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ABC JUEVES 2 s 11 s 2006 OPINIÓN 3 LA TERCERA EL CATALANISMO POLÍTICO. NI LIBERTAD NI IGUALDAD, SINO PATRIA El catalanismo, como el resto de nuestros nacionalismos, no se alimenta de una España reaccionaria y centralista que ahogue el derecho a la diferencia, sino del pánico a una sociedad cada vez más abierta y competitiva. No es casualidad que carlismo, anarquismo y nacionalismo, los tres grandes enemigos de la España liberal y democrática, hayan crecido muchas veces en el mismo suelo... A ún hoy, casi un siglo después, seguimos padeciendo las consecuencias de la Gran Guerra. Las padecimos en su momento como parte que éramos, pesara a quien pesara, de la realidad europea occidental. El conflicto provocó cambios de tal magnitud que incluso los no beligerantes acabaron atrapados, directa o indirectamente, en las consecuencias de la paz. A partir de 1919 empezó a modificarse de forma sustancial la naturaleza del Estado. Desde octubre de 1917, como explicara François Furet, había renacido la fe en la revolución y con ella una concepción de la democracia que se decía superadora del constitucionalismo liberal. En realidad, la Gran Guerra fue una victoria para quienes venían denunciando desde tiempo atrás la muerte del liberalismo. Los acuerdos de posguerra promocionados por el presidente norteamericano Wilson dieron carta de naturaleza a algo que los liberales habían rechazado con todas sus fuerzas por considerarlo el germen de la destrucción de la nación de ciudadanos- -y de la pérdida de toda libertad, como había señalado Lord Acton- la idea de que toda comunidad que compartiera rasgos culturales comunes podía apelar a un supuesto derecho natural a constituirse en un Estado independiente. Con la nefasta doctrina wilsoniana y los complementos que le aportaba el leninismo- -en tanto que vinculaba la liberación nacional a la destrucción de las cadenas del capitalismo- mucha gente en Europa abrazó una causa que, como pronto pudo verse en los antiguos territorios de la Monarquía de los Habsburgo, habría de tener consecuencias terribles para la vida de millones de personas. Obviamente, los supuestos de las diferentes versiones de catalanismo y otros nacionalismos antiespañoles, en la medida en que se alimentaron de esas nuevas corrientes de la posguerra wilsoniano- leninista, sumaron a su denuncia de la España de la Restauración la nueva idea de moda en la Europa de entreguerras, la de una sociedad política organizada conforme a patrones corporativos e identitarios, en la que los individuos, subordinados al grupo, formaran parte de una comunidad de destino. Todo eso, adecuadamente combinado con algunos elementos del discurso regeneracionista, formaría un compuesto demoledor para la España constitucional. E E n ese ambiente y sólo con esas referencias presentes, se explica el auge que a partir de 1917 cobró en España un nuevo discurso nacionalista contrario a la llamada España tradicional y oligárquica. A partir de entonces empezaría a gestarse un nuevo nacionalismo catalán que dejaba atrás los presupuestos imperiales de la Lliga, como ha observado Ucelay Da Cal. En ese contexto se inscribe también ese panfleto antiliberal que redactara Blas Infante en 1919 y que hoy sirve de referencia para el nuevo Estatuto de Andalucía. La bestia negra de todos ellos era, como no podía ser de otro modo, no esa España opresora de su imaginación, sino la España constitucional pactada entre 1876 y 1890 por Cánovas y Sagasta y, por tanto, el único régimen liberal y representativo que había funcionado bien desde 1812 en adelante, el mismo sistema político que, con todos sus defectos, había proporcionado la estabilidad y la paz política que el país necesitaba para recortar la distancia que separaba a la economía española de sus homólogas europeas. l catalanismo político adoptaría luego numerosas caras- -siempre hubo una izquierda y una derecha en el catalanismo, como observara Raymond Carr- Una más amable y conservadora, que no era independentista en la medida en que deseaba una reordenación del Estado Español sobre bases catalanistas y jugaba en la política madrileña a desempeñar un papel de fuerza de gobierno- -los mismos que luego, tras la durísima primera mitad del 36 no dudarían en dar su apoyo a los nacionales- Y otra más estridente y progresista, que se identificaba con una Cataluña libre de las cadenas del Estado español opresor y que, como explicara Francesc Maciá a propósito de la insurrección de Prats de Molló, consideraba la violencia como el único medio por el cual España puede entrar en razón, ella que no ha reconocido nunca ningún derecho a ningún pueblo opreso, si éste no le ha exigido por las armas Pero todas ellas compartían un mismo supuesto inicial, presente en Prat de la Riba, que consistía en el desprecio hacia la modernidad liberal y, por tanto, hacia los supuestos sobre los que se asentaba la nación española desde 1812. El odio hacia esa España llegaría a ser visceral en el caso de la izquierda republicana catalana: Nuestro odio contra la vil España- -explicaba Ventura Gassol, consejero de Cultura del gobierno de la Generalidad, en septiembre de 1934- -es gigantesco, loco, grande y sublime; hasta odiamos el nombre, el grito y la memoria, sus tradiciones y su sucia Historia... La cuestión no estriba tanto en la estrategia seguida, sino en el modelo de sociedad y Estado que postulaban. Si lo que preocupaba y animaba al nacionalismo catalán era, como se nos ha dicho tantas veces, la defensa de una España más moderna y plural, no atrasada ni sometida a los condicionamientos de la llamada España oligárquica y tradicional, la pregunta que cabe formularse es por qué una vez desaparecidos esos condicionamientos, primero en 1931 y luego en 1978, el discurso catalanista siguió ali- mentándose de igual victimismo y rechazando cualquier medida que reforzara el papel del Estado constitucional y democrático español como garante de la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional. La respuesta no está en las claves de la propia vida política catalana, sino en lo que pasó y ha pasado en la política española. El catalanismo no fue nunca un proyecto de modernización y democratización para una nueva España, sino una coartada en una competición entre elites por el poder. El victimismo y la excusa de una España atrasada y autoritaria operaron dentro de una estrategia más amplia de demolición de la España liberal construida desde 1812 en adelante, en tanto en cuanto ésta aseguraba, por la vía de un único Estado y una única ley, la igualdad de todos los ciudadanos y la desaparición de viejos privilegios territoriales; esto es, la derrota del Antiguo Régimen. La alternativa era, y sigue siendo, una sociedad cuanto más cerrada y homogénea mejor, un poder político territorial irrestricto que se erige en único e indiscutible representante de la voluntad de la comunidad de que se trate, y en fin, un sistema político que se dice democrático pero en el que no queda ni asomo de los principios del constitucionalismo liberal, o lo que es lo mismo, en el que la lealtad a las reglas del juego implica sumisión a los pretextos culturales que dan sentido al nuevo Estado. No es cuestión de buen gobierno- -había escrito Prat de la Riba- ni de administración; no es cuestión de libertad, ni de igualdad; es cuestión de Patria E n España seguimos padeciendo las consecuencias de la paz de 1919 porque lejos de construir la democracia promocionando la nación en la que se sostiene, mantenemos vivo el mismo error de percepción que alimentó el voluntarismo wilsoniano y hemos renunciado a defender lo que una España liberal y, por tanto, una sociedad abierta, significan en cuanto a defensa de la libertad individual y la igualdad frente a los que postulan la vuelta a la tribu en el marco de una nueva España plural. El remedio empieza por tomar conciencia de que el catalanismo, como el resto de nuestros nacionalismos, no se alimenta de una España reaccionaria y centralista que ahogue el derecho a la diferencia, sino del pánico a una sociedad cada vez más abierta y competitiva. No es casualidad que carlismo, anarquismo y nacionalismo, los tres grandes enemigos de la España liberal y democrática, hayan crecido muchas veces en el mismo suelo. MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO Profesor de Historia Política de la Universidad Rey Juan Carlos