Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN DOMINGO 5 s 11 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar EL PSOE TROPIEZA EN CIEMPOZUELOS L juez ha determinado el ingreso en prisión de los dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos, a los que imputa cargos de cohecho y blanqueo de dinero en relación con la corrupción urbanística destapada por ABC. La gravedad de dichas imputaciones se refleja en la imposición a cada uno de ellos de una fianza que asciende a 900.000 euros, cuya elevada cuantía viene a suponer- -según sus abogados- -una prisión incondicional de hecho. Después de trece horas de declaraciones y práctica de pruebas, incluidos registros domiciliarios, el juez dictó el auto correspondiente, cuyo eje es la denuncia procedente de Andorra ante el servicio correspondiente del Banco de España. No parece que el Ministerio Público se diera excesiva prisa en intervenir: el día 3 de octubre recibió el informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y no abrió diligencias al respecto hasta el día 16, si bien es cierto- -como aclara el comunicado difundido por la Fiscalía General- -que a partir de ese momento ha estado presente en todas las actuaciones. Queda pendiente, por tanto, esclarecer las razones de esa tardanza, puesto que durante ese tiempo fueron apareciendo datos sustanciales. Aunque los ex alcaldes se excusan en tramas ocultas e intereses que vienen de muy arriba hay hechos que parecen determinantes en su contra. Así, uno de ellos reconoce haber falsificado el ya famoso contrato de los 40 millones, mientras que el otro admite ser titular de un patrimonio inmobiliario que no se corresponde en principio con su actividad profesional. Por desgracia, la gente se pregunta con demasiada frecuencia cómo es posible que algunos políticos se enriquezcan durante su etapa en los ayuntamientos o en otras instituciones, cuando su sueldo oficial no les permite llevar un determinado nivel de vida. Más allá de las garantías procesales de los imputados, el caso Ciempozuelos exige una explicación convincente de los socialistas madrileños. La capacidad del PSOE para tropezar muchas veces en la misma piedra está más que demostrada. En lugar de poner en marcha un ventilador que nunca llega a concretarse en pruebas específicas contra sus adversarios, Simancas y los suyos deberían realizar una limpieza a fondo entre sus candidatos municipales. La sospecha de una posible conexión entre corrupción urbanística y financiación irregular de los partidos debe ser aclarada de manera concluyente, porque está en juego la legitimidad del sistema y la propia confianza de los ciudadanos en los titulares de cargos públicos. La cercanía de los electores a sus representantes de ámbito local conlleva una exigencia de máxima honradez y transparencia en la gestión del dinero de todos. Si existen intereses siniestros, el PSOE debe ser el primero en denunciarlos y cortar el mal desde su raíz. El tiempo apremia. Si esa explicación no se produce, nadie tomará en serio las promesas de José Blanco y de otros dirigentes, de modo que las urnas podrían pasar factura a un partido que no parece dispuesto a aprender de las lecciones del pasado. E EL DIÁLOGO NO SIRVE CON ETA ON la sincronización que les corresponde por ser la misma organización, Batasuna y ETA asestaron el pasado viernes un duro golpe al proceso de diálogo y al Gobierno socialista. Por la mañana, Arnaldo Otegi reiteraba, con mayor contundencia que en ocasiones anteriores, que Batasuna mantuvo contactos con miembros del Partido Socialista de Euskadi cuando existía lucha armada en este país, cuando había muertos en este país Es exactamente la confirmación de la peor noticia que podrían recibir las víctimas, y la sociedad en general, para dejar de confiar en la palabra del presidente del Gobierno y de su partido. Por la noche, el diario Gara publicaba en su edición digital un resumen del boletín zutabe de ETA, del mes de octubre, que ha cumplido las veces de un comunicado específico de la banda terrorista y en el que dirigen al Gobierno la demanda concreta del cumplimiento de los compromisos que adoptó para dejar a un lado la represión y cesar en los ataques ETA, a quien el Gobierno creyó el 22 de marzo, cuando comunicó el alto el fuego permanente dice ahora lo que ningún demócrata habría querido oír nunca: que el PSOE negoció mientras ETA mataba y que el Gobierno ha asumido compromisos con los etarras Por tanto, los etarras certifican en su zutabe la inviabilidad absoluta del proceso de diálogo iniciado por Rodríguez Zapatero. Es cierto que los terroristas anuncian un nuevo esfuerzo para impulsar el proceso, pero, al margen de que los esfuerzos de ETA únicamente consisten en perdonar vidas, esta insolencia de los etarras muestra la degradación de un proceso que nunca debería haber llegado al punto de depender de la generosidad de los terroristas en administrar el cese de su propia violencia. No será porque el Gobierno no estaba advertido de que las treguas son para ETA un recurso más de su lucha armada, pero el empecinamiento en presentarla como una oportunidad para el fin de ETA empieza a pasar factura y a sembrar definitivamente de dudas el crédito del presidente del Gobierno como gestor y responsable político último del diálogo con los terroristas. Nada de esto habrá sorprendido a los lecto- C res de ABC, a quienes este periódico ha dado una información precisa y con rigor sobre el curso del proceso, información que nunca ha sido desmentida ni contradicha, ni podrá serlo, y que se está confirmando puntualmente con el paso del tiempo. El zutabe etarra es un ultimátum, precedido de la revelación definitiva de contactos con el PSOE mientras ETA seguía asesinando y de un rearme masivo de pistolas y revólveres, que se suma a los robos, también en Francia, de toneladas de material explosivo y de miles de documentos originales de identidad, de placas para vehículos y de dos troqueladoras. ¿Por qué? Porque ETA nunca ha planteado esta tregua como un proceso para llegar a la paz, sino para llegar a la autodeterminación del País Vasco, la amnistía de los presos y la anexión de Navarra. Y por esto mismo, ETA pone al Gobierno de Rodríguez Zapatero las condiciones concretas que debe cumplir para que no se rompa el proceso: la impunidad judicial, el derecho a decidir y los acuerdos políticos previos a la mesa de partidos. Si estas exigencias no se cumplen en este otoño, ETA anuncia también que el proceso se romperá Así que es ETA la que pone condiciones, fija los plazos y tipifica las consecuencias. Desde luego, no es este el comunicado que esperaba el Gobierno: ni hace definitivo o irreversible el alto el fuego ni se abandona la violencia, ni se renuncia a objetivos imposibles. Todo lo contrario. ETA se reafirma en la misma doctrina que ha hecho fracasar siempre cualquier diálogo con el Gobierno. Ratifica los objetivos del alto el fuego pero no depone las armas. Anuncia un nuevo esfuerzo para desbloquear el proceso, pero amenaza con volver al terrorismo homicida. Y, para remate, descalifica la declaración que hizo Rodríguez Zapatero el 29 de junio, en un salón del Congreso de los Diputados, advirtiendo al presidente del Gobierno que la división territorial del País Vasco y la Constitución son los nudos que hay que desatar Cada minuto que pasa es un retraso injustificable del Gobierno en retomar la derrota policial de ETA como única forma de poner fin a su terror. UNA CUMBRE CON MÁS PENA QUE GLORIA L AS cumbres iberoamericanas fueron una acertada iniciativa que celebraba de alguna manera el reencuentro entre naciones de ambos lados del Atlántico unidas por una historia común. En aquellos entusiastas comienzos de Guadalajara (México) en 1991 o Madrid al año siguiente, fueron prometedores bocanadas de aire fresco en la vida política de todos los países, en momentos en los que cada cual a su manera emprendía un claro camino hacia la democracia y la integración regional. La única excepción era la dictadura cubana, que acababa de perder el patronazgo soviético y que empezaba el lento declive hacia su final, en el que todavía se encuentra. La reunión celebrada en La Habana en 1999 fue precisamente una de las más emblemáticas, con la entrada en escena de los demócratas que resisten en el interior de la isla de la mano de los principales países participantes. Sin embargo, desde entonces la evolución política del continente ha emprendido un camino que pocos esperaban. El populismo y la demagogia indigenista han entrado con fuerza en el panorama iberoamericano, provocando una fractura de las entidades de integración regional. La alergia histérica al libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea es la nueva bandera que alzan muchos grupos a lo largo del continente americano, y todos los proyec- tos de asociación económica están en estos momentos paralizados o en el alero. Como ya pudo verse esta pasada primavera en la cumbre entre la Unión Europea y América Latina, la división es muy grande y, como era de esperar, así se ha reflejado en la reunión que se ha celebrado este año en Montevideo: asistencias a desgana, discusiones sin verdadera sustancia, aburrimiento ante los mismos discursos de siempre. Ese ha sido el tono de la cumbre, cuya única novedad es que hace el número 16 de las que se han celebrado hasta ahora. España fue junto a México la impulsora de esta idea de reunir cada año a los principales mandatarios de los países que en América y Europa hablan español y portugués, y tiene por ello una gran responsabilidad en su preparación y desarrollo. Sin embargo, últimamente nuestra política exterior asiste impasible a esta descomposición de los equilibrios políticos en Iberoamérica, cuando no aplaude los pasos que se dan en la dirección de los nacionalismos etnicistas y antiliberales. España no puede a estas alturas aspirar a dirigir la política de los países iberoamericanos, pero había jugado hasta ahora un papel orientador que en buena parte se ejercía a través de las cumbres y que lamentablemente este Gobierno ha renunciado a seguir manteniendo.