagan dejación de sus deberes hacia sus hijos y la sociedad y pretendan, en cambio, que los profesores cumplan las funciones que ellos no quieren o no pueden desarrollar. También es importante la posibilidad de utilizar la vía penal para castigar estos comportamientos, lo que conlleva la implicación del Ministerio Fiscal en la búsqueda de soluciones. Los agresores y quienes los protegen deben ser conscientes de que sus actos pueden tener consecuencias graves y no sólo una expulsión temporal del ámbito escolar que les permite a los pocos días un regreso triunfal con una sensación plena deimpunidad. Según explican los expertos reunidos estos días a instancias de la Generalidad valenciana, si los niños no perciben autoridad en casa, tampoco la reconocerán en la escuela. Ya es hora de que la sociedad se tome en serio un problema que amenaza los principios básicos de la convivencia: la escuela debería ser fuente para la transmisión de valores cívicos y morales y a veces sólo enseña las peores facetas de la agresividad antisocial.