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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 8 s 11 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar RIESGOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO ONTINÚA en Nairobi (Kenia) la cumbre de la ONU sobre el cambio climático, que ha despertado notable interés entre sectores que habitualmente se desentienden de estos asuntos. Sería deseable que la atención al medio ambiente no sea producto de una moda pasajera. Para África, en particular, las perspectivas no pueden ser más alarmantes: se calcula que en 2025 unos 480 millones se personas sufrirán escasez de agua, y que el nivel del mar subirá entre 15 y 95 centímetros a lo largo del siglo actual, lo que afectará gravemente a muchas ciudades costeras. La temperatura media podría aumentar para el año 2100 entre 2 y 6 grados. Como es notorio, España sufre graves problemas de sequía y la falta de una política coherente traerá serias consecuencias a medio plazo, pero esta cuestión no puede enfocarse desde el egoísmo nacional, ya que el equilibrio entre el desarrollo económico- -fuente de bienestar y prosperidad- -y el cuidado de la naturaleza es un planteamiento que impone el sentido común en la sociedad globalizada. No sirve, pues, la demagogia en nombre de un anticapitalismo primario, pero tampoco es aceptable que el legítimo beneficio empresarial se consiga a costa del futuro de muchos millones de personas. Zapatero estuvo muy poco afortunado al comparar las muertes causadas por el cambio climático con las producidas por el terrorismo. Tampoco el triunfalismo de la ministra Narbona acerca del crecimiento de nuestra industria figura entre los comentarios más acertados que se han escuchado estos días. Sin embargo, es positivo que los políticos presten atención a un problema que- -a medio plazo- -puede alterar sustancialmente las condiciones de la vida en el planeta. Hace tiempo que Gorbachov se ha pronunciado públicamente sobre estos asuntos, lo mismo que Al Gore y, entre los que siguen en activo, el propio Tony Blair. Es importante que los partidos que representan a amplios sectores de la opinión pública incluyan en sus programas referencias al cambio climático, la desecación de la tierra y las políticas medioambientales. En efecto, el pensamiento político verde no debe ser patrimonio exclusivo de sectores más o menos marginales que, en ocasiones, dañan con su radicalismo dogmático la propia causa que pretenden defender. El ejemplo de los verdes alemanes y su coalición durante años con el SPD es fiel reflejo de que los postulados ecologistas no están reñidos con el realismo político. De hecho, el Protocolo de Kioto, tantas veces discutido, y otros documentos como los derivados de la famosa Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro forman ya parte integrante de la conciencia política universal. Los estados tienen el deber de no defraudar estas expectativas, porque el medio ambiente no es un simple adorno sin desarrollo sostenible, en serio y para todos, el futuro del planeta corre un grave riesgo y sería una seria irresponsabilidad desconocer sus consecuencias para las generaciones futuras. C EL PROBLEMA CATALÁN DE ZAPATERO L A firma del acuerdo de constitución del nuevo tripartito catalán ha sido muy mal encajada por el Gobierno y el PSOE, lo cual es una paradoja porque el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña es la única opción que permite a José Montilla ser presidente de la Generalitat. Que Rodríguez Zapatero vea con desagrado que su propio candidato vaya a ser investido por el nuevo Parlamento catalán es la prueba de que el PSOE ha saturado su capacidad para aguantar más contradicciones internas y que el actual escenario es el de una grave crisis en el socialismo español. El respeto manifestado por Ferraz a la autonomía de Montilla es pura fachada, después de tres años en los que no se ha movido un papel en el socialismo catalán sin que Zapatero diera su visto bueno. Las cosas han cambiado. Hasta ahora, el PSOE había sabido administrar con habilidad la oposición que se manifestaba en su seno a la deriva nacionalista del PSC, el pacto con los independentistas de Carod y las excentricidades de Rodríguez Zapatero con el modelo de Estado. Las críticas de Bono, Rodríguez Ibarra o Francisco Vázquez han sido políticamente inútiles, pues no han modificado las decisiones que, una tras otra, tomaba Rodríguez Zapatero para afianzar sus alianzas con los nacionalistas, pero servían para alimentar la expectativa de que aún quedaba una izquierda nacional que competía con el PP. Ahora, la reedición del tripartito y la práctica desaparición de esa corriente españolista en el PSOE han puesto fin a este espejismo y Zapatero se enfrenta, en una soledad inédita en esta legislatura, ante el resultado de su exclusiva gestión, el desafío de la fractura interna del socialismo, una crisis de su autoridad política y los riesgos de un tripartito cuyo nacimiento es toda una declaración de independencia del PSC. Lo que resta de legislatura va a ser un trance muy complicado para Rodríguez Zapatero, y precisamente por el frente de la tensión territorial tan recurrente en la críti- ca contra Aznar, a quien el PSOE llegó a calificar de fábrica de hacer nacionalistas Vista la situación actual, el Gobierno socialista puede presumir de haber mejorado la productividad del anterior presidente. El nacionalismo, tanto vasco como catalán, está más radicalizado que nunca y, gracias a la política de pactos del PSOE, con más cuotas de poder en Cataluña y Galicia y con todas las incertidumbres abiertas en el País Vasco. En concreto, el nuevo tripartito se constituye con nuevas condiciones respecto al de 2003, condiciones que rebajan el peso del PSC y aumentan considerablemente el de Esquerra Republicana de Cataluña. Carod- Rovira- -cuyo grupo parlamentario cuestiona las cuentas de la Casa Real en los próximos presupuestos generales del Estado- -se ha tomado como una venganza pausada el tiempo que ha tardado en volver al gobierno de la Generalitat y su auge junto a Montilla (y gracias a él, que lo ha hecho vicepresidente) acredita que los intereses del socialismo catalán no son los mismos que los del socialismo español. Pero el PSOE no tiene especial legitimidad para protestar por este pacto con el ultranacionalismo catalán, porque han sido los socialistas los que dieron a ERC credenciales de interlocutor y porque la situación que propicia este nuevo acuerdo socio- independentista (la desconexión de Cataluña respecto de España) es una criatura política de Rodríguez Zapatero, impulsor decisivo de un Estatuto soberanista y de un modelo confederal que, ahora, poniéndose de manifiesto la ausencia absoluta de sentido de Estado en su concepto de España, se vuelve contra sus intereses, meramente partidistas y de poder. El problema es que este desafuero de Zapatero en Cataluña se cobra sus perjuicios con cargo a la estabilidad constitucional de España, a la solidaridad entre las regiones y a la unidad de la ciudadanía española. Ningún otro gobierno democrático ha causado tanto daño al proyecto nacional de España. EL TRIBUNAL SUPREMO CUMPLE L Tribunal Supremo va a ordenar al Tribunal Superior de Justicia Vasco (TSJPV) que dicte una nueva sentencia en el juicio al ex presidente del Parlamento de esa comunidad Juan María Atutxa (PNV) y a otros dos miembros de la Mesa de la Cámara, Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (IU) absueltos hace un año al entender los magistrados que gozaban de inviolabilidad parlamentaria cuando se resistieron a cumplir aspectos esenciales de la sentencia de la Sala Especial del TS que ilegalizó a Batasuna. En su fallo absolutorio, el TSJPV ni siquiera entró a discutir la cuestión de fondo y crucial de ese proceso- -si Atutxa (ahora retirado de la política) Knörr y Bilbao cometieron un delito de desobediencia- sino que directamente les absolvió escudándose en una extensiva, y discutible, interpretación del principio de inviolabilidad de los diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Extensiva y discutible por cuanto aceptar que un diputado pueda negarse a cumplir una resolución judicial firme, invocando como principal argumento su condición de inviolable, sería tanto como aceptar que, desdeñando la independencia de poderes, el Legislativo impera siempre y en todo caso sobre el Judicial. Y algo más grave: sería tanto como abrir la veda a un cumplimiento caprichoso de las sentencias, supeditado a las veleidades de la política. En definitiva, el TSJPV- -tras recusaciones varias, ruines intentos de desacreditación de magistrados no aquietados por el nacionalismo, indignas presiones del Gobierno E vasco y la ayuda incondicional de la Fiscalía, que al final promovió la absolución de los acusados- -hizo malabares para evitar aclarar si Atutxa desobedeció. El Tribunal decidió que no se daban los presupuestos para evaluar si tal desobediencia se produjo. Sólo cabía la absolución. Sin embargo, ahora el Supremo asesta un duro varapalo al TSJPV y deja en evidencia a la Fiscalía. Aún se desconoce la textualidad de su resolución, pero el hecho de que una Sala tan plural en su composición como la de lo Penal del Supremo imponga por unanimidad a los jueces del País Vasco la repetición del juicio para que, esta vez sí, determinen si se produjo o no un delito, es muy indiciario de que algo se hizo mal. No subyace, por tanto, un sesudo debate técnico- jurídico deficientemente resuelto sobre pretendidas lagunas legales para acotar el alcance de las resoluciones judiciales y de su cumplimiento en favor de una concepción absoluta de la inmunidad parlamentaria. Subyace otro mensaje más simple, pero de calado: las huelgas de hambre de presos etarras, los altibajos del proceso de paz los criterios de oportunidad o las insinuaciones de Zapatero para que la justicia flexibilice sus instrumentos y queden subordinados a una estrategia política de negociación con terroristas pueden germinar en sumisos a dicha doctrina, como el propio fiscal general (por cierto, miembro en excedencia de esa misma sala Penal) Pero en ningún caso condicionan las deliberaciones de órganos que, como ahora el Supremo, cumplen y hacen cumplir la ley.