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18 ESPAÑA La corrupción urbanística VIERNES 10 s 11 s 2006 ABC Los ex alcaldes tenían un cómplice en la Policía que ocultó datos El banco andorrano alertó hace cinco meses a España del origen ilícito del dinero, pero un agente obvió el aviso M. OLIVER C. HIDALGO MADRID. El Ministerio de Interior y el Banco de España deberían haber tenido conocimiento desde principios del pasado mes de mayo de los detalles de la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio madrileño de Ciempozuelos, y que ha llevado a la cárcel a dos de sus ex alcaldes, los socialistas Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón. La declaración del representante de la entidad Andbanc, en la que los dos encarcelados habían abierto sendas cuentas para ingresar casi un millón de euros provenientes de una comisión y beneficiarse así de las exenciones fiscales andorranas, así lo demuestra. Una declaración que, además, jugó un papel fundamental para que el juez pudiera imputar los delitos de cohecho y blanqueo de capitales a los ex regidores. César Pérez, en su testimonio ante agentes de las Policías española y andorrana, a la que ha tenido acceso ABC, revela que el Andbanc, ante la sospecha de que el dinero de Tejeiro y Torrejón tuviera alguna procedencia ilícita, alertó al servicio policial del Principado. El aviso, según apuntó el representante del banco andorrano, se realizó el 3 de mayo a la Unidad de Prevención del Blanqueo (UPB) del Principado. Dicho organismo, según ha podido saber ABC de fuentes de la operación, se puso inmediatamente en contacto con el Sepblac para alertarle sobre la intención de los dos ex regidores de Ciempozuelos. El Sepblac es un organismo cuya comisión está integrada por el Banco de España, la Agencia Tributaria, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Es por ello que dichas autoridades españolas (incluido el Ministerio de Interior y el de Economía y Hacienda) deberían haber conocido desde hace cinco meses la trama de corrupción urbanística auspiciada por Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón. Un convenio entre los Gobiernos de España y Andorra permite que el dinero ingresado en este Principado tribute el 50 por ciento en nuestro país y la otra mitad en Andorra. Para ello, aseguran, los controles y el tráfico de informaciones entre los dos Gobiernos es constante y fluida. No obstante, parece ser que al menos un policía, supuesto cómplice de los ex alcaldes, retuvo y ocultó esta información sensible, lo que ha impedido, en versión de fuentes gubernamentales, avanzar en la investigación hasta hace pocas semanas. Descubierto el agente, ha sido expedientado por sus superiores y ahora está imputado por el juez que lleva el caso. La Comunidad de Madrid ha instado varias veces al ministro Rubalcaba a que aclarara desde cuándo conoce el asunto y a que diera explicaciones sobre la ausencia de actuaciones ordenadas en este sentido. En vista de estas supuestas irregularidades en la gestión policial del caso, el juez que lo instruye ha decidido llamar a varios policías que forman parte de la investigación. En vista del contenido del documento, con fecha 03- 05- 06, se efectúa declaración de sospecha ante la Unidad de Prevención del Blanqueo, considerando que los dineros aportados por los señores Torrejón y Tejeiro pueden tener un origen ilícito Alerta del banco andorrano El banco andorrano alertó de las intenciones de Tejeiro y Torrejón tras recibir por fax el supuesto contrato firmado entre el primer ex alcalde y la promotora inmobiliaria Esprode. Los dos ex regidores socialistas remitieron el documento al Andbanc desde el domicilio de Pedro Torrejón para intentar justificar que el dinero no procedía de ninguna actividad ilícita (drogas, armas, etc... Los dos ex alcaldes del PSOE decidieron retirar el dinero de las cuentas del Andbanc ante la insistencia del banco por solicitarles más documentación que justificara el origen del dinero. El titular del juzgado de instrucción número 2 de Valdemoro (Madrid) Agustín Carretero, quiere tener la mayor información posible sobre el caso. Por este motivo, hace unos días La comunicación entre el Gobierno español y el andorrano es fluida y constante, según fuentes de la operación formuló una providencia en la que pide al Ministerio Fiscal un informe para que se exprese sobre el requerimiento de inhibición al juzgado número 5 de Andorra. Este último está instruyendo la parte del caso que atañe a un presunto fraude fiscal de los imputados. Esto ocurrió en la misma jornada en la que se presentaron varios recursos, aunque de muy distinta índole, contra algunas de las decisiones tomadas el pasado viernes por Agustín Carretero. Hay que recordar que los imputados se encuentran en prisión desde el viernes por la noche después de que manifestaran que no podían pagar los 900.000 euros que el juez pide a cada uno para eludir la cárcel. Las defensas de los ex alcaldes creen que la instrucción se encuentra en una fase embrionaria por lo que creen excesiva la encarcelación de sus clientes. De distinto modo piensa la acusación particular, representada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, quien, además que la de Tejeiro y Torrejón, han solicitado la encarcelación del presidente de Esprode, la inmobiliaria que aparecía en el contrato. Comisión de 40 millones En ese documento, el socialista se adjudicaba una comisión de 40 millones de euros por lograr la recalificación de unos terrenos en Ciempozuelos. El consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, pidió entonces explicaciones al secretario de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, sobre qué es exactamente lo que sabía el PSOE antes de que ABC destapara el escándalo. Güemes aseguró tener constancia de que el PSOE conocía lo que estaba pasando en Ciempozuelos y sabía que las autoridades andorranas estaban lo investigaban El caso llegó a la Fiscalía trece días antes de abrir diligencias Aunque la Fiscalía General del Estado quiso aclarar en un comunicado que no había existido pasividad en sus actuaciones en relación con las presuntas irregularidades urbanísticas en la localidad de Ciempozuelos, lo cierto es que el organismo abrió diligencias trece días después de recibir la información por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales. La Fiscalía consideró en su momento que carecían del más mínimo rigor las declaraciones políticas de dirigentes del PP de Madrid que apuntaban su falta de interés por investigar el asunto. El ministerio público detalla su actuación en este asunto y, así, recuerda que el pasado 16 de octubre hizo pública la apertura de diligencias para aclarar la posible existencia de blanqueo de capitales por parte del ex alcalde de la localidad. Señala, además, que esas actuaciones tuvieron su origen en un informe del Sepblac, presentado el día 3 en la Fiscalía, es decir, 13 días antes de abrir las diligencias. Subrayaba también en el comunicado que se encuentra personada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valdemoro desde el momento en el que su titular se declaró competente y que el fiscal anticorrupción estuvo presente en las declaraciones fijadas por el juez. ABC. es La pregunta del día: ¿Se puede combatir la corrupción urbanística? Opina en http: www. abc. es