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24 ESPAÑA La corrupción urbanística MIÉRCOLES 8 s 11 s 2006 ABC Detienen al alcalde y a cinco ediles del PP en Telde acusados de cohecho La hija de la principal imputada en el caso Faycán fue apresada por presunto blanqueo de capitales s Se estudia poner una gestora al frente del Ayuntamiento ERENA CALVO LAS PALMAS. Sólo dos concejales se libraron ayer de las detenciones practicadas en el equipo de gobierno del Ayuntamiento grancanario de Telde, después de que, a primera hora, el juez de Primera Instancia e Instrucción n 3 del municipio, Javier García García- Sotoca, ordenase el arresto del alcalde, Francisco Valido, y cinco ediles de la corporación municipal; todos del Partido Popular (PP) La situación en que ha quedado la institución provocó reacciones de todos los partidos políticos, y el Gobierno de Canarias anunció que estudia pedir al Consejo de Ministros que analice la posibilidad de crear una gestora en Telde- -la cuarta ciudad más importante del Archipiélago, gobernada por el PP que pactó con agrupa, ción vecinal Ciuca- como sucedió hace ya cerca de siete meses en Marbella. Las detenciones se enmarcan dentro del denominado caso Faycán que investiga presuntas irregularidades en el cobro de comisiones en obras públicas y suministros. Con las de ayer, ya son 25 los imputados en el caso; y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no descarta más detenciones en el marco de la citada operación. lía de Obras Públicas, Contratación, Vivienda y Solidaridad. Su titular y ex presidenta del PP local, María Antonia Torres, es la principal acusada de la trama. Detenida en la primera fase de la operación, pasó 62 días en la cárcel grancanaria de Salto del Negro acusada de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secreto y maquinación para alterar el precio de las cosas. Su hija, María Eugenia Fernández Torres, también fue detenida ayer acusada por blanqueo de capitales. Además de los nueve concejales imputados- -todos del Partido Popular menos uno de Ciuca- están relacionados con el caso empresarios de las constructoras Mazotti, Dragados y Cobra; el ex asesor de Obras Públicas Francisco Gordillo; empleados municipales y el interventor Enrique Orts, relacionado sentimentalmente con Antonia Torres. Dimisión pendiente La detención de Valido, uno de los hombres de confianza del presidente del PP canario, ha sido la que más ampollas levantó ayer después de que recientemente fuera confirmado como candidato por su partido para las próximas municipales. La expectación ahora se centra en la reacción del alcalde, que hace unos días aseguraba que dimitiría si era detenido. Es más, hace unos meses se lamentó de que los ciudadanos teldenses se manifestasen para mostrar su inquietud ante las detenciones. Estamos dando en el resto de España una imagen equivocada de Telde, como si fuera la otra Marbella Valido fue sustituido ayer por Guillermo Reyes, concejal de Ordenación Territorial y líder de la Asociación Federal de Vecinos (AFV) que se separó de Ciuca a raíz del caso Faycán. La decisión de que Reyes tomase las riendas del Ayuntamiento se produjo después de una reunión con Francisco Santana, responsable de Deportes y único miembro del equipo de gobierno que se ha salvado de las detenciones ordenadas por el magistrado de Telde. Más de dieciséis meses de investigaciones La operación Faycán arrancó en julio de 2005 tras la denuncia de una empresaria de Telde. La denunciante acusó a la Concejalía de Obras Públicas de exigirle el pago de una comisión del 20 por ciento del presupuesto de una obra. María Antonia Torres era en ese momento la responsable de la citada concejalía, y es la principal imputada. Permaneció 62 días retenida en la cárcel grancanaria de Salto del Negro. Guillermo Reyes, concejal de Ordenación Territorial y líder de la AFV, es desde ayer el alcalde en funciones El alcalde de Telde (arriba) y uno de los ediles detenidos ABC CANARIAS 7 Cae la presidenta del PP local Además del alcalde teldense, se detuvo ayer también por cohecho a María del Carmen Castellano, segunda teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Local, a quien el juez le denegó su petición de acogerse al habeas corpus; José Suárez Martel, responsable de Agricultura, Ganadería y Pesca; Domingo Ramírez, titular de Participación Ciudadana; Sonsoles Martín (Educación y Cultura) y Carmelo Julián Oliva, concejal de Hacienda, Personal y Servicios Sociales. Los detenidos, retenidos ayer en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Las Palmas, pasarán a disposición judicial entre hoy y mañana. Las primeras detenciones se practicaron el pasado 1 de marzo después de que se denunciasen presuntas irregularidades en la gestión de la conceja- La desconfianza se apodera de la ciudadanía Mucho silencio, miradas cómplices y empleados municipales que no podían contener las lágrimas; así se vivió la jornada en los pasillos del Ayuntamiento teldense. La ciudad del antiguo Faycanato, uno de los dos reinos aborígenes en los que estaba dividida Gran Canaria, atraviesa una situación de dolor que no ocultan sus ciudadanos, recogía ayer Efe. La presunta trama ha generado la pérdida de confianza de los teldenses en sus cargos públicos. Cansados de la judicialización de la vida política en el municipio, los vecinos formaban corrillos en las calles y coincidían con los empleados municipales en el temor de que esta trama no tenga fin. El PP iniciará un proceso de expulsión y solicitará las actas de concejal C. DE LA HOZ MADRID. Suspensión de militancia, inicio de un expediente de expulsión y solicitud de las actas de concejal. Este es el triple proceso que, según aseguró ayer el secretario general popular, Ángel Acebes, ha iniciado el PP contra sus concejales de Telde. Todos los ciudadanos deben tener la seguridad de que el PP actuará de manera implacable, con mano de hierro ante casos como el del ayuntamiento grancanario, dijo antes de reunirse con el Grupo Popular del Senado. Agregó en este sentido que cualquier corrupción es incompatible con el PP y que promoverán la investigación para que se conozca toda la verdad tanto desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa como penal. Para ello no se va a dilatar ningún proceso indicó Acebes, que admitió que entre los más 26.000 cargos electos que tiene el partido puede haber alguien que cometa alguna irregularidad Explicó que las detenciones nos parecen de una enorme trascendencia lo que obliga a actuar dadas las certidumbres de existencia de un comportamiento ilícito Desde el PP canario prefirieron remitirse a las declaraciones del secretario general popular. José Manuel Soria se limitó a señalar que si el juez confirma los cargos contra los detenidos, les pedirá sus actas para dar paso a los candidatos que le seguían en las listas electorales.