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50 MADRID La polémica urbanística MIÉRCOLES 1 s 11 s 2006 ABC Breves Oficinas El precio del alquiler continúa con su tendencia alcista El mercado inmobiliario de oficinas de Madrid mantiene su recuperación con absorciones notables y rentas de alquiler, en el eje de negocio, superiores a los 34 euros por metro cuadrado y mes, tendencia ascendente que se mantendrá durante 2007 con alquileres superiores a los 37 euros por metro cuadrado y mes. Según se desprende del último informe de la consultora inmobiliaria King Sturge, la previsión de incremento anual de las rentas para los próximos ejercicios es de aproximadamente el 6 por ciento en ubicaciones de primera línea. El informe indica que la absorción bruta alcanzó los 182.000 metros durante el tercer trimestre. Alcobendas El alcalde, el primero en hacer público su patrimonio El alcalde de Alcobendas, José Caballero (PSOE) ha sido el primer regidor de la Comunidad de Madrid en hacer público su patrimonio tras el compromiso presentado por el secretario general del PSM- PSOE, Rafael Simancas. Caballero calificó su iniciativa como un compromiso ético para luchar contra la corrupción urbanística, y explicó que posee una vivienda en el paseo de la Chopera de Alcobendas y parte de una parcela en Oliva (Valencia) ABC Los afortunados de Navalcarnero La Comunidad celebró ayer el duodécimo sorteo de viviendas del Plan Joven, en el que se adjudicaron 163 pisos en Navalcarnero. En el sorteo participaron 708 jóvenes inscritos en la lista única de la Oficina de Vivienda hasta el 31 de agosto y empadronados en el municipio antes del 31 de diciembre de 2000. Los tribunales declaran ilegales doce concursos de pisos del Ivima El Colegio de Arquitectos los recurrió por ser conjuntamente de proyecto y obra s La Comunidad recurrirá la sentencia, por lo que el Colegio pedirá que se ejecute M. DÍAZ MADRID. Un total de 1.046 viviendas correspondientes a doce concursos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) han sido declaradas ilegales por los tribunales tras el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) por convocarse a la vez el concurso de proyecto y de obra de estas viviendas. Esta convocatoria es una práctica bastante común en muchas Administraciones, pero sólo se pueden unir estas adjudicaciones en casos muy concretos explicó el decano del COAM, Ricardo Aroca, que destacó que es la primera vez que se llega a los tribunales por este tipo de actuación, aunque ha habido otras y hemos protestado también Según afirmó, en estos concursos entre constructoras éstas eligen al arquitecto con dos criterios: las buenas relaciones con las Administraciones y, la más frecuente, que sea obediente, lo que hace que estén controladas las obras por quién las paga, no por él Los primeros perjudicados de estas actuaciones son los usuarios, y después la propia arquitectura añadió el vicedecano, Bernardo Ynzenga. El Colegio de Arquitectos, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la mano, propuso ayer al Gobierno regional una solución: que no recurran la decisión judicial ante el Tribunal Supremo (TS) y que se comprometan públicamente la presidenta dijo Aroca) a no volver a convocar un concurso simultáneo de proyecto y de obra tal y como dicen en privado legio sabe que el problema está resuelto La Comunidad cree que el COAM no pedirá la ejecución de la sentencia- ya lo hubiera hecho cuando recurrió -y afirma que el TSJM pone en duda el procedimiento para la construcción de estas promociones, pero en ningún caso la legalidad urbanística Por ello, confían en que no tendrá ninguna consecuencia ni para las viviendas ni para los inquilinos Si recurre la Comunidad y el Supremo nos da la razón, en 5 o 6 años quizá las tengan que demoler advierte el decano de los arquitectos, molesto de que el Gobierno regional opere a favor de saltarse la Ley por la lentitud de la Justicia Torrelodones El PP dice que los ediles siguen sin presentar pruebas El secretario general del PP y consejero de Presidencia de la Comunidad, Francisco Granados, afirmó que los ediles del PP de Torrelodones Jesús María Pacios y Reyes Tintó, expedientados por el partido, siguen sin presentar pruebas de las supuestas irregularidades urbanísticas de las que acusan al alcalde de la localidad, Carlos Galbeño. En cuanto lo hagan- -dijo Granados- -actuaremos con contundencia J. DE DOMINGO Asprima aboga por retirar a los ayuntamientos parte de la gestión sobre el suelo ABC MADRID. El secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) José Manuel Galindo, afirmó ayer que la solución para frenar la corrupción urbanística pasa por reducir la capacidad de los ayuntamientos sobre el suelo sin que ello equivalga a un urbanismo descontrolado. Galindo apostó por la liberalización y agilización de los procesos urbanísticos para generar competencia y no especulación ya que con ello se contribuiría, en su opinión, a dotar de transparencia a las decisiones administrativas Así, destacó que se debería también eliminar la arbitrariedad y la discrecionalidad en las decisiones urbanísticas que toman los poderes públicos, haciéndolas públicas Si son conocidas, es más difícil que se vulneren señaló. Entre las medidas para acabar con la especulación del suelo, hizo hincapié en la necesidad de controlar los convenios urbanísticos que se firman pues, denunció, se han estado utilizando para vulnerar la norma y la legalidad porque muchas veces van más allá de lo que fija la ley. Por otro lado, el secretario general de Asprima achacó la enorme repercusión mediática que están teniendo en las últimas semanas los escándalos urbanísticos, a la utilización política y partidista que se está haciendo de esta cuestión. El Ensanche de Vallecas (Plan Parcial) agrupa seis de los concursos de viviendas del IVIMA que los tribunales han declarado irrregulares. La Dehesa I de Navalcarnero cuenta con otros dos, mientras que el Plan Parcial 5 del PAU Arroyo Culebro (Madrid) el PERI 6.1 R. de Ventilla (Madrid) el UDE Oeste- Norte de Valdemoro y el UR- 3 Matadero (Collado Villalba) suman el resto. Según fuentes regionales, están a punto de concluir las viviendas- -arrancaron en 2004- -y no prevén ningún problema. La Comunidad no pacta De cumplir estas dos condiciones, el Colegio se comprometía a no pedir la ejecución temporal de la sentencia para que así la Comunidad pudiera legalizar estas 1.046 viviendas. La Comunidad contestó con un no rotundo. La sentencia no es firme y será recurrida afirmaron fuentes regionales, remarcando que ese procedimiento de proyecto y obra se utilizó de forma coyuntural, pero el Ivima ya no lo utiliza, por lo que el Co-